Aunque lleva retrasada algunos meses por problemas de diseño y construcción, en la actualidad la represa de Ituango está casi terminada (febrero de 2019) y empezaría a generar energía a mediados de este año. Este proyecto se define como el proyecto hidroeléctrico más grande del país, y tercero en America Latina. La mayor parte del potencial será comercializada dentro del país con perspectivas de exportación hacia el mercado ecuatoriano. El desarraigo de las comunidades por el conflicto armado interno de la región permite a las empresas constructoras y al gobierno planear un desarrollo del territorio sin su población.  En total en el área de influencia indirecta del proyecto se encuentran 60 veredas distribuidas en estos municipios. La localización de la presa es 8 km aguas abajo del puente Pescadero, en la vía a Ituango y aguas arriba de la desembocadura del río Ituango al río Cauca. Según la Empresas Públicas de Medellin (EPM), en el sitio del proyecto el río tiene un caudal medio de 1010 m3/sg. Este proyecto es construido por EPM desde el 30 de marzo de 2011. 

Para el desarrollo de este proyecto se constituyó la Sociedad Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P., que cuenta como accionistas a: EPM (50,7% de las acciones); la Gobernación de Antioquia a través del Instituto para el Desarrollo de Antioquia-IDEA (46,3%) y otros accionistas menores como la Nación, la Hidroeléctrica de Caldas y algunos privados [1]. La sociedad fue constituida como una empresa de carácter mixto en marzo de 2011. Este proyecto requiere la desviación temporal del río Cauca, en la margen derecha, donde se construyeron dos túneles, además de otras obras asociadas a la presa, tales como, vías de acceso, campamentos, líneas de transmisión, y subestación de construcción. En agosto de 2008 el Ministerio de Minas y Energía declaró como bien de utilidad pública e interés nacional los terrenos necesarios para la realización del proyecto [2]. En enero de 2009 se otorga la licencia ambiental. Según el cronograma del proyecto, estaría listo en el segundo semestre de 2018. En este proyecto existe conflicto con las comunidades afectadas por la obra, con los socios minoritarios de la sociedad conformada por el manejo de Hidroituango y con las empresas consultoras que participaron en los procesos de licitación para la construcción del proyecto. Las obras afectaran también los municipios de Santafé de Antioquia, Buriticá, Peque, Liborina, Sabanalarga, Toledo, Olaya, San Andrés de Cuerquia, Valdivia y Yarumal. Las comunidades afectadas por la obra han presentado quejas relacionadas con la violación al derecho a la información, pues no han sido consultadas, al trabajo y a la alimentación ya que se han visto despojados de sus medios de vida, a la equidad puesto que en el marco de las acciones de compensación se han beneficiado personas que no son de la zona, a un ambiente sano, al derecho a la protesta social, al respeto por parte de las autoridades civiles y militares, entre otros. Según Benassaya [3], Ituango responde al reto de reconquista estatal de un territorio en disputa con otros actores ilegales, con el objetivo de explotar masivamente los recursos. Las poblaciones se ven así perjudicadas por la agudización del conflicto y también por el despojo cultural y territorial.  Las comunidades afectadas por el proyecto en los municipios de Briceño, Toledo, Ituango y San Andres de Cuerquia, en el Norte de Antioquia se han movilizado para manifestar su inconformidad con el proyecto. En agosto de 2012 mas de 700 personas marcharon para protestar y desde el 26 de agosto hasta comienzos del mes de septiembre, aprox. 500 personas acamparon en la zona y solicitaron que el proyecto fuera suspendido. Durante esta actividad también denunciaron el atentado contra sus derechos humanos, pues hubo enfrentamientos en la zona. En relación al conflicto con los socios minoritarios, estos han manifestado que Empresas Públicas de Medellín (EPM), socio mayoritario los quiere sacar del negocio pagando poco por sus acciones. Según esto, por una acción que vale $14 se les quiere pagar $1 (El Espectador, Enero 20, 2013). Con respecto a las compañías consultoras, varios consorcios después de conocerse la adjudicación de la obra al Consorcio CCC, interpusieron demandas y tutelas judiciales para suspender la licitación o hacer que EPM, les permitiera conocer sus propuestas o las de los otros y así entender la forma como estas fueron calificadas. En marzo del 2013, ante el riesgo que sufre su derecho constitucional a la protesta y su integridad personal, comunidades afectadas y desplazadas por la hidroeléctrica Ituango se movilizaron a pie desde el norte de Antioquia hasta Medellín. Buscaron un diálogo honesto, directo y propositivo con el Gobernador Sergio Fajardo, con el Gerente de Empresas Públicas de Medellín —EPM— y con representantes de las instituciones y organizaciones con quienes puedan construir una solución definitiva a los conflictos generados por la represa. En abril del 2013, la Secretaría de gobierno se reunió con personeros de municipios impactados por Hidroeléctrica Ituango, presentarles a los funcionarios del Ministerio Público el componente de Derechos Humanos y Víctimas del conflicto armado de la Línea de Institucionalidad que hace parte del Plan Integral Hidroeléctrica Ituango, liderado por la Secretaría, el cual contiene acciones específicas de fortalecimiento a las personerías municipales. En diciembre del 2013, se realizó una misión de verificación de DDHH en Buricá, Antioquia. Encontró graves irregularidades y la presunta comisión de violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades administrativas y policiales que atentan en forma indiscriminada contra las garantías fundamentales de los habitantes de la localidad, a raíz de los desalojos forzados que vienen realizándose en la zona. 

