Poco después, entre 1989-1995 el Servicio de Vivienda y Urbanismo otorgó viviendas básicas a personas económicamente pobres y no fue hasta el año 1997 cuando en un taller llevado a cabo por el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) en que los habitantes comenzados a identificar como uno de sus mayores problemas la contaminación y el daño a salud, especialmente niños que para ese entonces habían nacido con hidrocefalia, espina bífida y mal de Chiari (defectos estructurales en el cerebelo). Por su parte, los adultos identificaban con más regularidad dolores en las articulaciones y huesos, tos crónica, dificultades respiratorias, irritabilidad, neurosis, estrés, alergias, conjuntivitis, pérdida de memoria, cansancio, fatiga crónica y cáncer.

En 1997, SERPAJ y los vecinos pidieron la realización de análisis al Departamento de Química de la Universidad de Tarapacá (UTA) y los resultados revelaron la existencia de minerales tóxicos en la zona. En ese marco se crea la AFCONTA (Asociación de Familias Contaminadas con plomo) quienes buscaban captar recursos para buscar soluciones médicas a los problemas de las personas afectadas e interponer demandas tanto al Estado Chileno y a Boliden.

Desde la cámara de diputados, en el 2003 se crea una comisión para investigar el caso del Plomo en Arica. La Municipalidad de Arica creó la Oficina Municipal del Medio Ambiente para apoyar iniciativas locales y apoyar en las demandas de los pobladores. Hubo varias demandas a título personal, en el 2007 y 2009 la Corte Suprema falló a favor de algunos demandantes y ordenó al Estado indemnizar económicamente a algunos residentes. La compensación se realizó únicamente a una parte de la población. realización de análisis de sangre y dar seguimiento a los afectados. Un primer análisis de orina y sangre con una muestra de veinte niños alarmaron mucho más a la población, para el caso del plomo, el 50% de los niños tenía 10 microgramos por cada 100 ml de sangre (en el caso de la Unión Europea el nivel máximo permitido es de 3 a 4 microgramos).

En el 2013, un grupo de abogados suecos presentó ante el juzgado de Skellefteå (norte de Suecia) una demanda contra la compañía minera Boliden. 

UPDATE: En una sentencia de marzo de 2018, el Tribunal sueco acordó que Boliden, efectivamente sì había sido negligente en varias áreas, pero aún así el fallo no fue en favor de los demandantes. En 2019 el Tribunal consideró que las alegaciones de los demandantes sobre los altos niveles de arsénico que tendrían en sus cuerpos, si bien eran ciertas, no habría relación entre las borras de plomo y los niveles de arsénico, y que para la empresa minera era imposible predecir que a la fecha que se almacenaron en Chile los residuos, en un lugar contiguo se iban a construir casas, ya que no existían construcciones anteriormente y era un lugar inhabitado. Los demandantes apelaron el fallo ante la Corte de Apelaciones sueca y en marzo de 2019 la Corte declaró que el derecho aplicable era el derecho sueco, ya que los incumplimientos de Boliden no se habrían producido en Chile sino que en las decisiones tomadas en Suecia. La prescripción en Suecia es de 10 años y la Corte consideró que este plazo debía contarse desde 1999, fecha en la cual la empresa sueca no tomó las medidas preventivas. La demanda se presentó el año 2013, por lo que las acciones estarían prescritas y la Corte ordenó que los demandantes chilenos deberían pagar las costas del juicio, que ascienden a unos 400.000 dólares americanos. La Corte Suprema sueca finalmente confirmó el fallo anterior. Tras la resolución los afectados no descartan recurrir a la Corte Suprema de Suecia con el fin de lograr un nuevo acuerdo que les permita acceder a un plan de salud integral y que los desechos que aun se encuentran en la Quebrada Encantada (Arica) regresen a Suecia. Finalmente, 

Mientras tanto en Chile, como parte del programa de compensación para subsanar los daños que afectaron a los vecinos de Cerro Chuño, el 2018 el Ministerio de Vivienda y Urbanismo elaboró un catastro de sus 1.037 habitantes y prepara un plan social para sacarlos de las casas contaminadas. 

El ingreso se permitió con el objetivo de recuperar oro y plata que teóricamente estarían presentes entre los desechos.

Según las demandas realizadas por los afectados, se contabilizan 90 muertes y entre 700-900 afectados directos por la contaminación importada.