La instalación del proyecto minero ha impactado fuertemente en el ecosistema de la zona, lo que ha desembocado en una serie de conflictos con las comunidades indígenas locales a lo largo de los años. El primero de ellos, se remonta a los inicios del proyecto -y continua hasta el día de hoy- con la comunidad aymara de Cancosa, quienes en 1991 acuerdan un convenio de arrendamiento con los lugareños. CMCC se acerco a los aymaras para entablar una relacion de ayuda mutua: la minera apadrino a la comunidad y esta le arrendo en 1991 el predio Huantija por un periodo de 30 anos. La suma pactada fue de 6.000 dolares anuales, que al cabo del periodo sumaran 180.000 dolares. Los aymaras utilizan ese dinero para diferentes proyectos de desarrollo y actividades culturales. La comunidad acepto que CMCC realizara trabajos de exploracion tendientes a encontrar agua subterranea e instalara los pozos necesarios para alumbrarla. La unica limitacion era la prohibicion de efectuar faenas en las vertientes y en la enorme laguna de Huantija aledaña al bofedal. 

Sin embargo, al mediar la decada, BHP presionaba a los ancianos aymaras para que vendieran o arrendaran sus propiedades, lo cual creo resistencia en el resto de la comunidad. Lo que mas sospecha causo fueron los estudios hidricos que la empresa mostro para sustentar el bajo impacto que traeria Cerro Colorado. La descripcion de la cuenca que en estos estudios se hacia no tenia relacion con lo que conocian los habitantes, por lo que la comunidad busco un estudio de una entidad independiente. Los resultados fueron concluyentes, la empresa mentia. Cancosa cuenta con no mas de 300 integrantes, por lo tanto el grado de movilizacion social que podian generar no lograba presionar lo suficiente a los poderes politicos y economicos. Por esto optaron por la via judicial y administrativa.

En 2002 la comunidad pudo constatar que la empresa estaba consumiendo 90 litros por segundo de agua, en circunstancias que tenian autorizado 35, como consecuencia de ello, el nivel de agua de la laguna habia bajado considerablemente y vertientes de agua dulce del sector y bofedal (Lagunillas), se habian secado. La empresa fue multada, comprometiendose a mitigar los daños, pero en definitiva sus medidas de mitigacion terminaron pudriendo el bofedal, comprometiendo mas las aguas de la zona y fomentando la migracion masiva de la comunidad a las ciudades, pues sus fuentes de sustento ya no eran viables.

En 2005, la gubernamental Direccion General de Aguas (DGA) establecio que este ecosistema se habia secado por la extraccion de agua subterranea realizada por la explotadora de cobre CMCC.

La comunidad de Cancosa llevo su caso hasta al Consejo de Defensa del Estado (CDE) por el compromiso patrimonial que estos daños tienen para el pais, sin embrago, a lo cual el CDE no dio respuesta alguna, entonces optaron por la via judicial, colocando varias demandas contra Cerro Colorado, una que busca indemnizacion de perjuicios a causa de dano ambiental (por US 40 millones), interpuesta el 25 de abril de 2006; y la otra, por reparacion de daño ambiental, entablada el 18 de abril de 2007. En marzo de 2008, la comunidad de Cancosa interpuso una tercera demanda en el Juzgado de Pozo Almonte, comuna en la cual se emplaza el yacimiento minero, pues la empresa ni siquiera ha contestado las otras demandas en Iquique, sino solo ha presentado recursos dilatorios. Nada indica que esta situacion arroje resultados satisfactorios, a menos que se generara la suficiente presion social como para exigir respuestas.

Desde entonces, las controversias que han rodeado sus operaciones no han cesado. A las ya antes mencionadas, se suman nuevas acciones judiciales interpuestas por las comunidades indígenas y particulares.

El año 2014 las comunidades indígenas afectadas por el proyecto presentaron dos recursos de protección contra Cerro Colorado, quienes proponían la construcción de  Obras de Protección de Cauce en el sector de la Quebrada de Quipisca (US$6,8 millones). Según la empresa, se trataría de una obra no productiva que buscaba evitar los daños que se producirían en tiempos de lluvia sobre la quebrada y sus comunidades, sin ningún fin productivo. Sin embargo las comunidades apelaron a que se trataría del inicio de una faena productiva mayor, por lo que solicitaron la realización de consulta indígena, de acuerdo a lo establecido por el convenio 169. No obstante la empresa argumentó que al tratarse de una obra menor, este no calificaba para la realización de una consulta indígena.

Mientras en paralelo, la empresa seguía el proceso de consulta con las mismas comunidades por el Estudio de Impacto Ambiental que permitiría dar continuidad operacional al yacimiento hasta el 2023, cuya expansión implicaría una inversión de más de US$467 millones para una producción de 80.000 Toneladas de cátodos de cobre al año. Ante esto las comunidades acusaron que fraccionar ambos proyectos sería una una estrategia para no realizar dicha consulta.

El 6 de junio de 2014 la comunidad aymara Parca, asesorada por Lorenzo Soto, presenta un recurso de protección contra el Servicios de Evaluación Ambiental de Tarapacá cuestionando la RCA entregada.

El 26 de junio 2014 el gobierno regional de Tarapacá y el intendente Michel Cartes rechazan el recurso de protección presentado por Lorenzo Soto y las comunidades.

