Este es un caso de conflicto por minería ilegal, por lo cual no existe un proyecto formal. Se trata de minería ilegal subterránea y aluvial en 5 sectores mineros en la ciudad y otras minas y campos de procesamiento de oro en zonas del municipio. En general toda la población del municipio El Callao (algo más de veinte mil personas) sufre las consecuencias de estos impactos ambientales.
La cantidad de mineros existentes en la zona es difícil estimar, pero es probable que sea una de las zonas de mayor población minera en el estado Bolívar. Reportajes y denuncias señalan que existen disputas por el control de las minas por parte de grupos delincuenciales que ejercen gran violencia.
Cabe acotar que desde principios de 2016, el gobierno venezolano ha decidido relanzar un megaproyecto de numerosas minas a cielo abierto denominado el "Arco Minero del Orinoco", que abarcaría una extensión de más de 111.000 km2 , justo al sur del río Orinoco, abarcando por supuesto, todo el municipio El Callao. Este proyecto está en fase de preparación pero de adelantarse, probablemente generaría conflictos con la minería ilegal en la zona.
Aunque no es algo frecuente, es posible encontrar manifestaciones de la comunidad respecto a los impactos producidos por la minería ilegal en la zona. Por ejemplo, en una visita que realizara en 2016 el precandidato a la gobernación del estado Bolívar por parte de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Alcides Padilla, los habitantes de la zona denunciaron que el río Yuruaní, la única fuente de agua que surte a El Callao, Guasipati y Tumeremo, estaba “muriendo” por la contaminación con mercurio. A su vez, varios integrantes de la comunidad académica han orientado estudios para evidenciar esta situación. Numerosas investigaciones han sido publicadas comprobando los altos niveles de mercurio en la gente de El Callao. A esto conviene sumarle las voces de periodistas con vocación ambiental como Evelyn Guzmán de Ciencia Guayana, Emily Avendaño de El Nacional o la Asociación para vencer el autismo. También cabe resaltar el trabajo de grupos ambientalistas y de derechos humanos como la Red Ara o Provea.
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