El estado Amazonas, una zona con una rica y frágil diversidad, importantes reservas de recursos estratégicos y hogar de más de 19 pueblos indígenas, está sufriendo en los últimos años un auge de la minería ilegal en varias de las áreas de su jurisdicción. Una de estas es la zona occidental, fronteriza con Colombia, la cual es una zona caliente donde existen minerales de importancia, un intensa dinámica transfronteriza, disputas territoriales e incursiones de grupos armados irregulares , así como economías de contrabando. Pero además es el territorio de los pueblos arawaks del sur, entre los que se cuentan los kurripacos, baniva y puanibe. |
Pueblos indígenas arawaks del sur afectados por minería ilegal en la cuenca del río Atabapo, Venezuela
South Arawaks suffer from illegal mining and mercury pollution in a hot frontier zone disputed by armed groups, miners, smuggling networks and military forces. They are supported by some Amazonian organizations.
Description
Basic Data
| Name | Pueblos indígenas arawaks del sur afectados por minería ilegal en la cuenca del río Atabapo, Venezuela |
| Country | Venezuela |
| Province | Amazonas |
| Site | Cuenca del río Atabapo, municipios Maroa y Atabapo |
| Accuracy of Location | MEDIUM regional level |
Source of Conflict
Project Details and Actors
| Project Details | Son afectados pueblos indígenas arawaks del sur (principalmente kurripaco, baniva y puinabe). A partir de los resultados del censo de población indígena puede estimarse el impacto potencial a unas 10,000 personas. No existe un proyecto formal al presente. Se trata de minería ilegal de tipo aluvial, con empleo de máquinas motobombas y embarcaciones con máquinas chupadoras, que dragan de las aguas de los ríos para la extracción de oro. Los mineros ilegales son en su gran mayoría extranjeros provenientes de Colombia y Brasil (los denominados “garimpeiros”). No fueron halladas estimaciones de la cantidad de mineros en esta zona pero en 2015 se registraban unas 24 balsas. En un informe de la Guardia Nacional Bolivariana de 2015 se señala el conocimiento que tiene el comando de la presencia de columnas guerrilleras entre los sectores de San Fernando de Atabapo y Santa Bárbara del Orinoco, realizando labores de explotación de oro y coltán. El Obispo de Puerto Ayacucho también ha denunciado esto. Se ha señalado la presencia de algunos indígenas en la actividad de la minería ilegal. También se ha indicado que las fuerzas militares en la zona no ejercen el control adecuado lo que genera impunidad para la actividad minera, existiendo complicidad en varios casos. A su vez se ha denunciado la operación de redes delincuenciales que surten de insumo y facilitan las operaciones a la minería. Se han señalado varios puntos sensibles que se encuentran ubicados en la frontera con Colombia como lo son la confluencia del río Atacavi con el pueblo de Cacahual (Colombia), la boca del Caño Caname, caño Ucaquén, Sabanita y Pintado. Respecto al coltán, el Gobierno nacional ha admitido que están extrayéndolo por sacos en varias regiones del sur. |
| Project Area (in hectares) | No estimado |
| Type of Population | Rural |
| Potential Affected Population | 10,000 |
| Start Date | 2013 |
| Relevant government actors | • Gobierno del estado Amazonas. Gobernador Liborio Guarulla • Alcaldía del municipio Maroa. Alcalde Thaimir Briceño • Alcaldía del municipio Atabapo. Alcalde José Camico • Vicepresidente Ejecutivo, Jorge Arreaza • Ministerio de Pueblos Indígenas. Ministra Aloha Nuñez • Ministerio del Ambiente. Ministro Ernesto Paiva • Ministerio de Interior y Justicia • Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en especial la Región de Defensa Integral Guayana (REDI-Guayana) y el ZODI Amazonas. Desde este sector se han impulsado varios planes para la erradicación de la minería ilegal en estos territorios. Destacamos el Plan Yapacana 2004-2005; Plan Estratégico Nacional de Defensa, Desarrollo y Consolidación del Sur; “Misión Piar” (2005) y política de la “Reconversión Minera” (2006); Operación “Oro Azul” en 2010; Plan Caura desde 2010. • Comisión Presidencial para la Protección el Desarrollo y la Promoción Integral de la Actividad Minera Lícita en la Región Guayana |
| Environmental justice organisations and other supporters | • Coordinadora de Organizaciones Indígenas de Amazonas (COIAM) • Organización Kurripaco, Baniba, Warekena y Yeral del Guainía, Río Negro y Atabapo (KUBAWY) • Asociación de Pueblos Indígenas de Venezuela APIVEN • Laboratorio de Paz |