El 26 de junio 2014 Cerro Colorado inicia la defensa de su proyecto y se hace parte como coadyudante en el proceso que es tramitado en la Justicia.

Por otra parte, desde hace una década un particular que en 2007, compró el 25% de las 111 mil hectáreas que tiene la Hacienda Cancosa, reclama también sus derechos sobre las tierras, manifestando que el territorio desde donde la empresa extrae agua para sus operaciones serían de propiedad de la Asociación Indígena Agrícola San Isidro de Quipisca y los herederos de la familia a quien Luis Jara representa. La empresa por su parte, ha respondido que se trata de un terreno superpuesto a un territorio indígena perteneciente a la comunidad de Canosa con la cual mantienen dos acuerdos por el uso de dichos pozos. Cone respete su derecho como propietario y se les solicite permiso  a ellos y  no a  otros para intervenir en el lugar. Finalmente, el año 2018 ante la demanda interpuesta por los afectados el Tribunal falla a favor de los legítimos propietarios y ordena a Minera Cerro Colorados cerrar pozo de agua utilizado ilegalmente. 

En tanto, la comunidad de Mamiña también ha hecho sus reclamos en contra de la minera por el uso de aguas. Así se detalló en la demanda interpuesta por la Comunidad de Aguas del Tampo de Mamiña el 2017 ante el tribunal ambiental. Estos procesos judiciales también fueron acompañados por la acción de las comunidades quienes se han manifestado en contra de la cuprífera por el no cumplimiento de los acuerdos pactados en beneficio de la comunidad. 

No obstante, la Corte Suprema rechazó el recurso de protección presentado por la Asociación Indígena Quechua Mamiña Unida en contra de la Comisión Ambiental de Tarapacá que aprobó el proyecto: «Continuidad Operacional Cerro Colorado». El Proyecto contempla la extensión y profundización del rajo; la extensión del botadero Lastre Sur, del botadero Lastre Oeste y del botadero de ripios de la Planta 2; la modificación del trazado del acueducto Lagunillas-CMCC; la modificación del tendido eléctrico CMCC-Mamiña; y la construcción  de infraestructura de servicio que se contempla sea reubicada, a saber: relleno sanitario, patio de almacenamiento de neumáticos usados, bodega de almacenamiento de equipos radiactivos en desuso y la piscina de lodos provenientes de la losa de lavado del taller de camiones, todo ello en un área total de 378,78 hectáreas; cese de las operaciones productivas de CMCC en el Sector Mina y término de la extracción de aguas subterráneas destinadas para la producción en el Sector Lagunillas. Una vez concluida la operación se seguirá extrayendo hasta 20 l/s para riego artificial del Bofedal Lagunillas.

En marzo de 2017, la empresa inició el proceso de venta de Cerro Colorado a la empresa EMR Capital Advisors Pty Ltd. Sin embargo, hacia finales del 2018, BHP informó la decisión de poner fin al acuerdo de traspaso de la empresa, porque EMR Capital no cumpliera con el compromiso de financiamiento dentro del plazo estipulado.

En Febrero de 2019, el Tribunal ambiental ordena anular de forma parcial la Resolución de Calificación Ambiental a la empresa, suspender sus operaciones y a realizar nuevos estudios ambientales. El dictamen justifica que "se deben contemplar los escenarios de cambio climático", por lo que el procedimiento de estudios y permisos ambientales que habían sido obtenidos y aprobados se retrotraerán en este punto específico a nivel del segundo Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones (Icsara), por lo que BHP tendrá que ajustar su operación a las nuevas condiciones exigidas por el tribunal y tendrá que efectuar otros estudios que complementen la RCA. El fallo en contra de la empresa ocurrió luego de que en primera instancia, la empresa presentara un recurso para seguir operando mientras se resolvía una sentencia de primera instancia.

Principales impactos:

Las operaciones de Cerro Colorado tienen un fuerte impacto en las personas y el ecosistema en torno al yacimiento. En los últimos años la empresa ha sido acusada por los reiterados daños al ecosistema donde se ubican sus operaciones y el uso de cuencas hídricas que abastecen de agua dulce sus procesos productivos. Además de degradar el suelo, medioambiental, emisiones de material particulado, vulnerando el frágil ecosistema andino. Esto a su vez, afectaría los estilos de vida y prácticas tradicionales como el pastoreo y la ganadería que se desarrollaban en torno al humedal, así como la agricultura que se abastecería del sistema de acuíferos. Lo que ha incidido a que gran parte de las comunidades haya emigrado a zonas urbanas en busca de mejores oportunidades económicas. En la actualidad, las comunidades de Cancosa y Mamiña con el apoyo del estado, intentan reactivar la economía local, a partir del desarrollo de estrategias para potenciar el ecoturismo y potenciar la debilitada agriultura. Sin embargo, cualquier esfuerzo por potenciar el desarrollo local de ambas comunidades será infructuoso si el estado no garantiza la protección de las principales fuentes de agua que abastecen a sus poblados. 

Keywords: Copper mining; water rights; Aymara community

El proyecto de expansión de Cerro Colorado cuenta con una inversión de US$ 467,2 millones con el que busca dar continuidad a la operación y así alargar la vida útil del yacimiento por varias décadas más. Se estima que el nuevo proyecto logre una producción estimada sobre las cinco mil toneladas mensuales de cobre.