San Juan Sacatepéquez es un municipio del Departamento de Guatemala, a 31 km al noroeste de la capital. En 2005, el Ministerio de Energia y Minas (MEM) otorgó sin informar ni consultar con la población, tres licencias mineras que abarcan un tercio del territorio municipal a la empresa, con lo cual esta iniciaria la exploración de materiales de construcción y la instalación de una fábrica de cemento. Ante esta violación de la autonomía municipal, allanamiento del territorio kaqchikel y violación de múltiples artículos de la Constitución de la República, el Convenio 169 OIT, el Código Municipal y la Ley de Descentralización, la población desarrolló un proceso de información y organización para defender su territorio, sus derechos y su identidad. En mayo de 2007 las comunidades indígenas mayas, llevaron a cabo una Consulta Comunitaria en las doce comunidades directamente afectadas por Cementos Progreso, en la que más del 99% (aproximadamente 9 mil personas) de los votantes expresaron su oposición. Los resultados de la Consulta autenticados por abogados fueron presentados al MEM; al Congreso de la República y a la Corte de Constitucionalidad. A pesar de ello, el MEM otorgó la licencia de explotación a Cementos Progreso. En junio miembros de la comunidad bloquearon el paso de la maquinaria propiedad de la empresa con el consiguiente saldo de denuncias penales. Los altos niveles de violencia y atentados en contra de los opositores ha sido calificada por el gobierno como violencia común y/o acciones de las maras, se ha registrado ademas, el encarcelamiento de mas de setenta ciudadanos de las comunidades opositoras. En esta confusa y tensa situación, en junio 2008 desconocidos asesinan a Francisco Tepeu, empleado de Cementos Progreso. Organizaciones a favor de la empresa llegaron a acusar a la líder Rigoberta Menchu, Amilcar Pop (abogado) y otros miembros de organizaciones que apoyan a los indígenas de ser los autores intelectuales del hecho. El 22 de este mes se dicta Estado de Excepción y ocupación militar en el municipio durante quince días. Este tiempo fue aprovechado para la libre movilización de maquinaria de Cementos Progreso por territorios indígenas, como lo denunció Rigoberta Menchu, Premio Nobel de la Paz, después de realizar una visita y dialogar con los líderes comunitarios. El Comité de Unidad Campesina (CUC), y Coordinación y Convergencia Nacional Maya (Waqib’kej), demandaron la suspension del Estado de Prevención, y señalaron su oposición a la instalación de la fábrica de cemento en el lugar. Al concluir el estado de Excepción la Procuraduría de los Derechos Humanos informó haber recibido decenas de denuncias de abusos cometidos por las fuerzas armadas combinadas durante la suspension de garantias. En agosto 2008 y para buscar solución al conflicto, el gobierno creó el Consejo Municipal de Desarrollo, COMUDE, en el cual, a decir de los comuneros, no se encuentran legitimamente representados y que ha propuesto, como parte de sus alternativas la instalación de maquiladoras en San Juan Sacatepéquez para promover el desarrollo económico, ignorando la vocación agropecuaria del territorio y desconociendo las demandas de la población. Este mismo mes, el Sr. Amilcar de Jesus Pop, abogado y miembro de la Asociación de Abogados y Notarios Mayas sufrió un intento de asesinato, del cual se salvó al lograr escapar y refugiarse en un hospital de la ciudad. En septiembre 2008 se instaló una mesa de negociación con participación de SEPAZ, pero el diálogo no ha logrado avanzar. Como acción internacional ante esta problemática se conoce que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CEDR) de la Organizacion de Naciones Unidas en agosto 2008 envió carta al presidente Colom, senalando conocer que los pueblos Maya Achi, Qeqchi y Kaqchikel serán afectados por actividades perjudiciales para el ambiente, la salud y las formas tradicionales de vida a de sus pueblos. El CEDR lamenta que los pueblos indígenas no hayan sido consultados e informados acerca de estos proyectos y solicita información sobre las medidas tomadas para asegurar el derecho de participación y consulta de los pueblos. En julio de 2009 miles de campesinos indígenas provenientes de las comunidades de San Juan Sacatepéquez, marcharon en la ciudad capital en rechazo a la construcción de la cementera. Mientras en la ciudad se llevaba a cabo la marcha, en ocho departamentos mas, se llevaron a cabo movilizaciones a favor de la tierra, recursos naturales y en rechazo a la actividad minera. Fue notable en 2010 la visita del relator de Naciones Unidas James Anaya. Magdalena Sarat, integrante de la Junta Cargadora de la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej, dijo que el Relator visitó la aldea de Las Trojes, una de las más afectadas por la construcción y contaminación que provoca la fábrica de Cementos Progreso. En la aldea Santa Fe Ocaña, Anaya se reunió con dirigentes mayas de todo el país que se congregaron en el lugar, donde fue recibido con flores por al menos 20 mil comunitarios. En ese lugar escuchó al menos 36 casos sobre la construcción de hidroeléctricas y actividades mineras por empresas que no respetan las consultas comunitarias y propician la criminalización de dirigentes, dijo Sarat. La lideresa destacó que aunque el Estado guatemalteco ha firmado varios instrumentos internacionales sobre derechos de pueblos indígenas, ha violado los derechos colectivos de este sector de la población. Los casos relacionados con la minería que Anaya conoció son los de la empresa Maya Níquel, en Cahabón, Alta Verapaz; Exmibal y la Compañía Guatemalteca de Níquel, en El Estor, Izabal y la Mina Cerro Blanco, en Jutiapa. También sobre la construcción de represas por la empresa Palo Viejo, en San Juan Cotzal, Quiché; Hidroxacabal, en Chajul, Quiché; el Orégano, en territorio Chortí; Chixoy, en Baja Verapaz, tierra de Achi’s y el de la hidroeléctrica Xalalá, en Ixcán, Quiché. Keywords: quarries; minig conflicts in Guatemala; hydroelectric conflicts in Guatemala; indigenous populations; UN Rapporteur; women leaders (See less) |