A partir de la reforma energética, promovida por el gobierno mexicano en 2013, la exploración y extracción de hidrocarburos en México, pasó de ser actividad exclusiva de la paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX), para abrirse a inversiones de capitales privados. Estos nuevos esquemas legales de licitaciones para la participación de empresas privadas fueron llamadas Rondas. La Ronda 0 correspondió a los campos para la exploración y producción de gas y petróleo para PEMEX (dentro de los cuales se puede asociar con empresas privadas) y las rondas 1, 2 y 3 estٞan dirigidas a empresas privadas de capital nacional o extranjero [1]. Para enero del 2021 se habían adjudicados 107 contratos de exploración y extracción de hidrocarburos en México (38 en la Ronda 1, 50 en la Ronda 2 y 16 en la Ronda 3), de los cuales 48 son en áreas terrestres; 31 en aguas someras y 28 en aguas profundas. Existen 73 empresas de 20 países distintos con contratos vigentes dentro de las cuales se encuentran los principales grupos petroleros a nivel mundial (BHP, Chevron, Shell, Total, Exxon mobil etc) [2] (ver mapa 2 en banner). En el territorio del pueblo indígena Zoque, en el norte de Chiapas, esas Rondas se volvieron una amenaza directa por el medio de la Ronda 2.2, que la Comisión Nacional de Hidrocarburos abrió en agosto del 2016 para la concesión de doce bloques (nueve en la Cuenca de Burgos entre Tamaulipas y Nuevo Léon) y tres en la Cuencas del Sureste (dos en Chiapas y uno en Tabasco) [3]. En Chiapas el bloque 10 estaba previsto sobre 42 mil 600 has, de los municipios de Tecpatán, Francisco León y Ostuacán, con la finalidad de obtener aceite super ligero y gas húmedo, mientras que el bloque 11 sobre 41 mil 900 ha de Chapultenango, Ixtacomitan, Ixtapangajoya, Pichucalco, Solosuchiapa, Sunuapa y Teapa (Tabasco), para obtener aceite ligero y aceite superligero. Son en total de 84,500 ha de tierras de nueve municipios del norte de Chiapas amenazados por la extracción de gas natural mediante el despojo y contaminación ambiental del territorio Zoque [4] [5]. El anuncio de la Ronda 2.2. motivó a las comunidades del norte de Chiapas en conformar el Movimiento Indígena del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y el Territorio (ZODEVITE), aglutinado por indígenas católicos y campesinos del territorio. Los Zoques son pueblos con 3,500 años de presencia en el noroccidente de Chiapas, donde resguardan espacios simbólicos como Piogba Cotzak (Volcan Chichonal) y el cerro de Ipstejk (Viente casas, hoy Reserva de la Biósfera El Ocote). El ZODEVITE fue inspirado por la encíclica del Laudato Si del papa Francisco, promovida por la Pastoral Social de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, para emprender la defensa de la casa común–la tierra– que se entrecruzó con la acumulación de agravios históricos propiciados por el gobierno, deterioro de las condiciones de vida de la población, impactos de cambio climático y por otro, procesos de revalorización de la identidad étnica como ejes que detonaron el movimiento frente a la amenaza de la ronda petrolera [4]. El proceso de lucha del ZODEVITE está justificado por los graves daños ambientales, económicos y culturales que podría provocar la instalación de los 12 pozos petroleros previstos. Uno de los principales posibles impactos es el uso excesivo del agua (se calcula que cada pozo requiere 20 millones de litros de agua) y posibles contaminación de manantiales y arroyos (un total de 16 arroyos y 4 manantiales de las comunidades Zoques estٔán en riesgo) [4] [5]. Otro riesgo es la contaminación de suelo y del aire y que los cambios en el uso de suelo del territorio, ya que actualmente las tierras están dedicadas a la actividad agrícola y de conservación ambiental, por lo que al instalarse los pozos petroleros pasarían a uso industrial. Eso pondría en riesgo la soberanía alimentaria de las comunidades de la región y generarٕía graves desequilibrio ambientales y sociales (cambios en las actividades tradicionales, problemas de salud desplazamientos migratorios, etc) [4] [5]. El ZODEVITE ha realizado múltiples marchas y movilizaciones de protesta como la del 22 de junio del 2017 en Tuxtla Gutiérrez o la del 24 de marzo del 2018, en el municipio de Francisco León en ocasión del 36 aniversario de la tragedia de la erupción del Volcán Chichonal, que reunió a más de 4 mil personas de 49 pueblos Zoques [5] [6]. Han denunciado también las irregularidades en los procesos de pseudo consultas realizado por la SENER por el hecho que no se han consultado a todas las comunidades afectadas (solo se consultó a los agentes rurales); que durante las consultas no se presento la MIA; y que las comunidades hablantes Zoques no han tenido traductores en su propio lengua. Esas practicas bastante común en los procesos de consultas en México, que siempre son engañosas y realizadas bajo presión, son una clara violación al derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas y a la consulta libre, previa, informada, de buena fe y culturalmente adecuada que garantizan los artículos 6 y 7 del Convenio 169 de la OIT firmado por México [4] [7]. Frente a eso las comunidades decidieron hacer su propias "autoconsultas" por medio de asambleas comunitarias, sin intervención gubernamental, organizadas por los propios pueblos afectados y expresadas en la lengua local. Esas autoconsultas, realizadas entre octubre de 2016 y febrero de 2017, se hicieron en el 100% de los barrios de todas las comunidades de los nueve municipios zoques y cada comunidad firmó un acta de rechazo a la extracción de hidrocarburos, declarándose territorios libres de proyectos extractivos [4] [5] [8]. Ante esta movilización, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) decidió excluir, en julio del 2017, los bloques 10 y 11 bajo el argumento de no haber logrado realizar las consultas a las comunidades indígenas de las 10 municipalidades afectadas, en términos del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) [5] [9] [10]. La lucha del ZODEVITE no se limita sin embargo a esos bloques de la ronda 2.2 ya que incorporó en su repertorio otras demandas frente a otras amenazas territoriales existentes en la región. Exigen por ejemplo el retiro de la minera Frisco, propiedad de Carlos Slim, en Solosuchiapa y la cancelación de las siete concesiones mineras vigentes (superficie total de 19,734 ha) y de la asignación minera de 1900 ha de Servicio Geológico Mexicano (SGM). Luchan también por tarifas preferenciales de energía eléctrica, promover la iniciativa ciudadana de una nueva ley general de aguas en México, la suspensión de proyectos hidroeléctricos en varios ríos de la región, y de proyectos geotérmicos y turísticos (geoparque) en el Volcán Chichonal. Para eso, las asambleas comunitarias fueron espacios de reflexión, articulación y de poder comunitario desde donde se tejieron la identidad del movimiento y las demandas [4] [5] (ver también mapa 1en banner). Por ahora, el gobierno mexicano (2021) mantiene dentro de su plan energético la ampliación de extracción de gas y aceite en el territorio zoque, sobre un total de 100,000 hectáreas, por lo cual, el proyecto de la ronda petrolera se encuentra temporalmente suspendido. (See less) |