El Circuito Exterior Mexiquense (CEM) es un proyecto carretero concesionado a la empresa OHL México, cuya inversión total gestionada fue de alrededor de 1300 millones de dólares [1]. La autopista de 154.9 km de longitud recorre 18 municipios del Estado de México y enlaza las autopistas radiales de México-Querétaro, México-Pachuca, Peñón-Texcoco y México-Puebla y finaliza en el límite con el estado de Morelos. A finales de junio de 2010, campesinos de los ejidos de Cuautlalpan, Montecillo y Coatlichán cerraron los accesos a las obras del Circuito Exterior Mexiquense porque el gobierno del estado de México y la empresa concesionaria del proyecto carretero les adeuda más de 100 millones de pesos por la venta de los terrenos en los que se construye la autopista de cuota. La concesionaria OHL y el gobierno del estado de México ofrecieron edificar oficinas delegacionales, obras hidráulicas, campos deportivos y pavimentaciones de calles a cambio de que se les permitiera la construcción de la autopista; obras que denunciaron no haberse realizado [2]. En 2011, habitantes de Chimalhuacán encabezaron la protesta social más numerosa contra el CEM, ya que la autopista los había incomunicado y aprisionado. Hoy tienen que dar un enorme rodeo para pasar de un lado al otro de su municipio. Durante más de un mes, bloquearon un tramo del CEM exigiendo que les construyeran puentes vehiculares y peatonales. Una de las organizaciones más aguerridas fue la de Los Tlateles de Chimalhuacán, de origen nahua, y cuyo líder, Felipe Castillo, advirtió: “No nos gusta el ninguneo con que nos tratan los empresarios. Primero llegaron y convencieron a nuestros pequeños propietarios, dueños del espacio por donde hoy pasa la autopista, de malvender sus tierras. Les pagaron a 50 o 60 pesos el metro cuadrado. Hoy en una caseta cobran más por el peaje de un solo automóvil”. El abogado asesor de los ejidatarios, aseguró que se trata de un delito de despojo, ya que, la empresa y ejidatarios únicamente firmaron “convenios de indemnización”, pero no se inició un proceso expropiatorio en forma. Debido a que los ejidos están protegidos por el artículo 27 constitucional, el proceso expropiatorio debe realizarlo la Presidencia de la República y toda expropiación debe quedar asentada en el Diario Oficial de la Federación, lo cual no se hizo, llevando a cabo un atropello e ilegalidad total. Indicó a su vez, que no se puede argumentar que la carretera es de utilidad pública porque es de cuota [3]. En 2015, ejidatarios de Tultepec bloquearon durante dos horas el CEM, para pedir al gobierno estatal y al Congreso mexiquense su intervención para que la empresa OHL pague las indemnizaciones o les devuelva 90 mil metros cuadrados de predios que ocupó indebidamente para la construcción de la vialidad [4]. La ofensiva de los antiguos propietarios de los terrenos incluyó la compra de espacios publicitarios en la prensa local para reproducir una carta abierta dirigida al presidente Enrique Peña Nieto, al secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y al gobernador del Estado de México -administración que llevó acabo la concesión-, Eruviel Ávila. En ella, los afectados acusan a OHL de no cumplir con los acuerdos pactados para la cesión de los terrenos y de carecer de voluntad para resolver el conflicto [5]. Esta obra de infraestructura se convirtió en la más grande en la entidad, la más importante para el grupo español -pues le representa el 50.1% de sus ingresos en México-, y la más cara e irregular por las modificaciones constantes al título de concesión. En el gobierno de Eruviel Ávila se realizó la quinta modificación del contrato que extendió hasta 2051 la concesión y le permitió a la empresa cobrar incrementos adicionales a las tarifas de peaje de manera irregular, según lo denunció la empresa Infrabaer [6]. Desde principios de 2015, usuarios del CEM pagaron por la publicación de desplegados en medios nacionales cuestionando las ganancias de la empresa OHL México, anunciando un descuadre multimillonario entre la inversión inicial, proyecciones de ingresos y explotación de la concesión. OHL México es una empresa ligada a personas y gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), consolidando y acrecentando sus negocios principalmente en la administración federal de Peña Nieto y ha sido investigada por posibles conflictos de interés por diversos contratos recibidos [7]. En mayo de 2015, comenzaron a filtrarse a través de Youtube una serie de audios entre altos directivos de OHL que presumen sus relaciones con autoridades del Estado de México y con el gobierno federal, y dónde se acuerda el pago de sobornos a magistrados para arreglar “lo de Tultepec”, en referencia a los amparos de propietarios de predios expropiados de manera irregular en la construcción del CEM [8].