En 2011, las autoridades del gobierno colombiano asaltaron los almacenes y camiones de los agricultores de arroz en Camloalegre, en la provincia de Huila, y destruyó violentamente las 70 toneladas de arroz que decía que no se procesaban según la ley. Esta intervención militarizada para destruir las semillas de los agricultores sorprendió a muchos, e inspiró a un joven activista chileno, Victoria Solano, para hacer una película sobre ella. La película se llama "9.70" porque ese es el número de la ley adoptada en 2010 que articula el derecho del estado de destruir las semillas de los agricultores si no cumplen.

Y en agosto de 2013, las organizaciones de agricultores colombianos iniciaron Una huelga nacional en todo el país. Bloquearon carreteras, tiraban la leche en los automóviles y básicamente dejaron de producir alimentos para las ciudades. ¿El problema? Los agricultores están siendo expulsados ​​de la existencia por las políticas del gobierno.

Y la huelga de agricultores pronto fue apoyada por miles de personas de otros sectores: trabajadores de la industria petrolera, mineros, camioneros, profesionales del sector de la salud, estudiantes y otros. $ PS

El Estado no proporciona casi ningún apoyo para el sector agrícola a pequeña escala. En su lugar, abarca un modelo social y económico que sirve a los intereses de una minoría de élite rica. Los recientes acuerdos de libre comercio (FTA) firmados con los EE. UU. Y la UE están socavando a los productores colombianos, que no pueden competir con las importaciones subsidiadas. La huelga de los agricultores pronto fue apoyada por miles de personas de otros sectores: trabajadores de la industria petrolera, mineros, camioneros, profesionales del sector de la salud, estudiantes y otros. La respuesta del gobierno fue caótica y contradictoria. Las fuerzas policiales reprimieron violentamente y lesionan a muchos manifestantes, sin mencionar a los periodistas. Las semillas surgieron como un problema altamente visible. Bajo el FTA firmado con Washington, así como el que firmó con Bruselas, se requiere que Bogotá proporcione derechos legales sobre las semillas vendidas por las corporaciones estadounidenses y europeas como un incentivo para que inviertan en Colombia. Los agricultores que son atrapados que venden las semillas guardadas por la granja de tales variedades, o simplemente las semillas indígenas que no se han registrado formalmente, podrían enfrentar multas o incluso un tiempo de cárcel. La presión social fue tan fuerte contra la Unión para la protección de las nuevas variedades de plantas (UPOV) que el gobierno declaró que la resolución se suspendería durante dos años. Sin embargo, no se suspendió y simplemente se modifica. Algunos de los duros lenguas se han reemplazado con palabras más sutiles, pero sigue siendo lo mismo contenido. La demanda central de la gente de Colombia aún no se ha otorgado: la derogación absoluta de la resolución junto con cualquier intento de imponer la UPOV 91 a través de otros canales. Además, una nueva política nacional que se supone que promueve la "agricultura familiar" también es un lobo con ropa de oveja. Los agricultores que serán promovidos son aquellos que cambian su producción para "ser competitivos", lo que significa que deben comprar insumos, como semillas, fertilizantes y pesticidas de la industria.