A mediados del año 2010, surge un nuevo proyecto carretero en los alrededores del Distrito Federal, denominado Arco Sur. Planteada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la iniciativa federal permitiría el acceso entre la zona conurbada del DF, con el Estado de México, Morelos y Puebla. La obra interconectaría las zonas del sureste, sur, oriente y occidente del país a través de los múltiples proyectos carreteros que conforman el anillo exterior de la zona metropolitana y que se construyen pese a la oposición de grupos y personalidades del medio ecologista, como la autopista Siglo XXI, la autopista Lerma-Tres Marías, el Circuito Exterior Mexiquense y el Arco Poniente. La iniciativa consiste en la construcción de cuatro secciones principales (La Venta-Topilejo, Topilejo-Chalco, Atlixco-San Martín Texmelucan, y el libramiento sur de Puebla) con una longitud total de 235 kilómetros y un costo de 25 mil millones de pesos [1]. La vía sería concesionada a la empresa española OHL que tiene ya adquirido 80% de los derechos de vía en el tramo correspondiente al estado de Puebla [2]. En cuanto al Distrito Federal, esta obra pretende construirse sobre tierras comunales y áreas naturales protegidas de tres de sus delegaciones: Xochimilco, Tlalpan y Milpa Alta. Ante tal construcción, la delegación Milpa Alta -productora del 80% del nopal en México- se ha manifestado en contra de la carretera, pues dicen no haber sido consultados sobre un proyecto que conlleva “la descapitalización del campo, la expulsión de la población rural a zonas urbanas y a Estados Unidos y el despojo de las tierras”. La obra de infraestructura traería consigo varias afectaciones, generando un fuerte impacto ambiental y social. Partiría en dos a un pueblo, limitando su paso hacia los bosques y afectando las tradiciones nahuas; afectaría, además, los servicios ambientales que brinda el ecosistema, las grandes zonas de producción agrícola, y la gran biodiversidad de la región, que incluso alberga especies en peligro de extinción [1]. Estos pueblos conforman la parte rural de la Ciudad de México (por contradictorio que eso suene) y comparten el rol de “corredor biológico” de la misma [3]. Es decir, si la gente puede sobrevivir en el casco urbano de la ciudad, es porque esta parte rural opera como reservorio básico de sus bienes naturales, el agua en primer lugar, aportando el 30% de la cantidad consumida en el DF [4]. Sin que las autoridades federales hayan hecho una consulta sobre el proyecto, y habiendo iniciado los trabajos de tala de árboles y técnicos de la carretera, en julio de 2011, los representantes de las comunidades rurales presentaron una queja ante la CNDH contra la SCT, acompañados del presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal [5]. La apertura de brechas en las áreas boscosas protegidas “fomenta el turismo indiscriminado y propicia que se dejen residuos que a la larga provocan incendios”, explican los comuneros, quienes cerraron las brechas con sus propios medios. Los comuneros también colocaron lonas en la autopista y repartieron folletos entre los habitantes de los 12 pueblos de Milpa Alta [6]. En octubre de 2011, en una reunión entre la CNDH y funcionarios públicos de la SCT, se resuelve ya no crear esta autopista debido a que no reúne las condiciones técnicas ni jurídicas para su desarrollo, además de la creciente oposición social al proyecto tanto en el sur del DF como en algunas comunidades del estado de Puebla. Los funcionarios de la SCT afirmaron que no existe ninguna licitación a favor de OHL, como tampoco algún convenio de compromiso para realizar esta obra [7]. Asimismo, suscribieron un acuerdo en el que comprometen y obligan a que de surgir en un futuro el proyecto u algún otro que pretenda realizar esta Secretaría y que afecte los intereses de los agraviados, se llevará a cabo la consulta previa, tal y como lo previene el artículo 6 del "Convenio 169 sobre Pueblos indígenas y Tribales en Países Independientes" de la OIT [8]. Los pueblos tomaron la decisión con cautela, pues existen varios ejemplos en el país de traición a estos anuncios de paralización de obras [9]. El conflicto estuvo presente de nuevo, en el Tribunal Permanente de los Pueblos Capítulo México, Preaudiencia “Carreteras y devastación social y ambiental”, en contra del Estado mexicano y las empresas nacionales y extranjeras involucradas en las distintas luchas. En esa reunión -llevada a cabo en el 2013 en la ciudad de Puebla- se acordó iniciar la construcción de un espacio de lucha contra los proyectos carreteros en México y se exigió la cancelación oficial y definitiva de múltiples proyectos, entre ellos, el Arco Sur [10]. En 2015, los comuneros de Milpa Alta vuelven a establecer un frente de defensa ante el anuncio de la construcción de una Base Naval que ocuparía 10 hectáreas de sus tierras [11]. El proyecto fue anunciado por decreto presidencial el 8 de octubre de 2015 sin aviso previo, pese a que se trata de un pueblo originario de usos y costumbres donde la asamblea comunal es la máxima autoridad y toma las decisiones. En una marcha en contra del cuartel militar, un habitante de la comunidad expresó: “El cuartel es mero pretexto para tener una zona de vigilancia y así controlar a los movimientos sociales de la zona. Las fuerzas armadas van a funcionar presionando en favor de los megaproyectos que ya rondan en la zona para instalarse” [3]. El pueblo señaló que este sería el primer paso para facilitar la imposición de proyectos como el Arco Sur, abriendo las puertas al desarrollo urbano en tierras de conservación natural [12].