Con la intención de diversificar la oferta de centros costeros y desarrollar las regiones de los litorales mexicanos, más específicamente las playas “vírgenes” de distintos estados, el gobierno federal solicitó y obtuvo créditos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. En este marco, se identificaron los enclaves de Huatulco (Oaxaca) y Cancún (Quintana Roo) como opciones para desarrollar proyectos turísticos. Surgieron de esta forma, en distintos periodos, los CIP Cancún e Ixtapa (Guerrero) en 1974, Los Cabos y Loreto (Baja California Sur) en 1976, y Huatulco en 1984.

Desde 1974, FONATUR es la instancia encargada de impulsar la política turística mexicana, en una abierta vinculación con las principales cadenas nacionales e internacionales del sector. Es el instrumento del gobierno federal para forzar el desarrollo de la actividad turística. Utiliza la fuerza del Estado (abogados , ejército, Secretarías, policías estatales y municipales, etc.) a fin de legitimar procesos de despojo y cambios de uso de suelo. [1] [2].

El CIP Bahías de Huatulco

En 1980 comenzó la planeación y desarrollo del Centro Integralmente Planeado Huatulco, considerando entre sus objetivos: "Fortalecer su imagen como destino sustentable de reconocimiento internacional" y "Potenciar el turismo ecológico para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales"[5].

El proyecto contemplaba un total de 20,972 ha. distribuidas: 6.35% de zona turística, 3.45% de zona urbana y 90.19% de superficie supuestamente destinada a la conservación ecológica, incluyendo nueve bahías, el Área Natural Protegida "Parque Nacional Huatulco" y paisajes de montañas, valles y laderas irrigadas por los ríos Coyula, San Agustín y Copalita [5].

Mediante un decreto presidencial del 29 de mayo de 1984, se realizó la expropiación de 21,163  ha. al municipio de Santa María Huatulco (de una superficie total del territorio de 51, 511 ha) [3][4].

Los pobladores se opusieron a la expropiación de las tierras y al avance de las obras de infraestruc­tura dado que las áreas elegidas eran agrícolas o de pesca [3] [4].

Con esto inició una transformación espacial de gran importancia de la región: la apertura de calles, red de alcantarillado y agua potable, el revestimiento de los cauces de los ríos que se encontraban en el área expropiada, la desecación de los manglares de Santa Cruz y Chahuéy [1][2].

Se pretendió vedar las aguas del río Copalita para reservarlas a las necesidades turísticas y municipales. Se perforaron 43 pozos para extraer 1,130 litros de agua por segundo. Se construyeron ocho norias de extracción de agua para alimentar los 1,310 cuartos de hotel que funcionaban plenamente en 1990 y para los 2,041 cuartos en 1997.

Entre protestas y resistencia de los comuneros por la expropiación, se impuso la construcción de estos nuevos espacios. Todo el desarrollo de la infraestructura se llevó a cabo entre conflictos legales y movilizaciones de protesta de las poblaciones lugareñas pertenecientes a la comunidad de Santa María Huatulco [3] [4].

Se promovió un juicio de amparo por la afectación de la expropiación de tierras y por la construcción de las obras del complejo en la comunidad, el cual no prosperó, varios pobladores se negaron a salir del área afectada; las comunidades de La Crucecita y Bajos de Coyula también apelaron tanto a la vía jurídica como a las movilizaciones  [1] [2]. Se exigía un pago de $224,000.00 a la comunidad como indemnización, así como $202,000.00 por los bienes distintos a la tierra; la dotación de una infraestructura de riego para destinarse a proyectos agropecuarios, 300 ha. en Bajos de Coyula y 200 en Bajos del Arenal; la titulación de un lote de 400 metros cuadrados urbanizados y 200 más sin urbanizar [3] [5].

Pero, ¨Cuando llegó el Fonatur a expropiar las tierras y ofrecer dinero como pago de la indemnización, proponían alguna cantidad, pero como la gente en su mayoría no sabía leer ni escribir pues en el papel se les colocaba otra cantidad, es decir, la dependencia federal terminó decidiendo qué precio tenían los te­rrenos. Según sus funcionarios, nosotros, como hijos de comuneros, tendríamos preferencia para comprar terrenos en el área expropiada… más eso nunca ocurrió, no tuvimos beneficio alguno […]; además, la gente ya no reclamó pues la muerte de Alfredo Lavariega les dio miedo¨ [3] [5].

El síndico Alfredo Lavariega Avelino, líder de la cooperativa de lancheros de Huatulco, Oaxaca, en ese entonces afiliado al Partido de la Revolución Democrática (PRD), fue encontrado muerto el 4 de noviembre de 1989 en el restaurante de su propiedad en lo que ahora es la zona más importante del centro turístico de Bahías de Huatulco, la playa de La Crucecita.[6]

Fonatur realizó ‘acuerdos’ con la Presidencia Municipal y el Comisariado de Bienes Comunales, para concretar la realización del proyecto del centro turístico [1] [2].

Por otra parte también hubo afectación en la Cuenca del Rio Cacaluta, la parte baja de planicie junto al mar pertenece a FONATUR (expropiación del 28 de mayo 1984) mientras que la parte alta y de montaña son de bienes comunales. Aparentemente, hubo indemnización (las personas no sabían leer, ni escribir) y desplazamiento forzado de aproximadamente 2,500 personas de los poblados de Copalita, Xuchitl, Huatulco, Cacaluta. Desde entonces se han presentado una serie de conflictos de naturaleza compleja: comuneros vs FONATUR, Instituto Nacional Electoral, partidos politicos; así como comuneros vs comuneros [3] [4].

Diversos estudios han mostrado que la imposición del turismo generó un cambio de vida de los residentes al pasar de una zona rural dedicada primordialmente a las actividades primarias de autoconsumo (pesca, agricultura y caza) a otra ligada con una diversidad de actividades orientadas al sector servicios, lo cual incrementó la demanda de servicios básicos, principalmente de la vivienda. Asimismo, ocasionó la reubicación de los habitantes originarios de las localidades costeras y generó una nueva dinámica socioeconómica: abandono de actividades tradicionales, crecimiento poblacional, inmigración. En suma, se considera que con el despojo de las tierras, surgieron nuevas desigualdades y otras se fortalecieron [1] [2].

Por otra parte, la expropiación y la planificación de Bahías de Huatulco dio lugar a una fragmentación del territorio, generando espacios diferenciados: zonas residenciales destinadas para la población de mayores ingresos y aquellos sectores de la periferia con servicios básicos deficientes, donde viven quienes sostienen la actividad turística [3][4].

Más de dos décadas después de iniciado el megaproyecto, el entorno social de la zona continuaba en permanente conflicto, prevalecían altos niveles de pobreza y marginación, y se presentaba un rápido incremento de la inseguridad por la expansión del crimen organizado [5]. Además, se registraba un acelerado proceso de depredación de los bienes de la naturaleza, así como la pérdida de saberes tradicionales asociados a ellos. Tal es el caso de la sobre explotación del caracol púrpura, entre otros [7].

El 25 de marzo de 2008, el gobierno federal de México anunció un plan de Relanzamiento de Huatulco con la participación de diversas instituciones públicas y privadas, que ha generado nuevos conflictos en la región.