En julio de 1990, al amparo de las concesiones madereras otorgadas por el gobierno que declaraba a los bosques de libre disponibilidad, la Dirección Forestal de San Ignacio firma contratos de extracción maderera con personas privadas que debían extraer la madera para su aprovechamiento personal; sin embargo éstas cedieron sus derechos a la empresa maderera INCAFOR.

La población de San Ignacio constituye el Comité de Defensa de los Bosques . Junto a los ronderos se dedicaron a preservar los bosques de la tala indiscriminada. El 26 de junio de 1992, el comité elige a su nuevo presidente. Casualmente el mismo dia, las instalaciones de INCAFOR sufren un atentado del cual son injustamente acusados los dirigentes del Comité. Al dia siguiente, trece de ellos son arrestados por la policía que estaba en estado de ebriedad y los acusa de terrorismo y los tortura. Posteriormente, ya libres, varios de los acusados fallecerán a consecuencia de las torturas porque ninguno salió sano de la cárcel. A pesar de las protestas, los trasladan a Chiclayo, al penal de máxima seguridad de Picsi, en donde se encuentran los acusados de terrorismo. En un primer momento, el Juzgado de Instrucción de Chiclayo no encontró responsabilidad en los 10 detenidos (tres no fueron habidos), pero la empresa INCAFOR ejerció presión y un fiscal “sin rostro” (de esa época de violencia de Sendero Luminoso) solicita una pena privativa de libertad por treinta años para todos ellos. Ya en Picsi, el entonces jefe de la policía del lugar, el hoy Coronel en retiro, César Coquis Coz, ordena torturar a los detenidos buscando que se autoinculpen. Finalmente, en marzo de 1993, gracias a las acciones tomadas por los familiares de los detenidos y la intervención nacional CNDDHH, el Obispo Izuzquiza, e internacional, la prensa nacional y tras ocho meses de detención, el Tribunal Superior determina la libertad y absolución para todos. El Tribunal dejó claro que la investigación policial había sido falsa; el fiscal “sin rostro” fue destituído. Amnesty International los declaró “Presos de conciencia” en 1993.     No obstante el dictamen de libertad, continuó el acoso de los dirigentes. La policía nuevamente ordena su captura (radiograma policial N1022 DP), los arresta y debe de liberarlos ante la protesta del pueblo de San Ignacio aduciendo que se trataba de un “error”.

El Poder Judicial inició un juicio contra el coronel Coquiz Coz pero fue absuelto por las Leyes de Amnistía 26479 y 26492 dictadas para librar de la persecución a los miembros del escuadrón de la muerte “Grupo Colina”. Bajo protestas, fue nombrado en 2006 Vicepresidente del Instituto Nacional Penitenciario. Hoy, la Municipalidad Provincial de San Ignacio ha retirado “Ecológica” de su escudo. Pero sin embargo, este año 2016, el Gobierno Regiónal de Cajamarca emite el Acuerdo Regional 018-2016 declarando y reconociéndoles la labor heroica de esos defensores del ambiente.