Desde los años 70 existen planes de desarrollo para esta región, que propiciaron el Proyecto de Desarrollo Integral del Istmo (PDII) al final de los 90’, luego el Plan Puebla Panamá (PPP), y en su versión actual el Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica (PIDM). 

A parte de las perspectivas de desarrollo de infraestructura, claves para el transporte de mercancías, el istmo aparece también como una zona estratégica por la riqueza de sus recursos naturales. Uno de los recursos naturales que ha despertado el mayor interés de inversión por parte de empresas transnacionales es el gran potencial eólico que ofrece la parte sur del istmo por la existencia de un corredor de viento entre las altas presiones del Golfo de México y las bajas presiones del Golfo de Tehuantepec.

Se considera que esta región tiene 44.000 MW de capacidad potencial de energía eólica con 33.200 MW aptos para el desarrollo comercial. El territorio comprende tierras tradicionales de los grupos Binnizá e Ikjoots (Zapotecos y Huaves en español), la mayoría de ellos organizados a través de regímenes de tierras comunales y derecho consuetudinario. Las comunidades indígenas de la zona dependen en gran medida de los medios de vida tradicionales arraigados en el territorio, incluidas las actividades pesqueras y agrícolas. El Istmo también es parte del Corredor Biológico Mesoamericano y una de las rutas de aves migratorias más grandes, lo que lo convierte en un área sensible y controvertida para la ubicación de los molinos de viento. 

Este gran potencial de generación de energía eólica ha sido aprovechado para el desarrollo de parques eólicos desde 1994 con la instalación de un parque piloto por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que sirvió de prueba para luego dar entrada a la inversión privada en la construcción y operación de nuevos parques.

A principios de 2021, el Corredor Eólico en el Istmo de Tehuantepec comprende 29 parques eólicos privados operando que alcanzan una capacidad instalada acumulada de 2,709 MW [11] (ver mapa en banner). Existe un oligopolio en las empresas generadoras, ya que solo 5 empresas (Electricidad de Francia - EDF, Acciona, Femsa, Iberdrola y Enel Green Power) controlan el 77 % de la capacidad instalada total de los parques operando en el Istmo [12]. 

La mayoría de estos proyectos tienen contratos de autoabastecimiento, es decir que están destinados a suministrar exclusivamente energía eléctrica a empresas privadas que operan como socios de los parques eólicos. El 74% de la electricidad actualmente generada en el istmo autoabastece a empresas altamente contaminantes como mineras y cementeras (Grupo México, Peñoles, Arcelor Mittal y Cemex)  o a cadenas de comercialización y producción agroindustrial (Femsa, Chedraui, Soriana y Wal-Mart), lo que cuestiona la supuesta “energía limpia” e “utilidad pública” siempre asociadas a esos proyectos para promoverlos [1] [11] [12] [13]. 

Las preocupaciones locales hacia los parques eólicos en el Istmo comenzaron con la asignación territorial para parques eólicos privados y la construcción inicial de proyectos. La oposición local se articuló a través de las organizaciones existentes junto con la creación de nuevos espacios de diálogo, incluyendo instituciones bien establecidas para la toma de decisiones (asambleas comunales y ejidales), organizaciones sociales y movimientos emergentes contra proyectos particulares de energía eólica. Estos esfuerzos se reforzaron aún más a través de redes de resistencia más amplias, como la Asamblea en Defensa de la Tierra y el Territorio de los Pueblos Indígenas en el Istmo de Tehuantepec. Actores externos también apoyaron a través de una serie de eventos desarrollados en la región [2]. Los principales reclamos movilizados por las comunidades han sido los siguientes:

Violación del derecho a la consulta: 

Desde las negociaciones iniciales entre las empresas y el gobierno, las comunidades indígenas carecieron de información y consulta formal. Ya en 1995, el Centro de Derechos Humanos del Tepeyac comenzó a exigir información completa sobre los proyectos; a lo que el gobierno no respondió [3]. Mientras tanto, las comunidades locales comenzaron a tomar conciencia de cómo las empresas privadas planificaban parques eólicos en sus territorios, ofreciendo bajas cantidades de dinero para contratos de arrendamiento de tierras [4]. En este sentido, los grupos de oposición plantearon demandas claras para detener todos los proyectos y permisos hasta que se realicen consultas formales; prohibir cualquier proyecto donde existan conflictos agrarios y territoriales; socializar el acceso a la información sobre el contexto, impactos y riesgos relacionados con los proyectos; y respetar cualquier decisión de las comunidades locales con respecto a los proyectos [2].