The Conflict and the Mobilization
| Intensity of Conflict (at highest level) | MEDIUM (street protests, visible mobilization) |
| When did the mobilization begin | Mobilization for reparations once impacts have been felt |
| Groups Mobilizing | Indigenous groups or traditional communities Local ejos Neighbours/citizens/communities Ethnically/racially discriminated groups Religious groups |
| Forms of Mobilization | Development of a network/collective action Involvement of national and international NGOs Media based activism/alternative media Official complaint letters and petitions Public campaigns Según la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de Amazonas (COIAM), la propia población de San Fernando de Atabapo ha venido denunciando la minería ilegal en el cauce del río Atabapo y en toda la zona cercana al Parque Nacional Yapacana. El pueblo Baniva a través de la Asociación de Pueblos Indígenas de Venezuela APIVEN ha solicitado la intervención de la Gobernación del estado Amazonas para combatir la presencia de grupos que explotan la minería de coltán en la zona, al tiempo que han elevado petición para implementar la demarcación y titulación de sus tierras ancestrales. Coiam ha realizado varios pronunciamientos sobre el problema de la minería ilegal en esta entidad, haciendo llamados específicos a tomar medidas para enfrentarla en el municipio Atabapo, y denunciando la falta de presencia del Estado y la insuficiencia de políticas para enfrentar el problema. Han sido impulsados pronunciamientos conjuntos de las agrupaciones indígenas de todo el estado Amazonas como Orpia, Conive y Coiam, llevando también denuncias a la Fiscalía General de la República, la Defensoría del Pueblo, Vicepresidencia de la República, Ministerio de Pueblos Indígenas, Ministerio de la Defensa, Alto Mando Militar de la zona y al Tribunal Supremo de Justicia. |
Impacts
| Environmental Impacts | Visible: Biodiversity loss (wildlife, agro-diversity), Food insecurity (crop damage), Deforestation and loss of vegetation cover, Surface water pollution / Decreasing water (physico-chemical, biological) quality, Mine tailing spills Potential: Loss of landscape/aesthetic degradation, Soil contamination |
| Other | Habitantes de San Fernando de Atabapo, así como organizaciones indígenas del Amazonas han denunciado la contaminación de las aguas del río con mercurio y otras sustancias tóxicas, así como la alteración del ecosistema fluvial en general, incluyendo la vida de numerosos peces. También se cuentan entre los impactos ambientales la deforestación, la desviación del curso de las aguas de ríos y caños, procesos de sedimentación y la afectación de numerosos ecosistemas amazónicos. |
| Health Impacts | Visible: Exposure to unknown or uncertain complex risks (radiation, etc…), Violence related health impacts (homicides, rape, etc..) , Infectious diseases, Deaths, Other environmental related diseases |
| Other | Organizaciones de derechos humanos como Laboratorios de Paz han denunciado que en 2015 han muerto al menos cuatro niños indígenas en el municipio Atabapo producto de la contaminación del agua por mercurio, la proliferación de epidemias como malaria y dengue sin que haya intervención oportuna por parte del Ministerio de Salud. Indígenas baniva han denunciado un fenómeno similar respecto a la extracción de coltán. |
| Socio-economic Impacts | Visible: Displacement, Increase in violence and crime, Loss of livelihood, Loss of traditional knowledge/practices/cultures, Militarization and increased police presence, Social problems (alcoholism, prostitution, etc..), Violations of human rights |
| Other | Al contaminarse los peces con mercurio, se ha afectado la fuente de alimento de las comunidades indígenas de las riberas del río, así como de los pobladores de San Fernando de Atabapo. Se ha denunciado que esta situación obliga al desplazamiento de los pueblos originarios, lo cual genera fuertes impactos a sus patrones culturales y sus figuras de organización comunitaria, y estimula su adhesión a las actividades mineras. Los pueblos indígenas arawaks del sur habitan en zonas fronterizas y se ven gravemente afectados por el conflicto armado que vive Colombia y sus vínculos con la actividad minera ilegal, lo cual se ha agravado en los últimos años. Organizaciones indígenas denuncian que