Desde el año de 1962 el cerro Alguacil ubicado en el departamento del Cesar, al norte del territorio colombiano viene siendo explotado comercialmente mediante la instalación de antenas de comunicaciones y datos, distintas a las de uso militar, y por las que un tercero, al parecer avalado por las FFMM (Fuerzas Militares de Colombia), cobra arriendos y derechos para el uso de los territorios sagrados indígenas sin que éstas fueran consultadas. Hoy existen más de 400 antenas de uso militar y civil que con la protección de unidades militares de la Décima Brigada Blindada de Valledupar garantizan un negocio mimetizado bajo la cubierta de la 'Seguridad Nacional'.

Ocupación que para darle apariencia de legalidad lograron que el Concejo Municipal de Valledupar, el 30 de enero de 1964, les autorizara la titulación de 5 hectáreas mediante cesión gratuita protocolizada con la Escritura Pública N.° 104 del 25 de febrero de 1965 Titulación para la que no estaba facultado el Concejo Municipal de la época por tratarse éstos de territorios baldíos nacionales cuyo trámite estaba reservado, de acuerdo con las leyes 200 de 1936 y 135 de 1961, al Incora. Máxime cuando esta última ley consagraba en su artículo 29 que no podían hacerse 'adjudicaciones de baldíos que estén ocupados por indígenas, sino con el concepto favorable de la División de Asuntos Indígenas' cosa que tampoco se cumplió.

Pero las irregularidades no terminan ahí. El Ministerio de Defensa no sólo se demoró 13 años para registrar la Escritura Pública N.° 104 en la Oficina de Registros e Instrumentos Públicos sino que cuando lo hizo la porción de territorio ilegalmente titulado había sido declarado 'resguardo indígena'.

El 13 de enero de 1978 fue registrada la escritura de cesión ante la Oficina de Registro e Instrumento Público de Valledupar bajo el folio de Matrícula Inmobiliaria 190 – 2088 cuando ya el Ministerio de Gobierno de la época había emitido la Resolución 002 de 1973 que reconocía, para efectos de protección territorial, los hitos de la 'línea negra' y el 4 de noviembre de 1974, mediante Resolución N.° 113, se había creado y reconocido el Resguardo Arhuaco cuyos límites incluían, sin excepción alguna, el cerro 'Alguacil'.

Reconocimiento que además por mandato del Decreto 622 de 1977 equiparaba los resguardos indígenas con los territorios declarados parques naturales nacionales limitando la titulación y registro de los mismos.

Algunas empresas han localizado sus antenas de comunicación como Telefonica-Movistar, así como también los tendidos eléctricos de la empresa Electricaribe SA. todas estas obras con las que no solo se violaron los territorios indígenas, por estar el cerro el 'Alguacil' en la mitad del resguardo, sino porque además las adelantaron sin el desarrollo de las consultas previas, sin licencia ambiental ni con el pertinente Plan de Manejo Arqueológico para la protección de bienes de interés cultural.

El cerro El Alguacil es el centro del resguardo arhuaco en la sierra Nevada de Santa Marta. Allí, los indígenas llevaban a consagrar a sus hijos y llamaban la abundancia. Pero la situación en el cerro se intensifico desde hace al menos diez años, pues el lugar se convirtió en un sitio estratégico para las comunicaciones del Ejército, la Policía, la Aerocivil y varias empresas privadas que suman mas de 400 antenas; generando que las comunidades que históricamente habitan estos territorios instauraran una queja ante la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, para pedir que el Estado saque a los invasores. Este acto se cumplió en las instalaciones de la Casa Indígena de Valledupar en donde se encontraron los representantes de la ONU con las autoridades nativas.

En la actualidad los 'Arhuacos', se movilizan en jornadas de reconocimiento y protesta, son por lo menos mil indígenas, que entre sus actividades buscan recuperar el cerro, acudiendo a un gran pagamento para reclamar la devolución del cerro 'Alguacil', porque expresan que la ocupación es un negocio y no un tema de seguridad nacional. Hoy se puede observar como lo manifiestan las comunidades indígenas que el sitio está contaminado aparte de las numerosas torres de telecomunicación, por toda clase de residuos como bolsas plásticas, latas y envases de toda índole que los operarios de esas empresas y los soldados arrojan en el lugar.

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