La primera parte de este documental nos adentra a las comunidades nativas Awajún, especialmente a la de Supayaku, quienes a través de sus apus y pobladores explican -en su idioma nativo- como vivían antes de la actividad minera que, hoy en día, contamina las aguas de la cuenca del Chirinos y amenaza todo su modo de vida.

"Ahora con la presencia de la empresa minera que ha venido a sacar oro, y ha entrado en el territorio de nuestros pueblos se está envenenando el agua. Por eso la población no tiene donde ir a pescar.

Estamos sufriendo porque no hay comida", indica uno de los apus en lengua awajún.

A mitad del documental, aparecen técnicos de las diferentes organizaciones dando cuenta de la presencia de metales pesados que tienen relación directa con actividades extractivas.

“De acuerdo a las muestras tomadas del río, se comprobaron altos índices de metales pesados como mercurio, arsénico, nitrógeno amoniacal, así como sulfuros y sulfatos”, refiere Manuel Hora de AMAS, miembro de la RED MUQUI.

Gracias a la colaboración de un laboratorio, acreditado por el Indecopi, se realizó un monitoreo independiente del agua del río Chirinos.

“Los resultados determinaron la presencia de nitrógeno amoniacal, fenoles, aceites y grasas, los cuales superaban los estándares de calidad ambiental. Estos compuestos normalmente son de origen industrial y son altamente contaminantes para la vida acuática”, señaló Laura Lucio de Ingeniería sin fronteras.

El presidente de las rondas campesinas de Supayaku, Benito Jempekit, expone el acuerdo con los pobladores y autoridades del lugar, de no dejar entrar a la empresa minera “Águila dorada”. “Nos deben respetar y hacer caso para vivir tranquilos. También el gobiernos nos debe escuchar, lo que queremos es vivir tranquilos (...) en ningún momento hemos dicho que estemos de acuerdo con que la empresa ingrese y siga trabajando”, señaló.

En otra parte del documental, el secretario Ejecutivo de la RED MUQUI, Javier Jahncke, cuestionó la no aplicación de la consulta previa del Convenio 169.

“Antes de cualquier resolución, se debió realizar la consulta previa.

Hablamos de dos pueblos indígenas: el de Supayacu y el de Naranjo. Este caso demuestra cómo es que los mecanismos del Estado no favorecen a la participación y consulta”, indicó. 

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