líderes del pueblo kurripaco han sido amenazados por llevar adelante denuncias contra esta actividad extractiva. A raíz del Plan Oro Azul impulsado por el Gobierno nacional en 2010 para combatir la actividad minera ilegal, se ha impulsado una militarización de varias de estas zonas fronterizas, lo cual ha tenido consecuencias para los indígenas, en los términos de impedirles el acceso a muchos de sus lugares sagrados, además de agresiones hacia los miembros de la comunidad. Se ha denunciado procesos de sobre explotación del trabajo de los indígenas y el reclutamiento de niños para hacer parte de grupos armados irregulares. Otras actividades ilegales han crecido, tales como el contrabando de productos nacionales, tráfico de combustible, tráfico de sustancias prohibidas, prostitución y trata de mujeres. |
Outcome
| Project Status | In operation |
| Pathways for conflict outcome / response | Corruption Land demarcation Migration/displacement Violent targeting of activists Las numerosas políticas impulsadas por el Gobierno nacional respecto al problema de la minería ilegal en la región han fracasado. Se siguen dilatando sus soluciones, lo que está provocando que siga en aumento la presencia de mineros ilegales y grupos armados que van ocupando progresivamente más territorios. Complejas relaciones de poder y grupos de interés interfieren en la construcción de alternativas a este problema. Persisten los daños ambientales y las agresiones a los pueblos indígenas, quienes además no se sienten protegidos por las fuerzas militares presentes en Amazonas. El Estado venezolano ha desatendido las reivindicaciones constitucionales de los pueblos indígenas y luego de 17 años de promulgarse la Constitución de 1999, aún no se demarcan y asignan la gran mayoría de sus tierras ancestrales, ni tampoco se realizan consultas previas antes de impulsar diversos proyectos de desarrollo. El proyecto del “Arco Minero del Orinoco”, un plan de impulso a la megaminería en una larga franja al norte del estado Bolívar, ha sido presentado al país como un mecanismo para formalizar la actividad minera. Las grandes dimensiones del proyecto tendrá impactos también en el estado Amazonas, por lo que las organizaciones indígenas de la entidad se han pronunciado en contra de dicho proyecto. |
| Development of Alternatives | Organizaciones indígenas del Amazonas han exhortado a las autoridades civiles y militares para que tomen medidas urgentes destinadas a controlar la creciente minería ilegal en el río Atabapo, mediante acciones bilaterales con Colombia, y acciones de vigilancia y control permanente en todo el bajo Ventuari y el Yapacana. También exigen que se debe reanudar el proceso de demarcación de tierras ancestrales para así garantizar sus derechos territoriales. Organizaciones ambientalistas como la Red Ara han presentado una serie de propuestas en lo que respecta a una gestión de salud pública para remediar el problema de la contaminación por mercurio, planteando medidas de vigilancia y control ambiental, educación ambiental, políticas de financiamiento de otras actividades productivas, entre otras. |
| Do you consider this as a success? | No |
| Why? Explain briefly. | Las peticiones y reclamos formulados por los pueblos arawaks del sur, en conjunto con el resto de las organizaciones del estado Amazonas, siguen sin ser atendidas y en cambio el problema de la minería ilegal y sus consecuencias socio-ambientales parecen agravarse. El Estado venezolano no parece dispuesto o en capacidad para reivindicar a estos pueblos indígenas, sea por la insuficiencia de sus medidas, por la falta de voluntad política o por la merma de su control territorial en zonas tan delicadas como la Amazonía. La crisis generalizada en el país obstaculiza soluciones de carácter institucional. La plataforma de organizaciones indígenas del Amazonas apoya e impulsa las luchas localizadas de los pueblos arawaks del sur. Sin embargo, los actores foráneos que ingresan en sus tierras tienen capacidad para ejercer violencia en las disputas por los territorios y recursos. |
Sources and Materials
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| Links |
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| Other Documents |
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Meta Information
| Contributor | Emiliano Teran Mantovani |
| Last update | 06/08/2016 |
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