Epazoyucan, que significa en Nahuatl “Lugar de mucho Epazote”, es un pueblo de 14 mil 693 habitantes, situado dentro del Municipio del mismo nombre en el Estado de Hidalgo, a unos 20 km al sureste de la ciudad de Pachuca de Soto. Es un lugar de mucha riqueza natural y cultural (por ejemplo allí se encuentra el ex convento de San Andrés Apóstol del siglo XVI) en el cuál una parte importante de la población aún se dedica a las actividades como la ganadería y la agricultura (de cebada, maíz, fríjol, maguey pulquero y nopal tunero). El día 3 de febrero de 2010 en un acto público que se celebró en la Ciudad de Pachuca de Soto, capital del Estado de Hidalgo, Alonzo Ancira Elizondo (presidente del Concejo de Administración de Altos Hornos de México S.A.B., de C.V. AHMSA), Miguel Ángel Osorio Chong (Gobernador del Estado de Hidalgo) y José Francisco Olvera Ruíz el (Presidente Municipal de Pachuca de Soto), anunciaron que con la inversión pública y privada acordada entre el Gobierno del Estado de Hidalgo y AHMSA se ponía en marcha el Proyecto Pachuca. Cuatro años después en junio del 2014 junio de este año la empresa Minera del Norte, S.A. de C.V (MINOSA), filial de AHMSA, presentó ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) una Manifestación de Impacto Ambiental en Modalidad Particular (MIA-P) para este proyecto [1]. Esta MIA-P fue aceptada de manera condicionada el año siguiente [2]. El proyecto Pachuca consiste en: 1) Remover, mediante el método de minado hidráulico, 100 millones de toneladas de desechos mineros (mejor conocidos como jales) que fueron producidos a lo largo de 450 años de actividad minera en el otrora Distrito Minero de Real del Monte y Pachuca (en este Distrito se extrajo el 16 % de la plata que circuló a nivel nacional hasta finales del siglo XX). Dichos desechos quedaron depositados y acumulados en dos gigantescos montículos denominados Presas Sur y Presa Dos Carlos los cuales se ubican dentro de la Zona Metropolitana de la Ciudad de Pachuca de Soto, ambas presas de jales son propiedad de la Compañía de Real del Monte y Pachuca, S.A. de C.V., empresa subsidiaria de MINOSA. 2) Trasladar esas 100 millones de toneladas a través de 36 km de jaleoductos y 14 km de acueductos (desviando el arroyo El Salto), mezclando jales y aguas para formar la pulpa o lodo, y bombeándolo hasta Jometitlán, predio situado a 1.5 km de la cabecera municipal de Epazoyucan, pasando por los Municipios de Pachuca de Soto, Mineral de la Reforma, Zempoala y Epazoyucan. 3) Ocupar un predio de 417 ha para construir y operar: a) Una planta de beneficio metálico por cianuración para procesar diariamente 20 mil toneladas de materiales provenientes tanto de los jales mineros como de las minas operadas por MINOSA, y recuperar el oro y la plata que aún contienen, utilizando grandes cantidades de agua (22 millones de litros diarios) y Cianuro (9.5 mil kilos / día) para el proceso de lixiviación, todo esto a lo largo de 30 años [1], [3] y [4]. b) Una presa de jales de 228 hectáreas de extensión y 70 metros de altura para depositar y almacenar hasta 219 millones de toneladas de jales mineros que serían producidos por la planta de beneficio metálico por cianuración a lo largo de 30 años de operación. 4) Recuperar 285 hectáreas ocupadas por la Presa de Jales Sur y por la Presa de Jales Dos Carlos en los Municipios de Pachuca de Soto y Mineral de la Reformares rpectivamente,para construir ahí unidades residenciales, vialidades urbanas,centros comerciales ylujosos complejos deportivos. Este proyecto representa un posible doble gananciapara AHMSA: por un lado, la recuperación de oro y plata que según estudios de pre-factibilidad se estiman serán de 10.6 toneladas de oro y de 2 mil 443 toneladas de plata; y por el otro lado, la liberación de terrenos dentro de la Zona Metropolitana de Pachuca con gran plusvalía que podrían ser sujetos de especulación inmobiliaria,(lo que representa también una gran irresponsabilidad de proyectar zonas habitacionales sobre sitios tan contaminados) [5].
