La Oroya es una ciudad de alrededor de 33.000 habitantes, situada en la cordillera central de Perú, en el departamento de Junín. Se encuentra a 176 km de Lima y se ubica a 3.750 metros de altitud. Dentro de los propietarios más recientes del complejo de La Oroya se incluyen Centromin, empresa estatal que explotó la fundición de 1974 a 1997, y Doe Run Company, filial del estadounidense Grupo Renco. El complejo metalurgico de La Oroya se caracterizó por procesar cobre extraido de la sierra peruana. Inició sus operaciones en 1922, a cargo de la estadounidense Cerro de Pasco Mining Company hasta 1974, contaminando una extensa área. Desde 1997 es operado por otra empresa norteamericana: Doe Run-Perú, la cual enfrenta un agudo cuestionamiento de parte de la comunidad, debido a la continuidad de la contaminación de dióxido de azufre y metales pesados por las funciones de la refinería y fundición, especialmente los depósitos de materiales como escorias y trióxido de arsénico. La Oroya exporta estos concentrados.  Este centro metalúrgico procesa los diversos minerales extraídos de las minas vecinas, para la obtención de productos puros cuyo valor comercial es mucho mayor. Debido a que la actividad metalúrgica es la principal fuente de empleo de la población de La Oroya desde hace casi un siglo, esta ha estado expuesta a altos niveles de contaminación del aire debido a las emisiones tóxicas del complejo que incluyen plomo, cadmio, arsénico y dióxido de azufre. A mediados del 2000 La Oroya fue identificada como una de las 10 ciudades más contaminadas del mundo. Estudios realizados en el sitio, señalan que el 97% de los niños y niñas de entre 6 meses y 6 años, y el 98% de los infantes que tienen de 7 a 12 años, presenta aún hoy niveles elevados de plomo en la sangre. El porcentaje llega al 100% en La Oroya Antigua, la zona de la ciudad más próxima al complejo (Fondo Internacional de los Derechos Humanos, 2013). Debido a que la empresa privada como el Estado peruano han incumplido sus obligaciones para prevenir el impacto ambiental y respetar los derechos humanos de la población de La Oroya, en el año 2005 la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y otras organizaciones solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas de protección para las personas cuya salud estaba en grave riesgo por la contaminación en la ciudad. En agosto de 2007, la CIDH ordenó al Estado la adopción de medidas para proteger la salud, integridad y vida de un grupo de residentes de La Oroya. Algunos padres de niños y niñas afectados y que cuentan con altos niveles de plomo en la sangre han intentado interponer una demanda de reparación colectiva en Estados Unidos, sede de la empresa Doe Run parte del Grupo Renco. Los diversos estudios que se han realizado y que dan cuenta de los efectos de la actividad metalúrgica en la salud de los habitantes de La Oroya, muchos de ellos consideran que los medios de comunicación han realizado campañas de desprestigio de la ciudad por lo que esta es considera actualmente como una de las 10 más contaminadas del planeta. En este sentido, parte de la población considera que la contaminación y la emisión de gases han disminuido, defendiendo la actividad de la empresa debido a que es la principal fuente de empleo; sin embargo, hay otros pobladores que señalan que los daños producidos por esta actividad son irreversibles porque las montañas y ríos se encuentran contaminados. En el año 2009 el gobierno decidió paralizar las operaciones del complejo metalúrgico de La Oroya, por incumplimiento financiero y ambiental de su operador, la estadounidense Doe Run.