En 1993, el Gobierno de Belice comenzó a otorgar concesiones de tala en el territorio maya a empresas extranjeras sin consultar con las comunidades indígenas (Yucatec, Mopan y Q'eqchi 'Maya) ni comunidades afrodescendientes (Garífuna). 0 0 En 1996, el Ministerio de Recursos Naturales otorgó a Atlantic Industries (una Corporación Malasyan Timber) para registros de más de 200,000 hectáreas de selva tropical en el distrito de Toledo. Después de la concesión, el Consejo Cultural Toledo Maya (TMCC) (que representa a 37 comunidades indígenas mayas) presentó un reclamo en la Corte Suprema de Belice. Como resultado del fracaso de los litigios nacionales, las comunidades mayas presentaron una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (IACHR) en 1998. 0 0 El IACHR resuelve que "El Estado de Belice había violado los derechos de las comunidades mayas a la propiedad al no reconocer su derecho de propiedad comunitaria a sus tierras y territorios ancestrales" y recomendó al gobierno "delimitar, demarcarse y titular el territorio a través de una consulta previa gratuita, informada y previa, y abstenerse, hasta entonces, de cualquier acto que pueda afectar este territorio ”en el Tribunal Nacional, el caso no ha sido resuelto y el Gobierno de Belice continúa otorgando concesiones no solo por madera sino también para la explotación de petróleo en los territorios mayas. 0

Además, se han construido otros proyectos como un aserradero y una carretera pavimentada en el bosque.

Las personas locales demanda de participar en la toma de decisiones y ser reconocido como objeto de derechos.

En 2000, el gobierno y las comunidades mayas firmaron los "diez puntos de acuerdo" para reconocer los derechos mayas de sus tierras y recursos tradicionales. Esos acuerdos han sido ignorados por el estado.

Alrededor de diecisiete concesiones para iniciar sesión en tierras por un total de aproximadamente 194000 hectáticas en el distrito de Toledo (Southern Belice)