Proceso de organización contra el Proyecto Pachuca El anuncio del Proyecto Pachuca inquietó a algunos pobladores de Epazoyucan quienes decidieron organizarse y formar un grupo con el fin de solicitar información sobre el proyecto a las autoridades competentes; aquí es preciso decir que algunos de los integrantes de este grupo, habían sido anteriormente miembros de otros grupos que se movilizaron para oponerse en 2006 a la apertura de un relleno sanitario metropolitano, en 2009 a la instalación de un relleno sanitario intermunicipal y en el año de 2013 a la modificación de los límites territoriales del Municipio de Epazoyucan. El grupo de ciudadanos epazoyuquenses opositores al Proyecto Pachuca se autodenominó Comisión Ciudadana Epazoyucan en Defensa de la Tierra (CCEDT) y empezó a solicitar información a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), a la Secretaría de Economía (SE) y al Ayuntamiento Municipal de Epazoyucan. Sin embargo, se topó con hermetismo e indiferencia, las respuestas más comunes a sus solicitudes de información fueron: “en esta dependencia no tenemos conocimiento de algún proyecto con esas características” y “en nuestros archivos no existe información al respecto”. No obstante, después de insistir y triangular información, la Comisión Ciudadana Epazoyucan en Defensa de la Tierra logró obtener algunos datos y documentos esenciales como la MIA y su resolutivo en el cuál la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la SEMARNAT establece 13 condicionantes para la realización del Proyecto Pachuca [1][2]. Además también logró contar con la asesoría científica de un investigador especializado en el estudio de los jales mineros (Francisco Patiño Cardona, Doctor en Ciencias de los Materiales Metálicos por la Universitat de Barcelona). Con la información y la asesoría obtenidas, los miembros de la Comisión Ciudadana Epazoyucan en Defensa de la Tierra, lograron: dimensionar las externalidades socio-ambientales negativas del Proyecto Pachuca; que la Asamblea Municipal de Epazoyucan el 5 de Noviembre de 2014 redactara un acta en la cual el Cabildo se comprometía a negar cualquier tipo de permiso que requiriera MINOSA para la ejecución de su proyecto; y formar una comisión conjunta entre 5 miembros del Cabildo Epazoyuquense y los integrantes de la CCEDT, para que ésta se encargue de la obtención de información relativa al asunto y de la defensa legal con el objetivo de conseguir la cancelación definitiva del Proyecto Pachuca. En febrero de 2015 después de un acercamiento de los representantes de Minera de Norte S.A., de C.V., con las autoridades municipales de Epazoyucan, éstas modificaron su actitud y trataron de administrar el conflicto mediante la obstaculización de los trabajos de la comisión conjunta y la negativa a considerar las demandas planteadas por la CCEDT; esta situación provocó fuertes diferencias y fricciones que desembocaron en el rompimiento entre los activistas y los integrantes del cabildo. Después de este rompimiento, la CCEDT inició una serie de acciones que tuvieron como propósito socializar el problema entre la comunidad y plantear la exigencia al Ayuntamiento epazoyuquense de no otorgar los permisos de su competencia a la empresa minera. Entre las acciones más destacadas se pueden mencionar: obras de teatro, eventos de danza folklórica, carreras atléticas, difusión de información mediante redes sociales, reparto de folletos informativos, levantamiento de firmas, pinta de bardas, asambleas informativas, manifestaciones y protestas. La campaña informativa se centró en difundir que la realización del Proyecto Pachuca implicaría: - El uso de enormes cantidades de agua para los procesos de remoción, traslado y lixiviación de los materiales provenientes de los jales y de las minas - La contaminación de los mantos acuíferos por la filtración al subsuelo de elementos altamente tóxicos como Cianuro, Arsénico, Plomo