En el cerro se encuentran bosques que son el hábitat de perdices, guacamayas y loras, y hogar de guaguas, zainos, tatabros, armadillos, conejos, pavones, pavas, cerdos salvajes y micos, que también conforman la dieta de estas comunidades, complementada con maíz, plátano, arroz y yuca que siembran en sus suelos.

Aunque desde mediados de 1970 se tiene registro de intenciones diversas para realizar minería en el Cerro Careperro, fue hasta el año 2005 que la minera estadounidense Muriel Mining Corporation, filial de Rio Tinto, obtuvo la concesión para realizar exploración minera allí con vigencia de 30 años y prorrogable por otros 30 más, como parte del proyecto Mandé Norte. Dicho proyecto, buscaba la realización de minería a cielo abierto en un área de 16.000 hectáreas para la obtención de oro, cobre y molibdeno, así como otros metales asociados.

En el área concesionada para este proyecto habitan 12 comunidades indígenas Embera, de aproximadamente 270 familias, siendo los más importantes, los resguardos de Urada Jiguamiandó, Río Murindó y Chajeradó. También se verían perjudicadas varias comunidades afrodescendientes que habitan en la ribera baja del Jiguamiandó.

Sin embargo para la obtención de la concesión de exploración la compañía MMC adelantó consulta previa solo con una de las comunidades y consistió en un proceso corrupto en el que se engañó a las comunidades y se les dio prebendas a los líderes indígenas para lograr su falsa aprobación del proyecto, irrespetando el principio de representatividad y de consentimiento pleno. Lamentablemente este proceso contó con la aprobación y complicidad de la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia.

Con permiso en mano, la compañía llegó a uno de los resguardos, escoltada por 300 efectivos del Ejército Nacional. Construyeron 3 helipuertos en territorio de los resguardos indígenas, talaron 3 hectáreas de bosque para construir sus instalaciones y se dispusieron a subir al cerro para hacer los trabajos de prospección, lo que ocasionó impactos sociales y ambientales fuertes entre la comunidad como divisiones, señalamientos, amenazas, interrupción de las actividades agrícolas y de caza e inclusive suicidio de algunos miembros de la comunidad que temieron que la irrupción al cerro despertara la furia de los espíritus.

Las comunidades no tardaron en manifestar su rechazo y deslegitimar el proceso de consulta previa que supuestamente se había realizado. Lanzaron entonces una alerta para solicitar apoyo nacional e internacional, logrando que otros grupos indígenas de Latinoamérica y organizaciones sociales y ambientales nacionales e internacionales llegaran hasta el lugar para impedir la entrada de los trabajadores de la compañía y disuadir al ejército de abandonar la zona.

Hicieron una consulta interna, en la que votaron desde niños y niñas hasta los mayores de todas las comunidades. El resultado de la consulta interna arrojó un resultado determinante de oposición al proyecto y por esto las comunidades subieron al cerro e hicieron ritos espirituales al lado de los campamentos mineros.

Con apoyo de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, las comunidades presentaron cientos de tutelas y una acción popular de medidas cautelares amparados en el acuerdo 169 de la OIT, que fue definida en última instancia por Corte Suprema de Justicia en octubre de 2009. El fallo de la Corte, además de exigir el cese de actividades, les ordenó al Ministerio del Interior rehacer trámites para formalizar una consulta previa extendida a todas las comunidades y al Ministerio de Ambiente culminar estudios sobre el impacto ambiental que pueda producir el proyecto.

A pesar de la determinación de la Corte, la empresa continúa interesada en dar comienzo al proyecto, a la espera de que los ministerios adelanten los procesos mandatados en el fallo. Las comunidades amenazan con tomar medidas más drásticas si vuelve la exploración minera y han adelantado también acciones de incidencia internacional.

La perforación exploratoria se iniciaría de acuerdo a lo estipulado en el proyecto en la zona de La Rica, la cual muestra el mayor potencial geológico, con un campamento central ubicado cerca de la confluencia de la quebrada la Rica con el río Coredocito. Se contemplan cinco perforaciones con profundidades entre 300 y 500 metros, para un total de 2000 metros de perforación. Se utilizará un equipo de perforación de mediana capacidad el cual será transportado preferiblemente por helicóptero. El desplazamiento del taladro a otros sitios de perforación requerirá de la apertura de trochas y en cada sitio donde se ubique la máquina, se harán explanaciones de aproximadamente de 8 x 8 metros. El hueco de la perforación tendrá un diámetro variable entre 4 y 6 cm.

La duración aproximada de la fase exploratoria tiende a ser de 4-6 meses; de ser positiva se procedería a una a una exploración sistémica con una duración de 3 años y 4 máquinas de perforación con cerca de 40.000 metros perforados en 80 a 100 pozos. Entre la iniciación de la perforación exploratoria hasta la producción de la primera tonelada de minerales pueden transcurrir entre 7 y 8 años donde solamente al comienzo de la producción se generarán regalías. La etapa de producción puede llevarse un tiempo aproximado de 20 a 30 años con un volumen de extracción de 60.000 a 70.000 toneladas diariamente