Según esta misma Fundación, otras personas de origen asiático están en la estructura de ilegalidad (Luis Liu Chih, Fernando Lee, Tzao entre otros 10 más) y extraen en otros sitios como Usumatlán, Pueblo Nuevo y Río Hondo.
En diciembre del 2012 se incauta el primer contenedor ilegal de jade, pero el responsable sale libre mediante una fianza.
La problemática ha seguido y ha sido motivo de denuncia de las poblaciones locales, de mineros artesanales y de las otras empresas que extraen Jade en menor escala y con licencia del MEM.
En febrero del 2015, campesinos de la comunidad El Arco obstruyeron el paso desde las 4 de la mañana con el objetivo de impedir el ingreso de camiones de contrabando de Jade.
Una semana antes fueron asesinados dos jóvenes de la comunidad El Arco que según los pobladores, los hechores fueron sicarios de la empresa de extracción ilegal.
Los vecinos, además de estar molestos por la extracción de la piedra preciosa que es patrimonio y de gran riqueza para la historia y cultura Maya.
Denuncian que para la extracción a esta escala, talan el bosque, se realizan movimientos de tierra, que dañan la naturaleza.
El ingreso de maquinaria pesada también daña las rutas de acceso de las comunidades. Y por su ubicación, afecta la zona de amortiguamiento del área protegida Sierra de Las Minas y afecta la cuenca del río Teculután.
El 22 de abril del 2015, un grupo comunitario organizado impidió que sacaran una piedra de Jade de 5 metros de alto. El camión en el que se trasportaba fue abandonado en la zona, al parecer el peso de la piedra le impidió continuar su ruta.
Recientes investigaciones relacionan a Roxana Baldetti (ex vicepresidente de la nación) como una de las propietarias de empresas de minería ilegal de jade.
Una diputada del PP (Regina Guzmán) junto a su esposo (de origen asiático) también están inmiscuidos en el negocio del Jade con una empresa llamada Jade Kingdom. Gracias a la supuesta intervención de ambas en el Congreso el Jade fue un mineral al cuál no se le aumentó el porcentaje de regalías en la Ley de Presupuestos del 2015.
Los vecinos afirman que las empresas de extracción ilegal son custodiadas por la Policía Nacional Civil (PNC) y que ha existido un incremento de violencia en la zona que ha dejado muertos.
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