y Cadmio - La contaminación del aíre con polvo de Silicio y metales pesados - La destrucción del último reducto forestal de la cabecera municipal; - La pérdida de biodiversidad de flora y fauna muy particular con un alto valor biológico - La afectación a actividades productivas como la agricultura y la ganadería - El fin de prácticas tradicionales como la recolecta y el consumo plantas medicinales y comestibles - La emergencia de graves enfermedades derivadas de la contaminación del medio ambiente. Gracias a la campaña informativa “No a los jales en Epazoyucan” el rechazo al Proyecto Pachuca logró colocarse como un tema importante en la agenda local. En enero de 2016 se lanzó una petición en la plataforma Change.org, para que el Presidente Municipal de Epazoyucan Carlos Santillán Muñoz, el Gobernador del Estado de Hidalgo Francisco Olvera Ruiz y el Titular de la Delegación en el Estado de Hidalgo de la SEMARNAT Federico Vera Copca cancelaran el Proyecto Pachuca; esta petición fue titulada: Alto al ecocidio en Epazoyucan, Hidalgo y logró causar cierto impacto en la opinión pública ya que fue respaldada por la firma de 10,506 personas [7]. Las manifestaciones públicas organizadas por la Comisión Ciudadana Epazoyucan en Defensa de la Tierra fueron efectuadas en las calles de la cabecera municipal, en la explanada de la presidencia municipal, en la sala de cabildos del Ayuntamiento, en el informe de labores del Presidente Municipal, en el desfile del 16 de septiembre y en las visitas del Gobernador del Estado Hidalgo a Epazoyucan. El 4 de mayo de 2015, el entonces Presidente Municipal Carlos Santillán Muñoz, durante una manifestación, bofeteó a una adolescente que se manifestaba en contra del Proyecto Pachuca y en contra de los abusos cometidos por su administración. El 19 de septiembre del mismo año ordenó agredir físicamente a algunas personas que se manifestaban de forma pacífica durante su Informe de Actividades [8] y [9]. El 14 abril de 2016 la Comisión Ciudadana Epazoyucan en Defensa de la Tierra se constituyó legalmente como Asociación por la Protección de la Tierra y el Bienestar de Epazoyucan. A.C. (APTyBE). El 26 de 2016 la APTyBE denunció ante la Delegación en el Estado de Hidalgo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) una serie de incendios ocurridos durante la primera parte de abril de 2016 en el Cerro Alto. La denuncia no prosperó. Concretamente, la Delegación en el Estado en Hidalgo de la PROFEPA resolvió que la denuncia presentada por la APTyBE en relación a los incendios forestales sucedidos no ameritaba imposibilitar el cambio de uso del suelo por 20 años en los terrenos de MINOSA y que dichos incendios sólo ameritaban una multa económica. De agosto a octubre del 2016 la APTyBE participó y co-organizó tres foros regionales intitulados “Foro Agua y Territorio” con sedes respectivas en Pachuca, Zimapán y Epazoyucan. Esos foros permitieron dar visibilidad sobre los distintos conflictos ambientales de la región y tejer vínculos entre las luchas [11][12]. Una de las actividades que fue muy importante para el proceso de la APTyBE fue la visita a la comunidad de San Miguel, que ha sido particularmente afectada por la contaminación que producen las presas de jales construidas por las compañías mineras que operan en el Municipio de Zimapán. Después de esta visita, los activistas epazoyuquenses y zimapenses estrecharon vínculos y decidieron, de forma conjunta, solicitarle a la SEMARNAT y a la PROFEPA información sobre los proyectos mineros Proyecto Patio de Plomo y Proyecto Pachuca; y la atención de los problemas ambientales que la industria minería está causando. Pero ante la indiferencia de las autoridades, los activistas de ambos municipios decidieron movilizarse de forma conjunta, bloqueando el Boulevard Everardo Márquez de la Ciudad de Pachuca de Soto para que Federico Vera Copca titular de la Delegación en Hidalgo de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) atendiera