La construcción de la central de Inambari se enmarca dentro del acuerdo energético Peru-Brasil. Los beneficios esperados de la exportación de energía al Brasil para el Perú, serían de $ 2.000 millones en la economía durante la construcción más 30% del impuesto a la renta sobre los beneficios declarados. Su impacto socioambiental será considerable: desplazamiento de 4.000 a 8.000 personas a causa de la inundación de 378 km2, de 65 centros poblados de los departamentos de Puno, Cuzco y Madre de Dios; la deforestación de 308.000 hectáreas; la destrucción de la biodiversidad del área y alteración de los sistemas acuáticos aguas abajo y aguas arriba. Además serán afectados 161 kms de la Carretera Interoceánica por el embalse de la represa que deben de ser reconstruidos. Elevación de los gases de efecto invernadero, amenaza a las reservas y parques nacionales protegidos, amenaza directa a 139 especies de flora y 380 especies de fauna repertoriadas. Durante su planificación, se forma un comité de lucha; el Gobierno Regional de Puno emite un comunicado en contra, asi como las instituciones locales, rondas campesinas y federaciones indígenas FENAMAD, Aidesep, Coica se oponen masivamente al proyecto. Lo mismo hacen el Colegio de Ingenieros. Los pueblos que serían afectados se manifiestan permanentemente y abiertamente en contra del proyecto e impiden que se lleven a cabo los talleres informativos de la empresa. La policía llegó a reprimir a la población que bloqueaba la carretera interocéanica hiriendo a dos personas.  La empresa encargada del EIA es multada por no cumplir los requisitos de aplicación de la consulta previa. En esa época las concesiones eran temporales y bajo la presión social no se renovó la concesión. Finalmente se suspende el proyecto en Octubre 2011.