En agosto de 2007, se presentó a la opinión pública el proyecto de la Línea 12 del metro de la Ciudad de México, también conocida como la “línea dorada”, cuya principal motivación era mejorar el traslado de habitantes de la región oriente y suroriente de la ciudad hacia el centro de la misma. El entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), Marcelo Ebrard, resaltó que, por su lejanía, esa parte del Distrito Federal se ha visto negada a las inversiones y se ha convertido en ciudad dormitorio, por lo que el enlace permitiría mayor actividad económica, proceso que mencionó, se cuidaría que fuera ordenado. Sin embargo, cabe señalar que Tláhuac aún cuenta con amplias zonas agrícolas donde se produce un importante porcentaje de los alimentos que se consumen en la región. Así, la agricultura y la ganadería ocupan una proporción significativa de las actividades de la población que habita la zona rural de la delegación, resaltando la gran importancia en la producción doméstica de alimentos [1]. Y es que, la nueva línea de metro es parte de un proyecto de urbanización contenido en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Tláhuac, que fue aprobado en agosto de 2008. Éste autoriza la terminal de la Línea 12 del metro con un centro comercial en el ejido Tlaltenco, con un área de 57 hectáreas -superficie totalmente desproporcionada pues cabe 9 veces el paradero del metro Universidad o 22 veces el del metro Taxqueña-. Se aprueban, además, dos vialidades primarias que interconectan la terminal del metro, cuyo trazo de conexión cruza las zonas de humedales al lado de la laguna de Tláhuac, donde cada invierno llegan cerca de 20 mil aves migratorias. Además del área para la terminal, se traza un polígono de actuación de 140 hectáreas más, que permite la construcción de supermercados, hospitales, universidades, cinetecas y otros servicios urbanos. Asimismo, el Bosque de Tláhuac y el centro de educación ambiental se integran en un mismo polígono a la zona chinampera de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, denominándolo “corredor ecoturístico”, en el que se autorizan usos de suelo tales como centros ecoturísticos, jardines botánicos, club campestre, entre muchos otros. Finalmente, el programa delegacional de Desarrollo Urbano autoriza el cambio de uso de suelo de la Sierra de Santa Catarina, anteriormente de conservación. 267 hectáreas quedan disponibles para los proyectos que el GDF pretende construir: un reclusorio, una academia de policía y un centro de reciclaje [1]. La nueva línea del metro es entonces, la vía de acceso que permite la expansión de la mancha urbana. Con una inversión de 17 mil 583 millones de pesos, la construcción de la Línea Dorada estaría a cargo de un consorcio integrado por las empresas Alstom México, Ingenieros Civiles Asociados (ICA) y Carso Infraestructura y Construcción (CICSA) [2]. El tren tendría una longitud de 24.5 kilómetros y comprendería 20 estaciones. Gracias a la presión de diversas organizaciones de ejidatarios e incluso grupos vecinales de apoyo de colonias como Chapultepec y las Lomas, campesinos de Milpa Alta y Tláhuac organizaron mesas de diálogo a las que asistieron integrantes del gabinete económico de la administración de Marcelo Ebrard antes de que iniciara la construcción. La meta de las mesas de diálogo era evitar que el trazo de la Línea 12 llegara hasta la zona rural de Tláhuac y la expropiación de terrenos ejidales. Eduardo Farah, coordinador del Comité Ciudadano Chapultpeec-Polanco y ecoactivista, recordó que antes de que iniciara la construcción de la terminal de la Línea Dorada se sugirió al exjefe de Gobierno desarrollar en ese espacio un huerto orgánico de alta productividad y parar la construcción de la Línea 12 hasta la colonia Mexicaltzingo en la delegación Iztapalapa. Otra de las opciones que sugirieron al jefe de gobierno fue la construcción de una línea de Metrobús, que hubiera provocado menor impacto ecológico en la zona. Sin embargo, Miguel Valencia – experto en movilidad e integrante de la Red de Defensa de la Ciudad de México- denunció que el pueblo no había sido escuchado y fue atiborrado de información que no les interesaba como “de qué tamaño eran las tuercas que se le pondrían al Metro y el grueso”, por lo que dichas mesas de diálogo fueron repudiadas por los campesinos [3]. Ante las amenazas de expropiación y desalojo para dar inicio a las obras, algunos ejidatarios de San Francisco Tlaltenco, manifestaron su inconformidad por los 600 pesos que el GDF ofrecía por metro cuadrado y por los cheques sin fondos con los