sus solicitudes. Durante el tercer foro (octubre 2016), se tomó la importante decisión de la conformación del Frente Hidalguense de Comunidades en Defensa de Territorio (FHDT) para articular a las organizaciones e impulsar acciones que contribuyan a solucionar los problemas ambientales que sufren varias regiones del Estado de Hidalgo. En este sentido, la primera acción que acordó el FHDT fue realización de una marcha para exigir que las autoridades competentes dejen de ignorar las problemáticas ambientales existentes [13]. El 25 de enero del 2017, después de varios meses de meses de trabajo de la APTyBE con el Cabildo Municipal de Epazoyucan, los integrantes de la Asamblea municipal durante una Sesión Extraordinaria Pública aprobaron por unanimidad no aceptar el proyecto Pachuca y negar, por parte de cualquier funcionario de la Presidencia Municipal de Epazoyucan, los permisos de funcionamiento y construcción para este proyecto [14]. Una vez que la APTyBE logró que el Ayuntamiento se comprometiera formalmente a rechazar el Proyecto Pachuca, requería que la mayoría de los epazoyuquenses conociera del compromiso adquirido por las autoridades municipales, por lo cual el día 31 de marzo de 2017 esta Asociación convocó a una asamblea informativa; dicha asamblea informativa estuvo dirigida especialmente para los Delegados de las Comunidades y para los Comisariados Ejidales, con la finalidad que éstos llevarán el mensaje a sus respectivas localidades. En este sentido, la APTyBE contactó a Luis Enrique Baños Gómez Diputado Local por el Distrito XVII, de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo, logrando que el Legislador el día 15 de mayo de 2017, presentará un exhorto en Congreso Estatal para solicitar al Gobierno Federal que a través de la SEMARNAT no permita la realización del Proyecto Pachuca en el Municipio de Epazoyucan. Desde 2018 la APTyBE se integró a la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) y empezó en desarrollar ciertas estrategias de defensa del territorio promovidas por la red como reuniones informativas con ciudadanos y ejidatarios para informarlos sobre los impactos del proyecto y los derechos que pueden ejercer con la finalidad de iniciar acciones de defensa jurídica y social. Con el acompañamiento de la REMA, y después de una serie de mesas de trabajo con la Comisión Especial Proyecto Pachuca en Epazoyucan, el día 19 de septiembre del 2018 se logró que el H. Ayuntamiento de Epazoyucan declarará, por unanimidad durante la Trigésima Cuarta Sesión Extraordinaria Pública, al Municipio de Epazoyucan Hidalgo como municipio libre de minería metálica [19] . “Este Ayuntamiento declara al Municipio de Epazoyucan Hidalgo como municipio libre de minería metálica.Toda vez que es su prerrogativa y responsabilidad de este Ayuntamiento, manifiesta de forma pública y abierta que por ningún motivo se autorizarán o se otorgarán ningún tipo de licencia y/o permiso para la construcción y/o funcionamiento que tenga como fin llevar a cabo la exploración, explotación y/o beneficio de los minerales metálicos en cualquiera de sus fases, sea en lo individual o en proceso de articulación entre ellas y bajo cualquiera de las técnicas o modalidades posibles. [19]” Se supone que los efectos legales de la declaratoria, arriba citada, son de mayor alcance que los efectos originados por el Acta de Cabildo firmada por el H. Ayuntamiento de Epazoyucan el día 25 de enero de año 2017. En Septiembre de 2018 La APTyBE en conjunto con la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) emitieron un pronunciamiento en el cual señalaron lo erróneo y absurdo de las declaraciones del Director General de Productividad Sectorial de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Hidalgo en las que se afirmaba que el traslado de los jales a Epazoyucan sería sustentable y que producir múltiples beneficios [17]. El 18 de febrero de 2019 la APTyBE participó en los Foros Ambientales organizados por