A inicios del año 2013, pescadores artesanales de Bahía Magdalena comenzaron a observar una gran mortandad de animales marinos (principalmente tortugas marinas, delfines y ballenas), que llegaban a la orilla muertos pero sin aparente daño físico externo, lo que alertó a comunidades pesqueras, quienes al comenzar a buscar información, se percataron que desde el año 2012 la empresa estadounidense Exploraciones Oceánicas, filial de Odissey Marine Exploration, se encontraban realizando prospecciones mineras en el Golfo de Ulloa para extraer arena fosfática sin haber informado a la comunidad de ello [11, 12]. Por esto, en agosto de 2013, pescadores artesanales locales y organizaciones ambientales se reunieron en Puerto Chales preocupados ante la falta de información y la mortandad de especies registradas [11]. En dicho encuentro se fijaron dos acciones: hacer una búsqueda de información y hacer una denuncia a los medios de comunicación. Y es a partir de ello, que se percataron que la empresa operaba ilegalmente el proyecto minero denominado “Don Diego”, ya que solo contaba con el permiso de Secretaría de Economía, quien le otorgó una concesión por 50 años para la extracción de arenas fosfáticas, pero no contaban con ninguna autorización ambiental, y de acuerdo a la normativa nacional, ninguna empresa en México puede hacer uso de recursos naturales si no tiene una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) [12]. Ante ello, el movimiento social conformado en oposición al proyecto denunciaron esto a la SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales). La empresa presionada ante ello, entregó una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), pero lo retiró un día antes de que la autoridad realizará su pronunciamiento de aceptación o rechazo. Sin embargo, seis días después, volvieron a presentar un nuevo estudio, cambiando el nombre del proyecto, renombrándolo como “Dragado de arenas negras fosfáticas en el yacimiento Don Diego” [9]. Las organizaciones, al observar el nuevo estudio, se percataron que las áreas donde indicaba la empresa que iban a realizar la explotación, no coincidían con las áreas concesionadas que les otorgó el ministerio mexicano [9].