Urra Dam on the Sinu River, Colombia

The Urru dam turned upside down the Embera Katío communities way of living and threatens the ecological biodiversity of the region.


Description

Los estudios para identificar potencialidad de recursos hidráulicos en la zona iniciaron en 1949. De estos estudios salieron los proyectos Urrá I y II en el Alto Sinú. Varias firmas de consultores y compañías extranjeras participaron en los estudios técnicos, estudios de impacto ambiental y en la gestión del proyecto. Para el manejo del proyecto se conformó en 1992 la Empresa Multipropósito de URRÁ S.A. La construcción del proyecto Urrá I se inició en el año 1993. El proyecto obtuvo licencia ambiental del INDERENA, entidad que en ese momento estaba encargada de las competencias a nivel ambiental en el país. El desarrollo de este proyecto requirió la desviación del Río Sinú a la altura de la angostura de Urrá, lo cual se hizo en el año 1996. En 1997 se solicita ante el Ministerio de Ambiente nuevamente licencia ambiental para el llenado del embalse y la operación de la hidroeléctrica, la cual es concedida en 1999. En el año 2000 inicia operación el embalse y por tanto la comercialización de la energía. A pesar de que los Indígenas Embera Katío protestaron, los medios de comunicación no prestaron suficiente atención y tampoco los grupos civiles, políticos o legales, de modo que hicieron una protesta más fuerte que llamaron: Do-Wabura Dai Bia Ozhirada, en la cual daban gracias al río. En noviembre de 1994, los indígenas construyeron 42 balsas con las que bajaron por el río 660 de ellos, hombres, mujeres, niños de todas las edades (Giraldo L., 2003). En 1995 se realiza una nueva movilización, en este caso, los indígenas marcharón a Bogotá y llegaron a la Embajada de Suecia haciendo una toma pacífica, dos días después se desplazaron al Ministerio de Ambiente para suscribir un nuevo acuerdo con el Ministerio de Ambiente, el de Minas y Energía, y URRA S.A. (Plan Etnodesarrollo). En 1997 la ONIC denuncia el incumplimiento del acuerdo y a partir de allí seguidamente al Ministerio de Ambiente La propiedad de la hidroeléctrica es la Nación a través del Ministerio de Minas y Energía con el 97.32% del capital suscrito y pagado. El restante 2.68% está representado por las Cámaras de Comercio de la Costa Atlántica, por los departamentos de la Costa Atlántica, la Alcaldía de Tierralta e inversionistas privados. El desarrollo de este proyecto significó el destierro de la comunidad Embera Katío de la zona. Además también fueron afectadas las actividades productivas de pesca y la extracción de arena de los pobladores. El lider indígena Kimy Pernía (asesinado por los paramilitares) decía: 'Desde hace cuarenta años los ingenieros pasaban por nuestros tambos, pero nunca escribieron que fuéramos personas con derechos. Sólo servíamos para sus fotos de turistas. Los Embera no aparecemos en los primeros estudios de 1951 ni en todos los que después se hicieron. En 1977 se declaró la zona de utilidad pública, metiendo nuestro territorio en ella y ni siquiera nos preguntaron. En 1982 hicieron el contrato con la empresa rusa y tampoco nos dijeron nada. Y en 1992 el INDERENA le otorgó la primera licencia ambiental a la Empresa Urrá I y en ninguna parte se menciona nuestra existencia. El país sólo supo de nuestro problema con Urrá I hasta cuando nos manifestamos en noviembre de 1994' (Citado en Vélez H., 2007). Aunque se difunde un costo del proyecto cercano a los US $900 millones, el costo que trasladó Urrá a los embera katío del Alto Sinú, fue aun más grande y desproporcionado: las mejores tierras fueron inundadas, el pescado, la principal fuente de proteína de la población se extinguió, la organización fue desmantelada y el liderazgo asesinado. Todos estos factores y las indemnizaciones particulares, como medio de reparación ordenado por sentencia de la Corte Constitucional (T 652 de 1998) no contribuyeron realmente a la reconstrucción social y económica de este pueblo; por el contrario, desarraigaron y desplazaron a muchas familias hacia las ciudades de Tierralta y Montería (Castrillón y otros, 2008). De acuerdo a URRA S.A. E. S. P., las indemnizaciones que ha recibido la comunidad indígena Embera-Katío, y que eran compromiso de la licencia ambiental han sido: 1. Sustituto Beneficios Ley 21 de 1991. Durante el año 2009 giro de $105´618.668 basado en los ajustes de los censos realizados por cada sector de la comunidad y distribuido proporcionalmente en la población para un gran total de $3´424.927.413 desembolsados entre el año 2000 y 2008. 2. Cancelación de mesadas de indemnización. A cada indígena el resguardo y a los niños nacidos a partir del mes de junio de 1999, fecha en la que se iniciaron los pagos: durante el año 2008 se giraron un total de $10.185'442.274, distribuidos así: $3.485'488.020para beneficiar a 2083 indígenas pertenecientes a los sectores de los ríos Esmeralda y Fracciones del Sinú. • $6.699'954.254 que beneficiaron a una población aproximada de 1984 indígenas pertenecientes al sector de Río Verde e Iwagadó. Aquí se incluyen recursos que se les adeudaba a estas comunidades por concepto de sus mesadas de los años anteriores. En total, entre los años 1999 y 2008 se giraron $50.726'224.921 Durante el año 2009 se giraron $2066.625.559 para beneficiar a una población proyectada de 4192 indígenas 3. Proyectos de seguimiento alimentario. Con base en los acuerdos suscritos el 8 de abril del año 2005 en el marco de la asamblea permanente instalada por los cabildos mayores de río Verde y Sinú, se ejecutan proyectos de seguridad alimentaria como: fomento a la producción agrícola, pecuaria y piscícola, apoyados en un componente de adquisición de tierras para el montaje de estas parcelas y un componente administrativo. En total se aprobaron $7000 millones adicionales para ejecutar en el año 2009 y 2010[1]. Con respecto a los municipios, no han apoyado las denuncias de la comunidad indígena Embera-Katío. Los municipios han recibido de Urrá recursos por Ley 99 de 1993, dado que en su jurisdicción se encuentran las cuencas aportartes al embalse. Los recursos que han recibido entre el año 2000 y 2012 han sido: Tierralta ($20496 millones), Valencia ($342 millones), Ituango ($2011 millones).

