A partir de estos hechos, Carlos Hernández tuvo acompañamiento de Brigadas de Paz (PIB), aún así, siguió recibiendo multiples amenazas, fue encarcelado acusado de quemar la municipalidad de Jocotenango y realizar actividades ilícitas [3].  Finalmente fue asesinado el 8 de marzo de 2013, el mismo día que se iba a realizarse una consulta comunitaria en la aldea de Las Flores [9]. Esta consulta pretendía realizarse para que se reconociera a las comunidades locales como indígenas y así poder proteger su tierra de las empresas hidroeléctricas. La consulta no pudo realizarse porque faltaron los responsables nacionales del Registro de Información Catastral. Según los informes de UDEFEGUA y PIB, la conflictividad en la región desde el 2009 ha ido en aumento [10,8]. El PIB muestra como en sólo durante 6 meses registraron 81 incidentes de seguridad en el marco del acompañamiento a la organización (cinco veces más de los que le afectaron en el semestre anterior) [8].  En junio del 2015 fue asesinado Alfredo Felipe Ramos miembro del CCCND (quien días antes había sobrevivido una tentativa de asesinato).

Según otro informe de PBI, en septiembre de 2014, durante el desalojo violento de una manifestación (en el marco de una huelga nacional), en Comatán, la Comunicadora Comunitaria de CCCND,  Norma Sancir, fue capturada y acusada de “atentado y desorden público” por la Policía Nacional Civil. Norma Sancir había documentado previamente la violación a los derechos de las comunidades Ch'orti por la imposición de proyectos hidroeléctrics en Comatán y Jocotán. Tuvo que pasar cinco días en la cárcel, y ella misma denuncia la criminalización y estigmatización que aún hoy sufre trabajando como periodista [7].  Rosalinda Pérez es de la organización UNAMG y MEJORHA y lideresa de la comunidad Tierra Blanc. Ella fue asesinada en su tienda el día 30 de diciembre por un grupo de hombres [10]. Según la Iniciativa Mesoaméricana de Mujeres Defensoras, el asesinato de Rosalinda "pudo tener el objetivo de detener los procesos organizativos que propician el empoderamiento de las mujeres, pues la mayoría de liderazgos son mujeres". Así mismo lo relacionan con la conflictividad creada por la apropiación de tierras para la construcción de hidroeléctricas en Jocotán [5].

En el informe del PIB, el CCCND denuncia también injustos procesos juciales hacia miembros de su comunidad. Por ejemplo, Agustín García y Timoteo Suchite, quienes forman parte del Consejo Indígena de la comunidad Las Flores, fueron condenados irregularmente en mayo 2014 a 6 años de prisión por homicidio, y su proceso judicial fue detenido. Actualmente, sólo el proyecto El Orégano continúa en Jocotán (empresa Las Tres Niñas, S.A)[7].

El Puente en Jocotán, con una potencia de 26 MW por la empresa de Generación Limpia de Guatemala, S.A., del Grupo Unión Fenosa.

El Orégano en la cuenca del río Grande de Jocotán, con una potencia de 120 MW [4]. El proyecto es desarrollado por la empresa Desarrollo de Generación Eléctrica y Recursos Naturales Las Tres Niñas, que a su vez forma parte de American Trans Group. Este proyecto fue diseñado por el Instituto Nacional de Elictrificación (INDE) en los años 80. La primera empresa en estar interesada fue la Happer en 2005/2006. Sin embargo es la empresa Las Tres niñas quien toma el proyecto en 2008/2009. inversión estimada 250,000,000[2].

El proyecto Caparjá en Camotán de 57 MW de potencia.