Aguas del Silala, esta cuenca hidrográfica de 70 kilómetros cuadrados, tiene su origen en el extremo noroeste del Cantón de Quetena, en la provincia Sur Lípez del Departamento de Potosí. Nace en la alta cordillera de Bolivia, a 4350 metros de altura y a unos 3,5 kilómetros al este del límite entre ambos países. Su caudal se forma de 94 vertientes o manantiales ubicados en territorio boliviano, que forman un curso de agua común, con un caudal aproximado de 230 (lts./seg.), denominado Silala para Bolivia y Siloli para Chile, el que recorre 7,22 km en territorio chileno hasta empalmar con el río Helado, formando el río San Pedro de Inacaliri, un afluente del río Loa (Mesa, 2014). De acuerdo a la cronología en torno al aprovechamiento de estas aguas, en 1908, la empresa hoy denominada Ferrocarril Antofagasta a Bolivia (FCAB), solicita a la Prefectura de Potosí la concesión de las aguas del río Silala, con el propósito de alimentar las calderas de sus máquinas a vapor. Una vez obtenida la concesión la FCAB construye los canales artificiales que desviaron el curso del afluente en su territorio y utilizan sin costo estas aguas. En 1997, Bolivia revoca el contrato, aduciendo la pérdida del motivo por el cual se había otorgado la autorización. En 2009, surge la agenda de los 13 puntos en los que ambos gobiernos, llegaron a un pre-acuerdo respecto del Silala, donde Chile se comprometía a pagar por el uso del 50% de sus aguas; sin embargo, esta iniciativa nunca se concretó. En 2016, Chile ingresó una demanda contra Bolivia ante la Corte Internacional de la Haya, para que la Corte establezca la naturaleza de este recurso hídrico (Bazoberry, 2002). El nudo del conflicto entre Bolivia y Chile tiene que ver con la denominación, naturaleza, curso y uso del Silala. Para Chile, las aguas del Silala constituyen un río internacional, por esto, al ser un río internacional su uso se encuentra regido por el derecho internacional. Entonces, ambas naciones poseen el derecho a un uso equitativo y razonable de las aguas. También, a la vez ambos países poseen la obligación de tomar todas las medidas adecuadas para prevenir y controlar la contaminación y otras formas de daños, resultante de sus actividades en las cercanías del río Silala. Para Bolivia, las aguas del Silala nacen de manantiales y por ello poseen plena soberanía y exclusividad para el uso y explotación de esas aguas. Chile desvió estas aguas, mediante canales artificiales, construidos con piedras y por ello tendría que pagar por el uso de las aguas. A la vez pagar la “deuda histórica”, es decir, un pago retroactivo que demandan las comunidades de departamento de Potosí. Son estas comunidades quienes sufren más la falta de soberanía total sobre las aguas, ya que varias comunidades en Potosí carecen de acceso de agua potable. La preocupación boliviana entorno a las aguas ha aumentado debido a la reducción a la mitad del nivel de las aguas subterráneas entre el 2000 y el 2013. Si las aguas se agotan por completo esto causaría una posible catástrofe en el medio ambiental en la región, debido a que el ecosistema de plantas, animales y otros recursos naturales que llevan 10.000 años en ese lugar corren el riesgo de dejar de existir. Las aguas del Silala por su condición de subterráneas, al no poder renovarse con lluvias corren el riesgo de desaparecer, de persistir este uso arbitrario y abusivo por parte de Chile. Si el depósito de agua del Silala se termina, también se dañará el permafrost, que es una capa de hielo que está bajo de la tierra e impide la salida al exterior de dióxido de carbono que contaminaría el medio ambiente. |