El vertido fue de unos 4,5 Hm3 (3,6 de agua y 0,9 de lodos) y se desbordó sobre las riberas de los ríos Agrio y Guadiamar a lo largo de 40 km para los lodos y 10 km más para las aguas, con una anchura media de unos 400 metros. La superficie afectada ha sido de 4.600 hectáreas. Los lodos invadieron la región externa del Parque Nacional de Doñana y desembocaron en el Guadalquivir en el área del Coto de Doñana, y alcanzaron finalmente, ya poco contaminadas, el Oceano Atlántico, en Sanlucar de Barrameda. Las consecuencias fueron 30 toneladas de animales muertos, acuíferos altamente contaminados, récord mundial de concentración de metales pesados en aves acuáticas, etc.

Pasados varios años, sin que se supiera de quién era la responsabilidad y después de haber gastado, varias administraciones públicas, muchos millones de euros se consiguió dejar relativamente limpia la zona contaminada. Sobre la zona dañada y sobre el terreno circundante expropiado se ha creado la figura de protección natural del Corredor Verde para la unión de Sierra Morena y Doñana. La empresa propietaria de la mina, Boliden-Apirsa, fue condenada en el 2004 al pago de unos 45 millones de euros en concepto de indemnización por los daños causados.

Cuando la balsa de residuos de la mina de Aznalcollar se rompió, vertió más de seis millones de toneladas de barro tóxico y aguas ácidas ricas en cinc y arsénico. En dicha mina se producían concentrados de zinc, plata, plomo y cobre extraídos de un criadero pirítico. Además también contenía arsénico, cadmio, talio… Cuando se produjo el desastre, los residuos se vertían a un enorme estanque artificial. Dicho estanque tenia una superficie aproximada de 1,5 km2, el cual contenía unos treinta y un millones de toneladas de fangos. Alrededor de este embalse se había construido un dique de contención que se había ido agrandando progresivamente para aumentar su capacidad.

El día que se produjo el desastre, el dique que contenía los residuos sufrió una rotura de unos 50 metros de longitud y los residuos (alrededor de tres millones m3 de fangos y cuatro millones de m3 de aguas ácidas) se vertieron contaminando sobre unas 4.600 ha de tierra en loas lindes del Parque Nacional Coto de Doñana y que alcanzaron el río Guadiamar. El tramo alto y medio del río se encuentra afectado por lodos piríticos mientras que el tramo bajo por aguas ácidas. Además se aprobó un muro de contención, construido para evitar la expansión de los residuos en las zonas colindantes al río, en este caso el Parque Nacional Coto de Doñana y las marismas.

El impacto ambiental fue muy grande debido a la gran cantidad de residuos almacenados en la mina. Los principales afectados han sido los cultivos que se encontraban en las tierras colindantes a la presa, que han sido devastados, y las propias tierras que han quedado estériles. Por otra parte, en cuanto a la flora y a la fauna, los animales y plantas que se encontraban en el río Guadiamar y los que utilizaban este como medio para alimentarse. Las especies de Doñana también se han visto afectadas por el gran número de metales pesados vertidos sobre le terreno.

Esto llevó a una reacción por parte de la Junta de Andalucía, que fue la expropiación de tierras afectadas. Este fue el primer caso en España de expropiación por desastre ecológico, y se puso en marcha un plan de rescate, recuperación y acondicionamiento de toda la cuenca. Este suceso hizo que llamara la atención a la comunidad científica, y hubo numerosos proyectos que trataron el tema.

En el 2001, Boliden abandona la explotación minera y las administraciones le reclaman 90 millones por la limpieza de los lodos. En 2002, los 21 técnicos imputados fueron absueltos, entonces la Junta de Andalucía demandó a Boliden para recuperar los 89 millones invertidos en la limpieza de residuos, pero el Juzgado de Sevilla se declaró incompetente.

En 2004, el Tribunal Supremo condenó a Boliden-Apirsa al pago de unos 45 millones de euros en concepto de indemnización por los daños causados. Boliden anunció que no piensa pagarlo por obedecer el accidente a un "factor externo".

En 2013, el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó el decreto que teóricamente iba a permitir la reapertura de la mina mediante un concurso del que estaría excluido la empresa. Es el decreto que ahora ha sido recurrido ante el Tribunal Constitucional.

En 2014, el Parlamento y el Gobierno andaluces, con el apoyo de los partidos parlamentarios y de los sindicatos, apoyan la reapertura de la mina.

Por otra parte, Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF, opinan que la descontaminación de estos cauces y su posterior regeneración como pasillo ecológico -El Corredor Verde del Guadiamar, declarado Paisaje Protegido y adscrito a la Red de Espacios Protegidos de Andalucía en abril de 2003- requirió una inversión de las administraciones central y autonómica de millones de euros, y que reabrir la mina supone "un riesgo inasumible" para el Parque Nacional Doñana (Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en 1994).

Keywords: tailings dam failure, National Park Doñana, environmental liabilities

(See less)