Según Ana Laínez, autoridad ancestral de la comunidad local, la empresa “entró sin permiso, sin consulta previa, sin nada y siguen atacando, no queremos eso ni para los Ixiles ni para ningún pueblo de Guatemala” (ver reportaje de Guatevisión el 21 de mayo de 2016). Así mismo dirigentes ancestrales Quiché de Nebaj denuncian públicamente que están siendo amenazados y criminalizados por oponerse a la construcción de estas hidroeléctricas.
Por ello, los dirigentes ancestrales siguieron la vía legal para reclamar que se hiciera una consulta previa de buena fe. Como consecuencia, la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó al Ministerio de Energía y Minas consultar a los pueblos indígenas de Santa María Nebaj, Quiché [2]. Tras esta orden de la CC, según los dirigentes ancestrales, las persecuciones y los hostigamientos aumentaron.
Al mismo tiempo, 6 comunidades ixiles que conforman la finca Río Bañado del municipio de Nebaj, a través de sus organizaciones comunitarias, prohibieron el ingreso de proyectos hidroeléctricos al no haber sido consultados.
En agosto de 2013, comunidades indígenas ixiles, la alcaldía indígena de Nebaj y la alcaldía municipal citaron a la empresa HIDROXIL S.A. a una reunión de acercamiento e información sobre los proyectos. Sin embargo ningún representante de la empresa se presentó a la cita. Los proyectos La Vega I y II son posteriores a otros, como el de Hidro Xacbal o Palo Viejo en la misma región. Según los miembros de las comunidades, las empresas vienen prometiendo desarrollo y electricidad para las comunidades, pero en ningún caso esto se ha cumplido, por el contrario a traído deslizamientos de tierra, daños sociales, ambientales, culturales y espirituales, la criminalización de la lucha social y de líderes comunitarios que defienden sus derechos y territorios [1].
Keywords: consultations, indigenous peoples, criminalization, threats
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