El grupo Frisco, despidió a la mayoría de trabajadores mineros pertenecientes a Salaverna y cambió el sindicato para sus propios intereses empresariales. Dio paso a la entrada de contratistas de mano de obra subcontratada, calificada y de otras áreas. Al mismo tiempo, comenzó con un plan de reubicación de la población lejos del yacimiento de cobre que pretendía explotar. La empresa a través de engaño intenta despojar a las familias de Salaverna de su territorio. Utilizó estudios geológicos que la misma empresa realizó, intententando convencer a la población de que tenían que abandonar sus casas por el peligro que corrían al encontrarse encima de una falla natural. En ese mismo documento “la minera Tayahua mantiene su oferta de ayudar a las familias que ilegalmente se mantenían en Salaverna, para mudarse al Fraccionamiento Nuevo Salaverna, donde la empresa les entregará una vivienda con Título de Propiedad” [9].   Las casas se entregaron en comodato, y se asume que no habitaban de forma ilegal porque lograron su título de posesión.

La compañía no anunció la reubicación, solo empezó a construir las casas antes del 2010. La empresa cuenta además con el apoyo de la Secretaría de Economía y Dirección de Minas del Estado.

La población local comenzó a organizarse a partir de 2004 con el objetivo de negociar conjuntamente con la mina, posteriormente esa idea fue cambiando hasta poner en la mesa la posibilidad de rechazo de toda minería a cielo abierto [2]. En 2004 se incia el proceso organizativo que culmino con la creación de la Asociación de Posesionarios formado por ejidatarios para defenderse de la empresa. La Asociación comenzó pidiendo una reubicación justa; es decir una casa con las mismas dimensiones, cuartos, baños, patios y el terreno equivalente al que estaban acostumbrados en Salaverna, una indemnización económica justa y trabajo. Esta Asociación sigue en pie de lucha y es identificada como la gente del “pueblo que no quiso morir”[2].

Pese a las protestas, se reubicaron dos grupos de familias, un primer grupo reubicado que luchó desde el 2010;  y otro que cedió a principios de 2012. Actualmente queda un grupo resistente que se dividió en dos: Asociación de Posesionarios Majadas Salaverna y Santaolaya en 2013 y La Asociación Civil “Amigos de Salaverna”. La mayoría de la población que continúa en Salaverna intenta subsistir cultivando maíz y huerto y cuidando animales de traspatio. La Asociación Civil llamada “Amigos de Salaverna” conformada por activistas sociales, académicos, civiles e integrantes de la comunidad [2]. Rodolfo García Zamora (académico de la Universidad) propone que su meta en este problema es evitar el aplastamiento de la comunidad y ayudar a que se les garantice una salida adecuada, con un terreno que ellos ya han definido y que les permitiría tener condiciones de vida equivalentes a las que puedan perder, en la medida que la compañía siga dinamitando el pueblo de manera subterránea. Estos grupos en resistencia denuncian además; el agotamiento del agua, la imposibilidad de vivir de sus hurtos y la crianza de animales de traspatio [11]. Así mismo, denunciaron detonaciones subterráneas constantes por parte de la minera [4].

Pese a la resistencia y las denuncias, el 23 de diciembre 2016 se realizó un desalojo forzado por parte de la fuerza pública y personal de la minera, obligando a la población a aceptar la reubicación y el dinero de la mina [8].

Por su parte, Efraín Arteaga Domínguez, dirigente estatal de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), denunció los hechos que se desarrollan en Salaverna como “una violación gravísima de los derechos humanos”, pues se presenta como un despojo violento e ilegal de sus habitantes [6]. Por ello, días después la población en resistencia se manifestó en protesta a la demolición de una vivienda, la iglesia y la escuela[6]. María de la Luz Domínguez Campos, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), explicó que se encuentran interpuestas ante la comisión dos quejas por la presunta violación a los derechos humanos de los pobladores de esa comunidad. Entre las denuncias, el desalojo violento y el derrumbe de sus casas en beneficio de la minera[5].