Posteriormente, en 2006 se inician los trámites de Licencia Ambiental para convertir la PTRS en un relleno sanitario regional. En 2009 CORTOLIMA otorgó la licencia ambiental mediante resolución 3281/2009, para la primera fase del proyecto consistente en la adecuación del terreno, construcción de laguna de lixiviados, manejo de aguas de escorrentía y conformación de celdas entre otros. Este proyecto recibirá residuos de 9 municipios del Tolima y que operará en la vereda Santo Domingo, en un predio conocido como “Las Palmas”. La puesta en funcionamiento de este relleno generó una nueva protesta de la comunidad porque además de que no fue consultada en la evaluación para el otorgamiento de la licencia ambiental, se evidenciaba los impactos ambientales del relleno. Además, mencionan que el sitio donde se autorizó el proyecto era una zona de protección y el municipio realizó el cambio de uso de suelo para facilitar dicho permiso.

Es por lo anterior que en 2010 CORTOLIMA ordena la realización de estudios hidrogeológicos, hidrológicos y de suelos en el área de influencia del proyecto y en 2011 que se ordena mediante resolución 0339 la suspensión inmediata de las actividades de construcción y una sanción al municipio de Armero por incumplimiento y no entregar el estudio solicitado. Posteriormente dicho municipio solicita modificaciones a la Licencia Ambiental, para lo cual se realizan visitas de seguimiento y en 2012 se ordena la suspensión temporal por no cumplir con las condiciones; el municipio argumenta que no cuentan con capital requerido para concluir con las obras necesarias para el funcionamiento del relleno. Aunado a esto el Tribunal Administrativo del Tolima de la Acción Popular realiza un fallo en donde ordena al municipio culmine con la obra y habilitación del terreno presentando un plan para ejecutar las obras, a CORTOLIMA que de seguimiento de la ejecución de las obras, la intervención de la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación para que investigue penal y disciplinariamente a los representantes del municipio Armero-Guayabal.

En el año 2014 CORTOLIMA levanta la suspensión de operación a la empresa, por lo que la comunidad interpone un recurso de reposición ante tal decisión. Las contradicciones administrativas y de legalidad se ven reflejadas en este caso al contar en el año 2014 con dos resoluciones del Consejo de Estado, en la primera autoriza al municipio la reanudación del proyecto y en la segunda acepta la solicitud de la comunidad para exigirle a la empresa una nueva licencia ambiental que consulte a los pobladores. El relleno mantiene amenazando una zona de alta riqueza hídrica, por sus nacederos de agua y vertientes hidrológicas, como las quebradas de La María, La Zorra, Chimbaco (San José), Santo Domingo y el río Sabandija, que colinda con la “Granja Experimental de la Universidad del Tolima”. La comunidad lleva un proceso de resistencia basado en marchas, las cuales han sido invisibilizadas por las instituciones involucradas, se han creando espacios de socialización de los impactos a pequeña y gran escala que se derivan de la ejecución de un relleno sanitario, así mismo los líderes de la zona han optado por crear espacios de formación con la ayuda de profesionales de la Universidad del Tolima.