A partir del 21 de Junio de 2001, y durante un mes más, la Empresa de Energía del Pacífico abrió las compuertas de la represa del Bajo Anchicayá, como parte de una tardía labor de mantenimiento que planeaba desde 1999, liberando 500 mil metros cúbicos de sedimentos que llevaban 50 años represados en el embalse, causando una mortalidad de peces, pérdida de los cultivos aledaños y la afectación de 6.000 personas (asociadas en 11 consejos comunitarios y 9 títulos colectivos). Las comunidades perdieron sus medios de subsistencia para la actividades económicas como la pesca y la agricultura y el acceso a agua potable, en una zona que carece de acueducto y servicios de salud.

Justo después del desastre, la Corporación Autónoma del Valle (CVC), autoridad ambiental en el departamento, se declaró impedida para investigar el problema ecológico porque es dueña del 16% de la empresa eléctrica. El caso pasó a manos del Ministerio del Medio Ambiente que, tras corroborar el daño, sancionó a los operadores a pagar una multa de $166.945 millones, a redoblar las especies de peces afectadas y suministrar alimentación diaria a las comunidades afectadas con el vertimiento. Esta sanción pasó entonces a revisión del Consejo de Estado. Mientras tanto la empresa española Unión Fenosa –dueña de EPSA- vendió sus acciones, cancelando el costo de la indemnización a los nuevos propietarios. Sin embargo, la comunidad aún no ha recibido indemnización.

En cambio, la Hidroeléctrica inició en febrero de 2010 una acción jurídica en contra del fallo del tribunal Administrativo. Su defensa se basó en que las labores de mantenimiento a la represa del Bajo Anchicayá no causaron perjuicios a los habitantes, que no vertieron la cantidad de sedimentos que les atribuyen y que se trató de una simple turbiedad y una mortandad de peces. Además, que su labor de mantenimiento fue lícita, porque en el Plan de Ordenamiento y Manejo, elaborado por la Corporación Autónoma Regional del Valle en 1998, se establece que la principal destinación del río Anchicayá es la generación de energía.

A pesar de esos argumentos, la justicia administrativa, en primera y segunda instancia, -la primera, el 20 de mayo de 2009, en el Juzgado Primero Administrativo de Buenaventura y la segunda, el 7 de septiembre del mismo año, en el Tribunal Administrativo del Valle- ratificó el daño. Indicó que el deterioro social, económico y cultural sufrido por las comunidades se debe a los problemas ocasionados que afectaron sus cultivos y la vida de los peces del río, argumentando que “Se expuso a los habitantes al deterioro de su calidad de vida y a serias dificultades de supervivencia… Aunque hoy (2009) los cultivos muestran indicios de querer recuperarse, su productividad no es rentable. Además, persisten las condiciones de insalubridad asociadas a la calidad del agua. Esto lo agrava la falta de alcantarillado y sistemas de tratamiento de agua para las comunidades”, indicaron los magistrados del Tribunal Administrativo del Valle en segunda instancia.

No obstante y haciendo uso de una figura extraordinaria la sala tercera de revisión de la Corte Constitucional decidió revisar en última instancia los dos fallos anteriores y mediante el fallo T-274/2012, anuló el fallo del 2009, ordenó que se realice de nuevo la recolección de pruebas –luego de 10 años del desastre ambiental- y creó una delimitación ilegal en la valoración del daño. La comunidad se ha manifestado su oposición a esta decisión por diferentes medios y en diferentes escenarios.

Keywords: displacement, water treatment, court decision, ecological disaster

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