En estos territorios habitan diferentes pueblos indígenas como los yabarana, hoti, e’ñepá y wotjuja (piaroa), quienes se han tenido que enfrentar a una creciente legión de mineros ilegales, venezolanos y provenientes de otros países vecinos, quienes junto a otros actores emplean maquinarias y extraen principalmente oro, causando afectación de las selvas y la biodiversidad, contaminación de ríos y peces con mercurio y otras sustancias tóxicas, merma de sus fuentes de sustento y sus tradiciones productivas y culturales, violencia y criminalización, potenciales enfermedades,  prostitución y tráfico de drogas, entre otras consecuencias.

Organizaciones indígenas del municipio Manapiare han realizado denuncias, declaraciones y exigencias, tanto por medios alternativos como canalizadas por vías institucionales, lo cual comienza a intensificarse a partir de 2013. En defensa de sus territorios, estos pueblos originarios han intervenido en las zonas mineras para capturar a estos actores ilegales y entregarlos a las autoridades oficiales, lo que ha intensificado la violencia y las disputas. Han sido también impulsados pronunciamientos conjuntos de las agrupaciones indígenas de todo el estado Amazonas al tiempo que varias organizaciones ambientalistas y de derechos humanos han apoyado estas luchas.

Pocas soluciones ha podido ofrecer el Estado venezolano al problema de la minería, mientras este sigue avanzando en la zona. Las organizaciones indígenas del municipio Manapiare afirman que si se ven obligados, defenderán sus territorios con todos sus recursos. Las agrupaciones de los pueblos originarios de todo Amazonas permanecen unidas, ante escenarios futuros que podrían complicar aún más la situación. Organizaciones indígenas han realizado numerosas denuncias, declaraciones y exigencias, muchas de ellas canalizadas por las vías institucionales, lo cual comienza a intensificarse a partir de 2013. La Organización Indígena Yabarana del Parucito OIYAPAM y la Organización Ye´kwana del Alto Ventuari KUYUNU han señalado el auge de la minería ilegal en el río Parucito y han solicitado a las autoridades el desalojo de los mineros en zonas del Bajo y Alto Ventuari. Han sido impulsados pronunciamientos conjuntos de las agrupaciones indígenas de todo el estado Amazonas, llevando también denuncias a la Fiscalía General de la República, la Defensoría del Pueblo, Vicepresidencia de la República, Ministerio de Pueblos Indígenas, Ministerio de la Defensa, Alto Mando Militar de la zona y al Tribunal Supremo de Justicia.    Organizaciones indígenas del municipio Manapiare han advertido que si continúa la actitud de omisión del problema por parte del Estado venezolano, se verán obligados a iniciar acciones en defensa del territorio. Pueblos yabarana, hoti, e’ñepá y wotjuja han intervenido en las zonas mineras intentando retomar sus territorios, capturando a los mineros ilegales y sus maquinarias y entregándolos a las autoridades. En enero de 2016, un grupo de indígenas retuvo en la zona de Majagual a mineros ilegales entregándolos a efectivos militares de la Zona de Operaciones y Desarrollo Integral (ZODI). Esto ha tenido repercusiones dado que se han producido amenazas de muerte contra la comunidad y el líder indígena y presidente de la organización yabarana OIYAPAM, Benjamín Pérez.                                                               Las movilizaciones indígenas han contado con respaldo de diversas organizaciones de derechos humanos y de apoyo a estos pueblos originarios. El Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) ha exigido medidas cautelares en favor del líder indígena Benjamín Pérez y demás miembros de las organizaciones indígenas de base (Coiam, Orpia, Coiba...). GTAI también ha denunciado que el problema está vinculado a la ausencia de demarcación de territorios indígenas, lo cual es una obligación constitucional.

Se hace referencia a una “invasión de mineros ilegales”, en un número importante y que va en crecimiento, aunque no se halló una aproximación de su cantidad en la zona. Resalta el aumento de la actividad en los años 2015 y 2016 sobre todo en el río Parucito y Parú. Denuncias de los pueblos indígenas señalan la existencia para el año 2015 de unas 50 maquinas chupadoras o dragas.

Unas 40 organizaciones de derechos humanos y de apoyo a los pueblos indígenas han señalado la presencia de grupos armados irregulares en la zona, que amenazan a los pueblos indígenas que allí habitan, situación que se ha agudizado desde 2013.

Se ha señalado una situación en la cual integrantes de las fuerzas militares no ejercen un control efectivo en la zona. Además, indígenas de Manapiare han denunciado agresiones de estos cuerpos de seguridad, en nombre de la lucha contra la minería ilegal.