Contratos de arrendamiento ilegales e injustos: 

Luego de la asignación de polígonos realizada por el gobierno y las empresas, las negociaciones con los propietarios se firmaron a través de procesos confusos, lo que generó controversias legales. En el caso particular del Istmo, existe una situación confusa sobre el estado de propiedad de la tierra combinada con largas luchas históricas por restituir territorios comunales a las comunidades indígenas [5]. Es en este contexto que se registraron 126 demandas legales de los comuneros para anular los contratos de arrendamiento de tierras celebrados con empresas extranjeras [6]. En tales casos, las comunidades argumentaron que las empresas ofrecieron información poco clara sobre las características de los proyectos, manipularon y falsificaron procesos de negociación, y corrompieron a las autoridades locales y comunales [7]. Varios proyectos se retrasaron; las empresas ofrecieron compensaciones económicas, pero la mayoría de los demandantes se negaron a aceptarlas [3]. Aunque algunos contratos se cancelaron fuera de los tribunales, las demandas legales nunca se procesaron formalmente. La mayoría de los contratos se mantuvieron, otorgando de 30 a 60 años de uso de la tierra y derechos de acceso a empresas privadas, reteniendo una gran parte de los ingresos de la producción de energía eólica. 

Contra el despojo y privatización del territorio: 

“Despojo del territorio” ha sido una noción utilizada de manera recurrente por las comunidades indígenas que consideran el Corredor Eólico como una expresión de “neocolonialismo” [8] [9]. Por lo tanto, los problemas de la tierra no solo surgieron en términos de contratos de arrendamiento. Las comunidades han afirmado que la instalación de molinos de viento conducirán a la disrupción del territorio, las economías locales y las identidades sociales. Bettina Cruz, destacada líder indígena de la Asamblea, ha insistido en que no están en contra de la energía eólica, sino en contra del acaparamiento de tierras y sus impactos sobre las comunidades locales [3]. Los impactos ambientales incluyen, por su parte, la pérdida de biodiversidad, la contaminación de agua y tierra por lubricantes, y reducción de conectividad hidrológica por el cambio de uso de las lagunas.

El Proyecto de Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec : nueva ola de despojo y de expansión de parques eólicos? 

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, promovido por el gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador, es un megaproyecto de producción y transporte de mercancías entre el Golfo de México y el océano pacifico, por el medio de las instalación de parques industriales, maquiladores a lo largo del Istmo, dentro de una Zona Libre de Impuestos, de nueva infraestructura de transporte ferroviario, portuario, aeroportuario y carretero o de gasoductos. La posible instalación de parques industriales podrían aumentar drásticamente la demanda eléctrica en la región y provocar una nueva ola en la expansión de parques eólicos para responder a esos intereses privados [12]. 

El corredor interoceánico representa la continuación del proceso empezado hace 20 años por las empresas eólicas. Prometer un supuesto desarrollo para las comunidades de la región convirtiéndoles en rentistas de tierras y mano de obra barata para las maquillas, generando división comunitaria, represión y contaminación. Sin embargo, los pueblos del istmo siguen resistiendo una vez más frente a esta nueva amenaza y organizándose para defender su territorios y formas de vida. 

Existen además 3 parque eólico en construcción (Granja Sedena, El Sauzal y Gunaa Sicarú) y 5 en proyecto. Esos parques en construcción y en proyecto representan una capacidad instalada total de 906 MW en una superficie de 13 mil hectáreas.

Un proyecto fue supuestamente cancelado (San Dioniso) por la movilización social aunque que en la realidad fue desplazado y ha cambiado de nombre (Eólica del Sur) por empezar a operar en 2019.

Hay 3 proyectos actualmente suspendidos (Bii Sti Uguu, Cerro Iguana y Juchiteca I) por tener una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que fue negada por la SEMARNAT.