El conflicto surge a partir del proyecto de construcción del complejo hidroeléctrico compuesto por las dos mega represas La Barrancosa y Condor Cliff, sobre el cauce del Río Santa Cruz. Será el tercero en importancia en el país (después de Yaciretá y Salto Grande), y se prevé que genere una potencia eléctrica de 1310 MW, lo cual representa un 5% del consumo nacional máximo actual, según la autoridad del proyecto (2019) [1]. Las represas son un proyecto que se viene pensando hace más de 40 años, pero recién se llegó a concretar en el último gobierno de Cristina Kirchner (2011-2015). Al momento de buscar financiamiento para el proyecto, Argentina se encontraba en una situación financiera complicada que le hacía muy difícil acceder a fondos de organismos financieros u otros países, por lo cual se terminó firmando un acuerdo con el gobierno chino que incluía asistencia financiera y un conjunto de obras, entre las cuales se encontraban las represas. La licitación fue ganada en junio de 2013 por la UTE Represas Patagonia, un consorcio de empresas nacionales (Electroingenieria S.A. e Hidrocuyo S.A.) y chinas (China Gezhouba Group Co. LTD), financiado por bancos chinos (China Development Bank, Bank of China e Industrial and Comercial Bank of China Limited). No se conoce la totalidad de los términos del acuerdo, pero sí la interdependencia entre las distintas partes (las represas, asistencia financiera y otras obras). Finalmente, en febrero de 2015 comenzaron las obras. En mayo de 2016, el nuevo presidente Mauricio Macri renegoció las condiciones del acuerdo [2], frente a lo cual, varias organizaciones ambientalistas (Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Aves Argentinas, Banco de Bosques, Flora y Fauna, Fundación Naturaleza para el Futuro (FuNaFu) y Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA)) conformaron la coalición “Río Santa Cruz Sin Represas”, con el objetivo de reclamar se desestime la construcción del complejo hidroeléctrico. Basados en los siguientes argumentos: 1) carente justificación energética y económica: la productividad de las represas, dada por la ubicación y la productividad que permiten los tendidos eléctricos existentes, es del 34% (comparada con Yacyretá que tiene un 71%). Una comparación multicriterio con otros proyectos en cola no muestra a estas represas como prioritarias. A su vez, el mismo nivel de inversión volcado a renovables podría generar la misma energía con un impacto ambiental mucho menor. 2) impacto socio-ambiental: una de las mayores causas de disrupciones en los flujos de agua es la construcción de represas. Las grandes represas y desvíos de los ríos son factores destructivos primarios del hábitat acuático, contribuyendo a la destrucción de pesquerías, la extinción de especies y la pérdida generalizada de servicios ecosistémicos de los cuáles depende la economía humana. El río de tallo principal de Santa Cruz se encuentra en la biozona extraandina, una meseta escasamente vegetada con césped semiárido y arbustos bajos. Se origina en dos lagos glaciares Viedma y Argentino, y fluye durante 382 km a través de la meseta patagónica para drenar en el Océano Atlántico. La descarga del río se deriva principalmente de la nieve y el deshielo glacial, que a su vez se rige por la compleja interacción entre las condiciones climáticas y la dinámica del Campo de Hielo Patagónico del Sur. Las dos represas atracarán 197 km de río, dejando solo un tramo más bajo del 49% de la longitud actual del río regulado. Los impactos hidrológicos típicos de las represas en todo el mundo consisten en reducir la cantidad y la variación del flujo aguas abajo y la frecuencia de los flujos de limpieza del lecho. El resultado de tal manipulación de la descarga del río es una simplificación de la morfología del canal y un empobrecimiento del mosaico de los hábitats de los ríos, con impactos negativos en la composición de la comunidad y la riqueza de especies. El impacto más significativo y obvio de las dos represas que se construirán en Santa Cruz será la destrucción del 51% del entorno lótico actual. Mientras tanto, los impactos aguas abajo de las represas en la biota del río a través de cambios en los regímenes térmicos e hidrológicos, y en las cargas de nutrientes y sedimentos son más difíciles de predecir. En general, se espera que pocas especies capaces de soportar cambios repentinos en el flujo sobrevivan debajo de las represas. El sitio es clave como lugar de invernada para el críticamente amenazado Macá Tobiano (Podiceps gallardoi), ave endémica de la Argentina registrada sólo en la provincia de Santa Cruz y declarada Monumento Natural Provincial. 3) déficits en materia de transparencia e información pública ambiental: desde el inicio del proyecto el manejo de la información fue opaco, por lo cual las instancias de participación ciudadana estuvieron viciadas, y aún en la siguiente etapa, con las represas ya en construcción, no se conocen los términos finales del contrato [3]. En diciembre de 2016 la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en respuesta a un amparo presentado por la Asociación de Abogados Ambientalistas de la Patagonia, suspendió el avance de las obras hasta que el Estado Nacional presente una Evaluación de Impacto Ambiental y convoque una Audiencia Pública en el Congreso de la Nación, según lo establecido en la Ley de Obras Hidráulicas [4]. En consecuencia, en junio de 2017 Emprendimientos Binacionales S.A. (EBISA) publicó el Estudio de Impacto Ambiental, en julio se realizaron las Audiencias Públicas en las que participaron más de 100 oradores (17), y en octubre se levantó el freno judicial, habilitando que en marzo de 2018 se reiniciaran las obras. La construcción tenía previsto finalizar en el año 2022, sin embargo las obras continúan [13]. Según el ministerio, en promedio, unas 5000 personas estarán trabajando durante su fase de Construcción [5]. De forma simultánea a la conformación de la coalición de ONG´s “Río Santa Cruz Sin Represas”, en Santa Cruz comenzaron a surgir distintos focos de resistencias en distintas localidades de la provincia, quienes se nuclearon en el “Movimiento Patagonia Libre” a partir de diciembre de 2017. Dicho Movimiento se encuentra conformado por las organizaciones “Rio Vida” (Rio Gallegos) y “Río Santa Cruz – El Calafate”, y por activistas de localidades de Comandante Luis Piedra Buena, El Chaltén, Puerto San Julián y Puerto Santa Cruz (localidades ubicadas en las nacientes y en la desembocadura del río Santa Cruz). Desde 2018, el Movimiento ha organizado numerosas acciones vinculadas con la difusión sobre los impactos de las represas y la educación ambiental, vinculándose, también, con otros movimientos sociales que luchan por el agua y el territorio en Argentina (14). A su vez, el proyecto de las represas es rechazado por 14 comunidades originarias de la provincia de Santa Cruz (Camusu Aike, Kiñe Rakizuam, Grupo Originantes-Hacia el Sendero Ancestral, Newen Mapu, Millanahuel, Lof Fem Mapu, Limonao, Piutrillan, Kuifike Kimun y Aitué) debido a que consideran que “vulnera su concepción como pueblos originarios y su cosmovisión” ya que el proyecto genera un importante impacto ambiental y daña sitios arqueológicos y culturales (15) (16). En 2017, las comunidades presentaron una demanda al Estado Nacional y al Estado Provincial porque no se había realizado la consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios. Si bien se han realizado 9 reuniones en una Mesa de Diálogo con autoridades del gobierno provincial, funcionarios del gobierno nacional y representantes de UTE Represas Patagonia (Unión de Empresas Transitorias, compuesta por la firma de ingeniería China Gezhouba Group Corp, las empresas argentinas Electroingeniería S.A y Hidrocuyo S.A), las comunidades consideran que no se está escuchando sus reclamos de consulta y consentimiento sobre las obras en sus territorios (15) (16). (See less) |