Desde el año 2013 la minera de capitales australianos Laconia South América S.A.C está intentando desarrollar un proyecto de exploración minera de plata y cobre en la zona. En abril de ese año las comunidades de Tintay y Huacaña, se enteraron de que el subsuelo de sus territorios que incluye la cabecera de cuenca del CCarhuarazo, estaba concesionada a más de cinco empresas para realizar exploraciones, entre estas empresas figura Laconia South América quien pretende realizar un proyecto que abarcaría 887 hectáreas. En mayo de 2013 trabajadores de esta multinacional comenzaron a convocar a la población para realizar talleres informativos del proyecto de exploración, sin embargo la población se resistió a participar en estos. Debido a la resistencia de la población, entre julio y octubre de ese año la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) intervino instando a la población a participar en dichas actividades, bajo el argumento de la población debía estar informada de los alcances del proyectos y posibilitar el cumplimiento de los requisitos de ley para iniciar con las actividades de exploración.

En diciembre del 2013, la empresa minera Laconia trató de obtener el permiso de la comunidad de Tintay para ingresar a sus territorios y así realizar las actividades de exploración; sin embargo, según la comunidad este proyecto nunca tuvo licencia social de los pobladores de la zona y los documentos presentados ante el Ministerio de Energía y Minas (MEM) fueron obtenidos mediante engaños, motivo por el cual la empresa está siendo investigada. No obstante, el 22 de abril del 2014, el MEM, mediante resolución directoral (016-2014), otorgó el permiso solicitado por la minera, para ingresar a trabajar en los territorios que corresponden a las concesiones mineras de Huacocucho 04, 06, 08 y 01. Como parte de sus gestiones, Laconia presentó una declaración jurada en la que afirma que “está autorizada por los propietarios del 100% de las acciones y derechos de los predios para utilizar terrenos superficiales”.

Ante esta situación las comunidades afectadas están solicitando al Ministerio de Energía y Minas que revoque la licencia, debido a que la exploración perturbará las principales fuentes de agua, además este nevado representa un territorio sagrado para los habitantes de la región. Dentro de las medidas tomadas por las comunidades ha estado la solicitud ante las autoridades regionales que se declare a esta cabecera de cuenca como zona de interés regional para que sea protegida. En marzo de 2015 las comunidades realizaron un paro de 48 horas, acompañado de marchas y protestas que movilizaron a más de 7.500 pobladores que fueron reprimidos por las autoridades policiales, en ellas resultaron varias personas heridas.

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