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Basic Data
NameUrra Dam on the Sinu River, Colombia
CountryColombia
ProvinceCordoba Departamento
SiteTierraAlta Municipality
Accuracy of LocationHIGH local level
Source of Conflict
Type of Conflict (1st level)Water Management
Type of Conflict (2nd level)Dams and water distribution conflicts
Specific CommoditiesWater
Electricity

Land
Project Details and Actors
Project DetailsLa capacidad instalada de la Central Hidroeléctrica URRÁ I es de 340 MW distribuida en cuatro turbinas de 85 MW cada una, con una energía media de 1.421 GWh/año y una energía firme anual de 930 GWh/año. Otros detalles del proyecto: Altura de la presa: 73m Area de inundación a nivel máximo normal: 77.4 km2 Perimetro de embalse: 248 km Profundidad máxima: 67.5 m Nivel máximo normal: 130.5 msnm Nivel mínimo de operación: 107.0 msnm Según Ramirez (2010), en el momento en que Urrá I entró en operación, el país contaba con un 35% de excedente en el sistema de interconexión eléctrica. El proyecto fue financiado en gran medida por la banca internacional. Dentro de estos costos, aún no estaban calculados los provocados por el desplazamiento de la población, la inundación de 7400 hectáreas de selva, y el cambio dramático de las economías locales.
Project Area (in hectares)7780
Level of Investment (in USD)900,000,000
Type of PopulationRural
Start Date1993
Company Names or State EnterprisesURRA S.A. E.S.P. from Colombia
Relevant government actorsThe Constitutional Court, The Ministry of Environment, The Minister of Mines, INDERENA
Environmental justice organisations and other supportersONIC - Colombia, Movimento Mundial por los Bosques Tropicales, Censat Agua Viva - Colombia, Red Latinoamericana de Afectados por represas, Cabildos Mayores del Río Sinú y Río Verde Resguardo Emberá Katío del Alto Sinú (CAMAEMKA), Asociación de Productores para el Desarrollo Comunitario de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú (ASPROCIG)
The Conflict and the Mobilization
Intensity of Conflict (at highest level)HIGH (widespread, mass mobilization, violence, arrests, etc...)
When did the mobilization beginIn REACTION to the implementation (during construction or operation)
Groups MobilizingFarmers
Indigenous groups or traditional communities
International ejos
Local ejos
Social movements
Fisher people
Forms of MobilizationDevelopment of alternative proposals
Involvement of national and international NGOs
Lawsuits, court cases, judicial activism
Media based activism/alternative media
Public campaigns
Referendum other local consultations
Street protest/marches
Occupation of buildings/public spaces
Impacts
Environmental ImpactsVisible: Biodiversity loss (wildlife, agro-diversity), Desertification/Drought, Floods (river, coastal, mudflow), Food insecurity (crop damage), Loss of landscape/aesthetic degradation, Soil erosion, Deforestation and loss of vegetation cover, Reduced ecological / hydrological connectivity
Potential: Surface water pollution / Decreasing water (physico-chemical, biological) quality, Groundwater pollution or depletion
Health ImpactsVisible: Malnutrition, Violence related health impacts (homicides, rape, etc..) , Other environmental related diseases
Potential: Accidents, Mental problems including stress, depression and suicide, Infectious diseases
Socio-economic ImpactsVisible: Increase in Corruption/Co-optation of different actors, Displacement, Increase in violence and crime, Loss of livelihood, Loss of traditional knowledge/practices/cultures, Militarization and increased police presence, Violations of human rights, Land dispossession
Outcome
