El proyecto para construir la presa de La Parota, a lo largo del río Papagayo en el estado de Guerrero del Sur de México, se introdujo por primera vez en 2003. Bajo la responsabilidad de la Comisión Federal de Electricidad mexicana (CFE, que ha estado mirando el río Papagayo desde la década de 1970), el proyecto dañaría permanentemente la biodiversidad de los municipios de Acapulco, Juan R. Escudero y San Marcos. Los residentes locales, que sufrirían las inundaciones y la pérdida de sus tierras y hogares, comenzaron una larga lucha para defender su territorio, organizando manifestaciones de protesta y obstáculos. En 2004, las comunidades afectadas crearon el Consejo de Propietarios y Comunidades de Tierras Comunales contra la construcción de La Parota Dam (CECOP). Se unieron a las fuerzas con Mapder, el movimiento mexicano de las personas afectadas por la presa, y mantuvieron numerosas protestas y otras actividades para registrar su oposición a la presa. Varias protestas se encontraron con una violenta represión policial, lo que resultó en dos muertes y violó los derechos de las comunidades afectadas. El CECOP también comenzó una batalla legal para denunciar públicamente problemas e irregularidades vinculadas a su implementación. Denunciaron cómo la Comisión Federal de Electricidad intentó obtener la aprobación del proyecto mediante la celebración de consultas falsas y evitando la asistencia por parte de los que se oponen a la presa. En enero de 2006, un tribunal mexicano declaró que algunas de las reuniones de consulta en poder de la Comisión Federal de Electricidad no eran válidas. |