En septiembre de 2003, indígenas mazahuas de Villa de Allende, estado de México, sufrieron inundaciones de 300 hectáreas de cultivo por el desbordamiento del río Malacatepec proveniente de la presa de Villa Victoria, del sistema Cutzamala. Debido a este accidente, las comunidades de Salitre del Cerro, los Berros, El Jacal, y San Isidro quedaron inundadas [3]. Este suceso hizo que los indígenas se organizaran y exigieran a la Comisión Nacional del Agua el pago de sus cultivos. Según investigaciones realizadas por Anahí Copitzy Gómez-Fuentes, los reclamos de los mazahuas pronto se convirtieron en un conflicto, ya que las autoridades federales como estatales no supieron dar respuesta pronta a sus demandas [1]. Según los trabajos de esta investigadora, las primeras respuestas demandas y protestas vinieron desde los afectados por las inundaciones. Éstos se organizaron y enviaron cartas a la Gerencia Regional del agua del Valle (responsable del manejo y operación del sistema Cutzamala) para reclamar compensaciones por los daños. Meses posteriores nueve comunidades de indígenas mazahuas se organizaron a través del Frente para la Defensa de los Derechos Humanos y Recursos Naturales del Pueblo Mazahua (también conocido como Frente Mazahua) [2]. El Frente Mazahua acordó incialmente exigir: el pago de los terrenos inundados, la dotación de agua potable para sus comunidades y la restitución de tierras expropiadas por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Posteriormente la revindicaciones se fueron incrementando y la lucha se centra en demandar un Plan de Desarrollo Sostenible para la región, asociado a la gestión de recursos naturales, pero también al acceso a servicios básicos como, escuelas, centros de salud . Según la investigadora Yudmila Irazú Gómez Reyes, para los mazahuas el agua es considerada sagrada para seguir conservando la vida y la tradición cultural. Asocian el agua a la prosperidad, al bienestar [3]. El primer año de movilizaciones desde el Frente Mazahua, consistieron en acciones colectivas no violentas de importante valor simbólico (marchas con antorchas, amenazas de cortar el suministro de agua para la ciudad de México, así como los constantes plantones en las proximidades de las instalaciones del sistema Cutzamala). Así mismo, llevaron al final del año, las acciones disminuyeron y hubo mesas de negociación entre líderes del Frente Mazahua y representantes de la Gerencia Regional de Aguas del Valle de México y de la CONAGUA. [2]. En septiembre de 2004, el movimiento dio un giro, ya que alrededor de sesenta mujeres se autonombraron comandantas del Ejército Zapatista de Mujeres en Defensa del Agua y tomaron el mando de las acciones.  Construyeron un cuartel a las afueras de la planta potabilizadora de Los Berros del sistema Cutzamala. Armadas simbólicamente con rifles de madera y herramientas de labranza, amenazaron con tomar las armas verdaderas en caso de ser necesario [1,2]. Estas mujeres buscaban mostrar públicamente que no estaban de acuerdo con el proceso de negociación y que ellas tendrían mayor determinación sobre los puntos sobre los que dialogar y negociar (sin desconocer el liderazgo masculino) [2]. Su princiapal lucha se convirtió en lograr el abastecimiento de agua para sus comunidades. Estas mujeres, utilizaron el "maternalismo" como estrategia de lucha. Es decir, han utilizado la imagen de la maternidad y la imagen que implica el bienestar físico social y economico de sus familias.  Declararon ante los medios de comunicación que la lucha era por sus hijos y que por ellos estaban dispuestas a dar la vida. A pesar de que no se conozca mobilizaciones hasta el 2003, el manejo del sistema Cutzamala ha afectado negativamente al medio ambiente y a las comunidades indígenas. Según líderes mazahuas en muchas ocasiones el río Malacatepec ha sido contaminado por los desechos químicos de la planta potabilizadora Los Berros; así mismo los lodos han contaminado el agua potable de manantial. A partir de diciembre de 2004 comenzaron a cumplirse las demandas del movimiento: la CONAGUA realizó el pago compensó económicamente a cinco núcleos ejidales del municipio de Villa de Allend; noviembre y diciembre de 2005, para otorgar acceso a agua a las comunidades indígenas, se introdujeron redes hidráulicas en la mayoria de las comunidade; diferentes instancias del gobierno estatal y federal otorgaran recursos a través de programas gubernamentales (vivero forestal e invernaderos a cargo de mujeres, granjas familiares, letrinas y baños secos, alumbrado público, instalaciones deportivas etc.  Además, según la investigadora Gómez, las mujeres ganaron mucho con esta lucha, al ser reconocidas como líderes dentro del propio movimiento, al abrirse un espacio de participación visible para ellas. Todo ello, además según el testimonio de algunas mujeres, tuve un impacto positivo en sus vidas cotidianas [1,2].

En México, concentra el control de los recursos hídricos para ello desplazó a los gobiernos estatales y ayuntamientos del control de ríos, lagunas, manantiales y acuíferos; así como a los grupos de regantes y las autoridades comunitarias [4].