que les pagaron sus tierras, mientras que los ejidatarios que se oponían definitivamente a la venta del ejido, integrados en el Frente Rural del Sur en Defensa de la Tierra, iniciaron acciones de resistencia al instalar a principios de julio de 2008, una guardia en el predio Terromotitla, donde se construiría la estación Tláhuac y los talleres de la Línea Dorada, y advirtieron que evitarían que trabajadores y maquinaria ingresaran a realizar labores [4]. El presidente del frente expresó: “El gobierno está en un error al considerar que entablar diálogo con el comisariado ejidal, Juan Carlos Leyte, es llegar a un consenso con los 120 campesinos afectados; Leyte sólo es el representante, y si no existe el consenso no venderemos”. Los ejidatarios, reiteraron que la negativa a vender sus tierras es para evitar que siga la deforestación y el crecimiento irregular de la mancha urbana. Expusieron que el trazado de las últimas cinco estaciones de la línea: Tláhuac, Tlaltenco, Zapotitlán, Francisco Villa y Olivo, se edificarán sobre terrenos agrícolas y ello no sólo afectaría la disponibilidad de agua para los habitantes del sur y oriente de la Ciudad y valle de México, sino que aniquilaría la zona lacustre de la delegación y, en consecuencia, los ingresos de miles de familias que viven de la agricultura y turismo. Afirmaron que la defensa de las tierras, por parte de canoeros y ejidatarios, no significa una oposición a la construcción de la línea dorada, sino a la ruta del proyecto [5]. Campesinos de San Salvador Atenco, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra se unieron a la marcha que realizaron los ejidatarios de los siete pueblos de Tláhuac a mediados de julio de 2008, donde participaron 5 mil campesinos que dijeron ser defensores del agua, bosques y chinampas del proceso urbanizador que provocará la línea de transporte sumamente publicitada por el GDF [6]. Con las máquinas en las calles, los contratos firmados y con una inversión multimillonaria, el GDF reconocía en septiembre de 2008 que sólo había adquirido 48 de las 174 parcelas en Tlaltenco y Terromotitla, lo cual explica la enorme presión sobre los ejidatarios y campesinos que aún no habían sido convencidos o que simplemente se oponían al proyecto: integrantes de la oposición denunciaron haber recibido amenazas de muerte y haber enfrentado un fuerte proceso de intimidación y división [2]. En noviembre del mismo año, granaderos iniciaron la ocupación del predio de Terromotitla mientras que los inconformes comenzaron a encender fogatas con llantas y colocar algunos objetos a manera de barricadas [7]. Un mes después del operativo policiaco, todavía había cinco familias que se resistían a dejar sus tierras y permanecieron encerrados dentro del perímetro de alambrado de púas colocado y custodiado por autoridades locales [8]. Esto resultó en otro impresionante dispositivo policiaco cuyos excesos fueron denunciados en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y donde 20 manifestantes, integrantes del Frente de Pueblos del Anáhuac fueron detenidos para posteriormente ser liberados, una vez que habían sido aseguradas las tierras para la terminal y talleres en Tláhuac [1]. En octubre de 2012, seis meses más tarde de lo planificado, se inicia el funcionamiento de la Línea Dorada, que alcanzó a ser utilizada por 400 mil pasajeros [9]. A finales de marzo de 2014, se anunció el cierre parcial de la Línea 12 del Metro por supuestas fallas técnicas y estructurales. Esto sirvió de regocijo para la oposición política, y legisladores panistas catalogaron el proyecto como el “mayor fraude en la historia de la ciudad de México” pues se expuso que la obra que costó más de 25 mil millones aún seguía con problemas, como la falta de indemnización a ejidatarios y su inutilidad por fallas en la construcción [10]. Las fallas en la Línea 12 llevaron a tres exfuncionarios a enfrentar un proceso judicial. En 2015, los ejidatarios de la delegación de Tláhuac denunciaron penalmente a Marcelo Ebrard por tráfico de influencias, abuso de autoridad, daño patrimonial y ambiental, así como enriquecimiento inexplicable, por las afectaciones que sufrieron por la edificación de la Línea 12 del Metro. Tras imponer la denuncia, los ejidatarios acompañados por 200 habitantes de colonias aledañas, se manifestaron frente a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal [11]. 20 meses después del cierre, la Línea Dorada reabre todas sus estaciones [12] y comienza obras de ampliación de la línea hacia el poniente de la ciudad para conectar Mixcoac a Observatorio [13].