La Paz es, junto con Lempira, Intibucá y el sur de Santa Bárbara, uno de los departamentos donde se ubica el pueblo Lenca. Estos territorios se caracterizan por la existencia de altos índices de malnutrición debido a un limitado acceso a los recursos naturales por parte de las comunidades. En el caso del río Chinacla, que atraviesa La Paz e Intibucá y abastece de agua a las comunidades asentadas en siete municipios, en el año 2010 el Estado de Honduras entrego la concesión del rio Chinacla en el municipio de Santa Elena La Paz por medio del Congreso Nacional de la Republica de Honduras a la empresa Hidroeléctrica de la Sierra S.A de C.V (HIDROSIERRA) para la instalación de un proyecto hidroeléctrico Los Encinos.  Según una petición en Avaaz, "En los registros aparece que dicho proyecto se desarrollaría en el departamento de Intibucá, pero al realizarse investigaciones se encontró que en realidad el proyecto será desarrollado sobre el rio Chinacla en el municipio de Santa Elena la Paz y que la empresa que ha presentado la solicitud para estudios de factibilidad a la alcaldía municipal de Santa Elena La Paz, no es la empresa HIDROSIERRA sino la empresa Inversiones Encinos Sociedad Anónima de Capital Variable (acta municipal numero 234 folios 66-67 2013) en la que comparece el señor Arnold Castro Hernandez (esposo de Gladis Aurora López , diputada y Vicepresidenta del Congreso nacional de la Republica y actual presidenta del partido Nacional en el poder) como administrador único de dicha empresa."[3] De acuerdo a la legislación hondureña ni los funcionarios públicos, ni sus familiares pueden realizar negocios con el Estado. En San José, esta hidroeléctrica ha afectado a cinco municipios de La Paz, donde tierras de naturaleza privada y declaradas protegidas por ser fuentes abastecedores de agua para varios municipios fueron concedidas fraudulentamente a empresarios. La sociedad civil solicitó a la autoridad municipal la realización de una consulta de acuerdo al convenio 169, pero la instalación de la empresa se llevó a cabo sin la realización de ésta. En 2011 miembros de las comunidades afectadas pusieron las correspondientes denuncias ante la Fiscalía de las Etnias y la de Anticorrupción por faltas procedimentales en relación a la puesta en marcha del proyecto. La hidroeléctrica afectaría el derecho al agua, la tierra y la alimentación de las comunidades; cuya oposición se ha traducido en hostigamiento y abusos. Según el Movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz Honduras (MILPAH), el permiso para construir la represa fue otorgado sin el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas afectados. El 10 de julio de 2016, MILPAH organizó una consulta que reveló la oposición a la construcción de la hidroléctrica, con 825 votos en contra y 94 a favor. Ana Miriam Romero, lideresa indígena Lenca, es una de los y las defensoras de la vida y de los territorios ancestrales que se opone al proyecto. Ha recibido muchas amenazas de muerte y ha sufrido muchos ataques a su persona. El 22 de octubre de 2015, aproximadamente a las 4:30 de la mañana, la casa de Ana Miriam fue allanada por la policía. Un contingente de 30 oficiales entró a la fuerza y sin presentar una orden de cateo. Durante el incidente, la policía la golpeó brutalmente a  ─a pesar que estaba embarazada de 24 semanas en ese momento─ así como a María Felicita López. Ana Mirian Romero fue subsecuentemente llevada al hospital en un estado crítico. Esos ataques llevaron finalmente a la aprobación de medidas cautelares por la CIDH. Pocos dias despues, el 2 de noviembre de 2015, hombres desconocidos dispararon más de 15 tiros afuera de su casa.  En 2016 Ana Miriam recibió el Premio Anual 2016 de Front Line Defenders para Defensores/as de Derechos Humanos en Riesgo. María Felicita López y Rodolfo Vásquez también son defensores, y integrantes del Consejo Indígena San Isidro Labrador. Roberto Gómez es el Presidente del Consejo Indígena Santiago Apóstol así como un defensor de la tierra, el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas. Hoy, son beneficiarios de medidas cautelares (MC589/15) otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, a pesar de las medidas cautelares ordenadas por la CIDH, los ataques no han cesado. El 29 de enero de 2016, agresores desconocidos incendiaron la casa de Ana Mirian Romero y Rosalío Vásquez Pineda, su pareja. El incendio premeditado se dio cuando la familia estaba lejos de su casa y a la fecha no se han identificado los responsables. El 9 de mayo de 2016, Ana Mirian Romero y sus hijos recibieron amenazas de muerte y fueron intimidados por cuatro hombres en su casa. El 7 de diciembre de 2016, Ana Mirian Romero, Sr. Roberto Gómez, Sra. María Felícita López y Sr. Rodolfo Vásquez recibieron amenazas de muerte y fueron amenazados por dos individuos presuntamente simpatizantes del Alcalde de Santa Elena Víctor Ventura y autoridades locales de la comunidad indígena aledaña de El Potrero.

Ellas son solo algunas de las personas que sufren represión. En su informe en julio 2016 la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de las NNU escribe: "Miembros del pueblo lenca en Santa Elena (La Paz) que se oponen al proyecto hidroeléctrico Los Encinos enfrentan violencia, persecución, amenazas y asesinatos por miembros de la fuerza pública y personas afines al proyecto. En 2015, se reportaron varios asesinatos de indígenas lencas en el marco de este conflicto, así como ataques contra mujeres y niños. En diciembre de 2015, un joven lenca, familiar de líderes opuestos al proyecto, fue asesinado." [2] En realidad, hay más de un asesinato lamentablemente; a raíz de la construcción de la represa hidroeléctrica Los Encinos hubo cinco muertos solo en el mes de diciembre y aproximadamente 20 en el departamento el año 2015 por la defensa de su territorio [5]. En 2015, el cuerpo del Sr. Javier Vásquez Benítez, integrante del MILPAH, fue encontrado en horas de la noche del domingo 20 de diciembre tirado en un barranco de la comunidad. El cuerpo presentaba signos de haber recibido numerosos golpes que le habrían provocado la muerte. En enero del 2015 apareció asesinado el Sr. Juan Francisco Martínez, también miembro de MILPAH. Los perpetradores siguen sin ser detenidos a pesar de la existencia de órdenes de captura en su contra. Además, en el mes de mayo del 2015, también apareció asesinado otro indígena de la comunidad de Gualinga, el Sr. Silvestre Manueles Gómez. [4]