La protesta llego a su punto más alto en 2011 cuando las comunidades organizaron bloqueo de las carreteras de acceso al proyecto, imposibilitando la llegada de los camiones y paralizando la construcción durante 4 meses. Eso llevó a que en marzo 2011 la empresa ENEL haya recurrido a las fuerzas públicas para forzar la negociación. El Estado guatemalteco movilizó al Ejército y la policía nacional civil (más de 700 agentes en total) y se emitieron órdenes de captura a los líderes de la protesta.

Tras esta situación, se reanudó el proceso de diálogo entre la empresa, las comunidades y el municipio de Cotzal. El 13 de marzo de 2013, las autoridades locales de San Juan Cotzal firmaron un convenio con la firma internacional, en el cual se estipula que la empresa dará un aporte de Q2.3 millones anuales por un período de 20 años, para el desarrollo económico, social, ambiental y cultural del municipio (según su plan de responsabilidad social corporativa llamado “Sumando Voluntades”). Además de este monto, la comuna recibirá un aumento gradual del 4 % en relación a la inflación nacional. Según Plaza Pública, Cotzal, tras la firma del nuevo acuerdo, recibiría sólo el 0.7% de los ingresos de la empresa para este proyecto.

Sin embargo, a pesar de que el dialogo había iniciado con las 3 partes (empresa, municipio y comunidades de la zona), las autoridades indígenas de la región Ixil fueron excluidas del acuerdo a pesar de haber sido reconocidas como “legítimas e importantes autoridades locales” por la Corte de Constitucionalidad violando así el convenio 169 de la OIT. Actualmente la hidroeléctrica está en operación.

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