Esto en un caso intrincado sobre los derechos de la tierra y la conservación de la naturaleza. Nos centramos en el reciente acuerdo de "créditos de carbono" entre el estado de California y el estado de Chiapas. En 2010, el Gobierno del Estado mexicano de Chiapas firmó un acuerdo bajo el Grupo de Trabajo Climático y Forestal de los Gobernadores (GCF) para vender permisos de carbono de proyectos REDD en la jungla de Lacandon al Gobierno de California para compensar sus emisiones. Lacandon Jungle es uno de los bosques mejor preservados y ricos en biodiversidad en México con una larga historia de conflictos sobre los derechos de la tierra. En el siglo XVII, los habitantes originales fueron asesinados o abandonaron el área que escapaba de la esclavitud y la jungla fue habita más tarde por migrantes de Guatemala y Yucatán. En 1972, 614,000 hectáreas de tierra fueron donadas a 66 lacandoneses y se declaró como la Reserva de la Biosfera de Azules de Montes. Esto fue cuestionado por los colonos. La donación del título de la tierra fue vista como un movimiento estratégico del gobierno para obtener fácilmente el consentimiento firmado para las actividades de tala o turismo de madera, y más recientemente los créditos comerciales de Redd+ y Carbon. Esto se ha agregado al caos existente de títulos de tierras superpuestos de las comunidades originales de no lacandones. En 1994 apareció un nuevo actor, el Movimiento del Ejército de Liberación Nacional de Zapatista (EZLN).

Las comunidades de lacandoneses se les pagó $ 2000 pesos (aproximadamente $ 160/mes), derivados de Un impuesto de vehículo dentro de Chiapas, para implementar el proyecto REDD+. El grupo de habitantes originales, solo el 6% de la población de Lacandona, se ha opuesto al proyecto que resultó en la cancelación del servicio de salud en la comunidad y la amenaza de conflictos armados con las lacandonas circundantes. Además de esto, para allanar el camino a las plantaciones de palma aceitera africana para biocombustibles en las áreas que rodean el piloto REDD+ (Programa gubernamental de Reconversión de Tierras productivas: Reconversión productiva), el Gobierno de Chiapas estaba planeando la reubicación de las comunidades con “ciudades rurales rurales sostenibles. "(En un movimiento paralelo también en Honduras), alegando que esto les proporcionaría mejores condiciones de vida. La oposición era particularmente fuerte en Amador Hernández conocido como centro de la resistencia del ejército de Zapatistas. Las comunidades se oponen a la delimitación unilateral de la frontera agraria de la comunidad de Lacandona (Brecha Lacandona-) y en una respuesta a la presión, el propio sistema de salud autodeterminado organizado basado en su medicina tradicional, y comenzó a compartir la información con el público más amplio. En 2012, los representantes del Territorio de Marques de Comillas hablaron en la reunión del GCF a pesar de que su solicitud oficial de hablar fue rechazada. El Grupo de Organización Internacional y Nacional se unió a través del Proyecto de Ecología Global de Justicia, comienza a circular su carta de comunicación e inicio de sesión contra REDD+ escrita por la comunidad de Amador Hernández. La gente local pide respeto por los derechos y el conocimiento, el estilo de vida y los territorios de los pueblos locales e indígenas, pero no a través de los programas conservacionistas de PE (pago por servicios ambientales) y plantación de palma. 0 0 Un esfuerzo gubernamental para explotar aún más la historia y la construcción de una vía superior para hacer que las zonas arqueológicas más accesibles condujeran a un conflicto violento con las comunidades locales, cuando varias personas fueron asesinadas y muchas arrestadas.

En general, Redd+ fue criticado por no abordar el problema real de las emisiones de GEI, y por obtener ganancias solo a las grandes empresas y no a la gente local. En particular, el proyecto REDD+ en Lacandona fue criticado por promover la privatización y la mercantilización de la naturaleza, la disposición de los derechos de la tierra de la gente local, haciéndolos abandonar sus bosques y dar el camino a la biopirería internacional.

0 En 2013, docenas de la organización local de la sociedad civil de México y el grupo de ONG internacionales, incluidos Friends of the Earth, Greenpeace International, Global Justice Ecology Ecology, y la red ambiental indígena enviaron dos cartas separadas al gobernador de California que le pidieron que Reconsidere y detenga el acuerdo con Chiapas.

Además del Gobierno de Chiapas, otros sectores internacionales no gubernamentales han sido particularmente activos en este caso, como Conservation International (CI), World Wildlife Funs (WWF) y The Nature Conservancy (TNC), así como las instituciones académicas El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), a cargo de calcular la línea de base para la implementación de REDD+ y capacitar a la gente local para realizar un monitoreo basado en la tierra. Además, EcoSur dirigió un proyecto para clasificar la especie llamada Código de barras internacional de la vida, que la comunidad local reconoce como un gran riesgo de piratería bio, particularmente si se les hace abandonar su bosque, lo que daría el camino libre a la gran farmacéutica empresas para usar sus recursos naturales. En 2012, Ecosur se distanció del proyecto, y señaló que el proyecto no es parte del proceso nacional de preparación REDD+ que continúan siendo parte. 0 0 En 2013, el ministro recién seleccionado Del Secretario de Protección Ambiental e Historia Natural de Chiapas (Semahn), Carlos Morales Vázquez, canceló el proyecto, explicando que no tuvo éxito en abordar las causas fundamentales de la deforestación y para poner en peligro las vidas y los medios de vida de los pueblos indígenas. También enfatizó que Redd+ Pilot no era parte del proceso de preparación Nacional de Redd+ Advance. Dentro del proceso nacional de REDD+, el estado de Chiapas se reconoce como actividad temprana: las iniciativas designadas por el gobierno para recopilar la experiencia en el desarrollo de la institución y la base técnica para implementar la estrategia nacional REDD+ de México (Enardd+). Enardd+ ha sido diseñado en paralelo a este proceso y se espera que sea publicado y consultado con la gente local durante 2014.

Cada persona recibe 2,000 pesos o 160 dólares mensuales para mantener su bosque. Los créditos de carbono son vendidos por el estado de Chiapas al estado de California.