Por la histórica ocupación de estas tierras, los Toupán tienen un título colectivos que data de 1864. El 28 de diciembre de 1998 se reconoció específicamente los derechos de propiedad de una de las 31 tribus, San Francisco de Locomapa[1].

Actualmente, existe una oposición fuerte hacia la explotación minera de antimonio, ante la llegada en 2009 de la empresa hondureña, Minerales La Capa, y  a la puesta en marcha del nuevo Plan de Manejo Forestal (B13-41-004-19994-11), en donde el Estado de Honduras faculta a empresarios madereros a explotar los bosques situados sus territorios. Así mismo, también se han opuesto a la construcción de hidroeléctricas en sus tierras ancestrales; entre ellas  La Vegona y La Quipúa, que tienen la licencia de explotar sus ríos [4].

Ninguno de los proyectos de desarrollo de gran escala ha cumplido con el debido proceso de consulta previa con la población. Para mostrar su oposición, denuncian a través de la radio y cortes de carretera , lo que para ellos es una “explotación ilegal de poderosos intereses mineros y madereros”. En julio de 2012, los Toupán enviaron una carta abierta al Ministerio de Justicia y a la Secretaria de Pueblos Indígenas denunciando las  acciones de un maderero local.

Como respuesta las instituciones del gobierno junto con los empresarios que realizan o quieren realizar las actividades extractivas, han criminalizado y secuestrado arbitrariamente a líderes y lideresas a aquellos que están“obstaculizando el desarrollo del nuevo Plan de Manejo”.

El 8 de marzo de 2010, la fiscalía sacó la orden de procesar a ocho indígenas. Después de más de cinco años de procesos judiciales, absuelve a los acusados por considerar legales las manifestaciones.

Miembros de la comunidad decidieron montar un bloqueo carretero, permitiendo el tráfico local, pero deteniendo a los vehículos mineros y madereros ilegales.

El domingo 25 de agosto de 2013, en el 12vo día de una serie de bloqueos a vehículos de de la mina y a madereros ilegales, tres indígenas Tolupán fueron asesinados con arma de fuego, en Locomapa, Yoro. Testigos aseguran que los asesinatos fueron cometidos por dos hombres locales bajo las órdenes empresarios mineros. Según la población local, los presuntos perpetradores viven en una comunidad cercana y son miembros corruptos del consejo indígena: María Enriqueta Matute, Armando Fúnez Medina y Ricardo Soto Fúnez,  habían recibido previamente amenazas. La comunidad y las organizaciones defensoras de derechos humanos están pidiendo justicia en el caso. Muchos otros miembros de la comunidad han sido amenazados por los mismos hombres [2].

Un año después, las amenazas y la criminalización continuó en la zona como así denuncian mujeres indígenas en este video (ver video https://www.youtube.com/watch?v=kOprcnC8Tos 8 sept 2014), pese a que la CIDH solicitó al Estado hondureño la protección a 18 miembros de la comunidad y a sus familias (38 personas en total).

. Después de esos tres asesinatos, mujeres como Consuelo Soto y Merami Ramírez reclaman que encarcelen a los sicarios que los mataron, al mismo tiempo que denuncian las amenazas que ellas mismas reciben por pedir justicia: “si sigo hablando mi vida van a poner en peligro, me dijo la mujer de un sicario” (testimonio de Consuelo Soto). Según José María Pineda, miembro de las comunidades “la explotación del antimonio sólo nos deja enfermedades, pulmonías, y cáncer de pulmón”.

El 18 de junio de 2015, fue asesinado otro activista de la comunidad Brisas de Locomapa, Erasio Vieda Ponce.

El 30 de junio de 2015,  7 miembros de la tribu de San Francisco Locomapa que tienen medidas cautelares desde los asesinatos del agosto del 2013,  emprendieron una huelga de hambre frente a Casa Presidencial, exigiendo la instalación de una Comisión Internacional contra la Impunidad.

Luis Reyes Marcía, miembro del pueblo Toupán y su familia , tuvieron que salir de su territorio (6 meses) por ver peligrar su vida debido a las amenazas que recibieron al oponerse tanto a la tala del bosque como a los proyectos mineros. Unos meses después de su regreso, el 5 de abril de 2015, Luis Reyes Marcía fue asesinado. Luís era esposo de Vilma Consuelo Soto quien actualmente tiene medidas cautelares por oponerse también a los proyectos extractivos. Él y su esposa habían presentado una denuncia recientemente ante la policial de la comunidad de Ocotal, debido a nuevas amenazas [1]. Pese a su solicitud, este caso sigue sin ser investigada.

Según la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), a pesar de las numerosas denuncias presentadas ante las autoridades judiciales y la Comisión internacional de DDHH, la situación de impunidad y de alta vulnerabilidad de la comunidad sigue igual.

Asimismo, las organizaciones sociales  señalan que en los últimos 20 años, los Tolupanes han sufrido actos de “violencia sistemática” que ha cobrado más de 50 vidas, sin que se hayan investigado eficientemente los numerosos crímenes. Otras personas que viven en el territorio también han tenido que salir ante las amenazas. El MADJ asegura que los indígenas huyeron de sus territorios ante la alta probabilidad que tras la muerte de sus hermanos y hermana indígena, ellos podrían correr la misma suerte.   

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