Project StatusIn operation
Pathways for conflict outcome / responseDeaths
Court decision (victory for environmental justice)
Migration/displacement
Negotiated alternative solution
Repression
Strengthening of participation
Violent targeting of activists
Development of AlternativesLas organizaciones de justicia ambiental exigen: 1. El cumplimiento inmediato de los Acuerdos suscritos con las autoridades del Pueblo Emberá Katío del Alto Sinú, el 19 de abril de 2000 y del 8 de abril de 2005 donde expresamente se declara por los voceros del gobierno colombiano no considerar en los planes de expansión energética la construcción del complejo hidroeléctrico Urrá II. 2. El cumplimiento sin mayores dilaciones de las sentencias de revisión de tutela expedidas por la Corte Constitucional colombiana en 1998 y 1999, que protegen fundamentalmente los derechos al Medio Ambiente y la consulta y participación activa en las decisiones sobre extracción de recursos naturales que afectan a campesinos, pescadores, colonos e indígenas que habitan en las inmediaciones del Río Sinú a lo largo de su curso. 3. El desmantelamiento de la hidroeléctrica Urrá I y la compensación por la afectación de las fuentes de sobrevivencia para el conjunto de la población de campesinos, pescadores, colonos e indígenas que dependían de la utilización de las especies reofilicas y del aprovechamiento de la biodiversidad que en sus condiciones naturales ofrecía el Río Sinú. 4. Las sanciones penales para los autores intelectuales y materiales de las desapariciones, torturas y asesinatos de líderes sociales y comunitarios que fueron víctimas del flagelo paramilitar por su férrea oposición a la extracción de recursos naturales de sus territorios. 5. Al Estado colombiano la adopción en la legislación interna de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, el respeto irrestricto a la ley 21 de 1991 en materia de consulta previa a las autoridades indígenas de los Pueblos Emberá Katío y Zenú. 6. La inmediata desmilitarización del Resguardo Indígena Emberá Katío del Alto Sinú quienes en la dinámica del conflicto armado han visto afectados sus derechos individuales y colectivos como población indígena. 7. La constitución y acompañamiento de una comisión de expertos independientes que realice un estudio sobre los impactos de Urrá I que demuestre de manera clara y objetiva a la opinión público nacional e internacional los perjuicios ocasionados a la población de campesinos, pescadores e indígenas. 8. El diseño de una política pública que sancione penal y disciplinariamente a los funcionarios del Estado que pasen por alto los mecanismos legales sobre consulta previa y que autoricen la explotación de recursos naturales en zona de resguardos indígenas a pesar de la negativa de las autoridades de dichos pueblos. 9. Restitución al dominio público de los ecosistemas de humedales que han sido desecados por latifundistas y terratenientes, lo que agudizado las inundaciones en la cuenca del Río Sinú.
Do you consider this as a success?No
Why? Explain briefly.Los indigenas Embera-Katío protestaron desde el principio por la destrucción que estaba generando este proyecto, principalmente la afectación ambiental y a ellos como pueblo que residía en la zona, pero no fueron escuchados ni tuvieron apoyo de ningún tipo. Después de años de insistir y de la sentencia de la corte se realizan acuerdos con el Estado, si bien ha existido indemnización, muchos de los aspectos acordados no se han cumplido, y tampoco se han resuelto las denuncias por los crimenes cometidos contra líderes de la comunidad Embera-Katío.
Sources and Materials
Legislations