En 2009 comienzan las manifestaciones de la población ante algunos aspectos del proyecto que generaban preocupación, en especial los censos para identificar los afectados, que no se hicieron recorriendo el Cañón del Cauca sino desde el Puente Pescadero.

En 2013 campesinos, pescadores, mineros y arrieros marchan caminando desde municipios como Ituango, Briceño, Toledo y San Andrés de Cuerquia hasta Medellín para exigir ser escuchados. El Gobernador del momento, Sergio Fajardo, se niega a reunirse con ellos y les dice que deben regresar a los municipios para poder llegar a acuerdos. Pasan mas de cuatro meses en el coliseo de Universidad de Antioquia sin ser escuchados por el Gobernador.

En el segundo semestre del año 2018 se generaron nuevos problemas de construcción de la represa por que EPM queriendo acelerar la generación de electricidad aceleró los procesos y dado el alto nivel del agua del río Cauca tuvo que inundar la sala de maquinas generando una alta vulnerabilidad a la obra y atrazándola aún mas. Esta situación ha evidenciado grandes fallas en los diseños [4 ]y en la construcción de Hidroituango y ha motivado el desarrollo de varios estudios que muestran una alta vulnerabilidad geológica con grandes riesgos para las comunidades aguas abajo, hasta el punto que en esa crisis fue declarada la zona en Alerta Roja. En octubre de 2018, el Tribunal Latinoamericano del Agua recomendó realizar el desmantelamiento inmediato de Hidroituango por considerar que la población se encuentra expuesta al riesgo de manera permanente, pero las instituciones nacionales y regionales, así como EPM, siguen ignorando estas recomendaciones [5]. 

Sin avisar a la autoridad ambiental ni a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), en febrero de 2019, cerraron las compuertas dejando al río sin agua durante varios días afectando los peces, la fauna microbiana, la flora y la fauna de la zona, pero también a los pescadores, a la gente que vive del río y al paisaje. Esto ha generado una gran indignación nacional contra Hidroituango y EPM y la protesta de las comunidades de la zona. [6][7]

Hidroituango fue uno de los casos más representativos expuestos durante el periodo 167 de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que tuvieron lugar en Bogotá en el 2018, sobre protección de los defensores de derechos ambientales en la región andina [8].

A pesar de las calamidades sociales y ambientales que ya ha causado el proyecto en su fase de construcción, el 60% de la inversión de Hidroituango proviene de préstamos a plazos de entre 15 y 20 años, por lo que las emergencias ambientales no afectarán el flujo de caja. Entre los financiadores del megaproyecto se encuentran los bancos españoles BBVA y el Banco Santander, que contribuyeron a un préstamo de mil millones de dólares para el proyecto concedido por varios bancos internacionales e inversores institucionales, administrado por BID Invest [9]