En 2008, el proyecto Diquís se declara de conveniencia nacional en el marco de ilegalidades como no tener un EIA aprobado, denuncias comienzan relacionando este proyecto como parte del Plan Geopolítico Plan Puebla Panamá (PPP) y alegan que la electricidad ni siquiera sería para el pueblo costarricense.
Para el proyecto Diquís, los estudios técnicos comenzaron sin previa información y consulta de los pueblos indígenas, violando así la legislación costarricense y el Convenio 169 de la OIT (firmado por Costa Rica desde 1993). Se trata pues de un conflicto que afecta a pueblos indígenas.
El Frente de Lucha por la Defensa de los Derechos Indígenas Térraba que junto con otras organizaciones redactaron una petición para la visita de James Anaya, Relator de la ONU quien llegó al país en el 2011 y señaló como un error comenzar los estudios técnicos sin un proceso de consulta adecuado y recomienda la necesidad inmediata de llevar a cabo este proceso bajo el consentimiento previo, libre e informado.
El ICE no dispone de EIA por la Secretaría Técnica Ambienta (SETENA), tampoco ha comenzado el proceso de consulta siguiendo los procedimientos del Derecho Internacional por lo que está detenido.
Este conflicto además se desarrolla en un marco de una crisis de representatividad indígena pues el Estado reconoce a la Asociación de Desarrollo Integral como una figura legítima y los indígenas se rigen bajo la figura de un Consejo de Ancianos. Además, estas zonas históricamente han estado en conflicto por tenencia de la tierra entre indígenas, no indígenas y el Estado por lo que es necesario solucionar este asunto antes de pasar a tomar decisiones sobre reasentamientos y/o indemnización producto del proyecto Diquís.
Junto al proyecto El Diquís se suman 18 proyectos de capital privado en los Ríos de la Zona Sur de Costa Rica lo que ha llevado a la conformación otros movimientos sociales en contra de la expansión hidroeléctrica.
Uno de los principales impactos del Diquís se da sobre el Humedal Nacional Térraba-Sierpe, uno de los humedales más grandes del Pacífico centroamericano. Incluye el 40% de las áreas de manglares de Costa Rica. El Proyecto tiene un potencial efecto sustancial sobre el balance de lodos, agua dulce y salada que podría tener serios impactos sobre estas zonas de manglares de los cuales depende la calidad de vida de pequeños pescadores, extractores de moluscos y otras actividades relacionadas al ecosistema.
Por estas razones, el Frente Nacional por la Protección de los Humedales, desde el año 2010 realizan una campaña para concientizar a la opinión pública nacional sobre la importancia de los manglares para el bienestar y sostenibilidad del desarrollo regional y nacional. Organiza conciertos y diversas actividades de sensibilización aprovechando la atención que reciben los humedales por el conflicto transfronterizo con Nicaragua que involucra el Humedal Caribe Noreste. Parte de la argumentación de que se utiliza es que Costa Rica debe tener consecuencia con la protección de estos ecosistemas si desea manetenr su argumentación por la conservación del humedal transfronterizo.
Uno de sus miembros, la Fundación Neotrópica, ha sido protagonista mediante investigación acción participativa de la aprobación con apoyo comunal del plan de manejo para el humedal y de su implementación participativa. Se espera que esta herramienta legal de manejo proteja al humedal de los potenciales impactos del proyecto y sea vinculante para la consideración de su estudio de impacto ambiental el cual se encuentra hoy en análisis.
Actualización:
En noviembre del 2018 el gobierno de Costa Rica cancela la construcción del proyecto. La razón que se alega es " un elevado costo y razones de mercado" sin embargo el cierre implica una gran victoria para las comunidades indígenas que por más de 10 años han estado luchando para la defensa de sus territorios que serían inundados.
Keywords: indigenous people, Convention 169, hydroelectricity
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