Resolución 136 del Ministerio de Agricultura: demarcó 466.000 hectáreas en la parte sur de la Región del Alto Sinú, declaró la importancia ecológica de la zona pero a su vez permitía una eventual exclusión de la declaratoria: las áreas destinadas a la obra hidráulica, es decir, la represa de URRA.

Resolución 27 de 1989 del Ministerio de Minas: declara de utilidad pública la zona para el Proyecto Hidroeléctrico de Urrá.

Sentencia de la Corte SU-039 de 1997: declaró que había sido violado el derecho a la consulta previa, por lo cual debía aplicarse la licencia después de realizarse un proceso participativo de 30 días hábiles.

Sentencia de la Corte Constitucional (T 632 de 1998): en esta sentencia la Corte Constitucional ordenaba concertación con todas las comunidades afectadas e indemnizar con dinero a cada uno de los indígenas por 20 años por la interrupción de actividades de alimentación y transporte continuo.

Ley 21 de 1991: decreta sobre el Convenio 169 de la OIT, sobre los derechos de los pueblos indígenas en el territorio.

References

La muerte del Rio Sinu
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Castrillón F. y otros (2008). La consulta previa en proyectos desarrollados en territorios indígenas y afrocolombianos. La represa de Urrá y los Embera Katío del Alto Sinú: Una Historia de farsas y crímenes. Revista Semillas No. 36-37.
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Emberas territorio y biodiversidad, Grupo semillas. 2001
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COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS (2008). Urrá II, una amenaza mortal para el pueblo indígena Embera Katio del Alto Sinú. En: Boletín No. 22 Serie sobre los derechos de las víctimas y la aplicación de la Ley 975.
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Negrete V. (2007). ¿Hidroeléctrica de Urrá II? El ejemplo de Urrá I y la situación actual no lo aconsejan. Revista Interacción No. 47. Centro de Estudios Sociales y Políticos- CEDAL. Universidad del Sinú.
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Durango G. (2008). Derechos fundamentales de los pueblos indígenas.El caso del pueblo Embera Katío y la represa de Urrá: un análisis desde la Corte Constitucional Colombiana. Opinión Jurídica Vol. 7. No. 14. Universidad de Medellín.
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Ramirez C. (2010). Hidroeléctrica de Urrá: Historia y conflicto social. Monografía de grado. Universidad de los Andes.

Vélez H. (2007). Inundados por el desarrollo: agua y energía. En: Colombia, un futuro sin agua, in : Colombia: Un futuro sin agua?
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La represa de Urrá y los embera katío del Alto Sinú: Una historia de farsas y crímenes, F., Castrillón Zapata et. al., Revista Semillas, 2008
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Links

La Convenzione ILO 169 su Popoli indigeni e tribali, 1989
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En Córdoba, Colombia las crecientes e inundaciones afectan poblados enteros, 2010
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CNESAT Amigos de la Tierra, Colombia
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Declaración Pública frente al Desarrollo Hidroeléctrico en el Alto Sinú, 02/09/2008
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Colombia: desalojan campesinos para construcción de hidroeléctrica, 25/05/2009
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Urrá II o proyecto río Sinú no es la única solución para controlar inundaciones del río Sinú, 09/06/2008
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[1] Urra S.A. E.S.P official webpage
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Latinoamérica: ”Declaración de Lorica" contra Grandes Represas, El Polvorin, 6/09/2010
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Crucito, Tierralta, Córdoba
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ContributorLucie Greyl & Mario Perez Rincon
Last update04/01/2016
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