El proyecto hidroeléctrico El Quimbo está ubicado en la Cuenca Alta del Río Magdalena, y aprovechará aguas del Río Suaza y Magdalena. En 2008 el Ministerio de Minas y Energía lo asignó a EMGESA, filial del grupo hispano-chileno ENDESA (ENDESA posee una participación inferior al 50% de EMGESA. Sin embargo, ENDESA es el que ejerce el control de la sociedad. A su vez ENDESA cuenta con una participación importante del grupo ENEL de Italia). Este proyecto fue vendido con la figura de subasta por cargo de confiabilidad, que significa que EMGESA se le garantiza un ingreso fijo por un período de 20 años. La financiación del proyecto es 80% con recursos externos y el restante 20% con recursos propios principalmente de EMGESA-ENDESA y la Empresa de Energía de Bogotá. EMGESA empezó obras sin tener licencia ambiental y a pesar de las denuncias públicas de los líderes de la comunidad en 2009 el proyecto obtuvo licencia ambiental. Además, el territorio fue declarado de interés público, posibilitando la expropiación con indemnización a las comunidades. Los habitantes han tenido que aceptar en condiciones desventajosas la compra de sus tierras. Desde 2009 cuando se otorgó la licencia hubo pronunciamientos de las comunidades, organizaciones locales y regionales, actores académicos y discusión a nivel del Congreso. Se cuestionaron desde ese momento los conceptos del Ministerio de Ambiente y de Agricultura frente a las indemnizaciones y compensaciones. En ese año se realizaron mesas de concertación y se produjeron algunos acuerdos entre EMGESA, el Ministerio y los entes de control, en relación a impactos sociales, económicos y culturales, el censo de afectados que debía realizar EMGESA-ENDESA y la inclusión de aquellas comunidades que sin residir dentro de la ubicación dependen del área de influencia directa del proyecto, por lo cual deben ser incluidos en la restitución de actividades productivas. Estos dos últimos aspectos han sido de gran discusión para estimar las medidas de compensación. Sin embargo, EMGESA solo ha tenido en cuenta el área del embalse y de las obras complementarias. En ese sentido, Emgesa dice que los perjudicados son 3 mil, mientras Asoquimbo, que son 17 mil. Asimismo, hay diferencias importantes en el impacto considerado frente a la pesca artesanal. Se desconoce igualmente la presencia de resguardos indígenas y de tierras de comunidades negras. En términos arqueológicos e históricos se reconocen con baja o media importancia como patrimonio cultural a la capilla de la vereda San José de Belén y a los 78 sitios de interés arqueológico, con lo cual pueden ser sacrificados. EMGESA de ENDESA empezaron obras en noviembre del 2010. En las jornadas de socialización de la licencia ambiental realizadas en marzo de 2011 por parte del Ministerio de Ambiente, las comunidades afectadas, organizaciones, entes de control, manifestaron diferentes cuestionamientos al proceso desarrollado, incluyendo falta de seguimiento, adecuada concertación, inadecuados estudios sismológicos, afectados sin indemnización, incertidumbre por la ubicación de los sitios para el reasentamiento, etc. Además de las denuncias hechas por los líderes locales, organizados en ASOQUIMBO, la Defensoría del Pueblo solicitó al Ministerio la suspensión de la licencia ambiental. Durante todo 2011 hubo manifestaciones, marchas, denuncias públicas, cuestionamientos a los procedimientos legales y a la forma como han sido tratadas y desalojadas las comunidades de sus tierras, incluyendo la violencia y fuerza pública. A comienzo del 2012 las obras fueron paralizadas por bloqueo de las comunidades afectadas. En julio de este año, se ha dado un debate en la Asamblea Departamental del Huila, y se ha solicitado al Presidente y al Ministro de Ambiente la suspensión del proyecto. El 31 de julio, la Asamblea Departamental realizó el debate de control político sobre los 'Impactos económicos, sociales, ambientales y culturales generados por el proyecto'. El objetivo del debate era la discusión con los actores por un lado del gobierno nacional y regional, con competencias en las problemáticas que ha generado el proyecto, y por otro lado los afectados. A comienzo de agosto de 2012 las comunidades indígenas pertenecientes al Consejo Regional Indígena del Huila y las comunidades campesinas integrantes de ASOQUIMBO se declararon en Asamblea Permanente de la Minga en el Puente El Pescador Municipio del Hobo Huila, por nueve días. Se logró que el Gobierno Nacional atendiera las exigencias de la Minga. Se resalta que a lo largo de la lucha de las comunidades y de las OJA contra el proyecto ha habido bastante violencia por parte de los organismos del estado y un elevado proceso de militarización. Al mismo tiempo ha habido desalojos violentos de las comunidades e igualmente heridos. Además, se ha criminalizado la lucha social hasta el punto que los docentes de las Universidades Públicas vinculados, en particular el Prof. Miller Dussan, de la Universidad Sur Colombiana, ha sido amenazado y esta siendo investigado por la Procuraduría General de la Nación. Por su parte, la Representante a la Asamblea Departamental del Huila, diputada Sandra Milena Hernández, ha sido igualmente víctima de la persecución del Comandante de la Policía. El 23 de agosto de 2012, la Contraloría General de la República abrió investigación preliminar para esclarecer si el Ministerio de Ambiente y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) incurrieron en irregularidades en la expedición de la licencia ambiental de la obra y generaron un posible detrimento patrimonial de COL$350 mil millones. Esta decisión del ente de control surgió después de que la Asociación de Afectados por El Quimbo (Asoquimbo) denunciara que el proyecto recibió su licencia ambiental sin siquiera tener los estudios de impacto necesarios para ello.

El proyecto se desarrolla en tres etapas: la primera implica la construcción de vías de acceso, campamentos y un túnel de 400 metros para hacer la desviación del río Magdalena. La segunda etapa, la construcción del embalse. La presa tendrá una altura de 151 metros de alto y 645 metros de largo, y se localiza a 1300 metros aguas arriba de la desembocadura del Río Páez, exactamente en el centro del Huila, y detendrá las aguas del río Magdalena. La tercera etapa será la instalación de todos los equipos electromecánicos.