la Alianza Hidalguense Ambiental (AHA) y el 17 de noviembre del mismo año la APTyBE y la AHA realizaron el Foro: El impacto ambiental y social del traslado de los jales de Pachuca a Epazoyucan. [6]. El 30 de Noviembre del 2019 durante las Fiestas Patronales de Epazoyucan la APTyBE instaló la exposición: Epazoyucan: cultura, tradición y patrimonio natural”. A lo largo de esas seis años la APTyBE ha documentado algunas violaciones a los derechos humanos provocadas por este proyecto (derecho a la participación pública en asuntos medioambientales ; derecho a la información y a la consulta ; derecho en garantizar un medioambiente sano) y los incumplimientos existentes (obligación de proteger de las tierras comunales tanto para asentamiento humano como para actividades productivas y obligación de garantizar los derechos humanos de conformidad) [18]. De la misma manera la APTyBE con sus aliados ha documentado y denunciado los distintos impactos socio ambientales que provocaría este proyecto [18]. Por ejemplo han señalado que: [18]:- Comprometería la seguridad ambiental de los habitantes de Epazoyucan porque la Plata de Beneficio de MINOSA desarrollaría el proceso de lixiviación -una Actividad Altamente Riesgosa- muy cerca de los dos núcleos de población más grandes del Municipio de Epazoyucan - Afectaría a la biodiversidad de la zona, ya que los estudios realizados por la minera presentan graves omisiones, son inexactos y los muestreos disminuyen significativamente la variedad de flora y fauna existente en la zona. - Destruiría suelo de protección y conservación ecológica en Unidades de Gestión Ambiental (UGAs)que antes del cambio de uso de suelo tenían asignadas políticas de restauración y de protección. - Provocaría erosión de los suelos. . - Disminuiría la calidad y captación del agua. - Destruiría procesos naturales y la fertilidad de la tierra en una amplia zona. - El peligro de un derrame o un colapso de la gigantesca presa de jales sería permanente. - Desviaría el curso de escurrimiento superficial y del arroyo El Salto, destruiría la estructura hidrológica original, modificaría la recarga del acuífero y contaminaría los mantos freático. - Afectaría el último reducto de bosque de encino en la Cabecera Municipal de Epazoyucan, el cual funciona como un “pulmón natural” y habitad de especies animales y vegetales muy particulares y algunas de ellas de alta importancia ecológica. - Afectaría gravemente la calidad paisajística y visual a la nano-cuenca integrada por El Cerro Alto y los predios Jometitlán, San Efrén Jumetitlán. - Despojaría indebidamente del agua a la población de la Zona Metropolitana de la Ciudad Pachuca, para entregárselo a la Minera del Norte S.A., de C.V., - Pondría en riesgo la disponibilidad y el abastecimiento de agua potable para Pachuca de Soto, la Ciudad principal y la Capital del Estado de Hidalgo - Cancelaría la posibilidad de que Epazoyucan desarrolle proyectos turísticos sustentables. - Afectaría las actividades agrícolas y ganaderas de la región. - La empresa promovente podría causar conflictos socio-ambientales y violencia como lo ha hecho en municipios de Michoacán.
Estatus quo del proyecto Pachuca en 2020. Se sabe que la empresa MINOSA sigue tramitando permisos y autorizaciones con autoridades Federales y Estatales, aunque aún no ha iniciado obras en Epazoyucan es posible observar algunas obras en sus propiedades en el Municipio de Pachuca y Mineral de la Reforma, obras que probablemente puedan estar relacionadas con el Proyecto Pachuca, aunque la SEMARNAT ha afirmado que no ha recibido notificación alguna sobre el inicio de obras del Proyecto Pachuca. Ante todas las violaciones a los derechos cometidas por las autoridades Mexicanas y ante las terribles consecuencias ambientales y sanitarias que causaría la realización del Proyecto Pachuca es necesario emprender acciones organizativas y legales para hacer frente a la inminente realización de este proyecto minero. (See less) |