Desde comienzos del siglo XX se agruparon varias haciendas en “fami-empresas”, con una creciente utilización de peones, muchos de los cuales habían sido captados desde que se abolió la esclavitud. La producción se caracterizaba por el arrendamiento pagado con trabajo servil, que les permitía a los hacendados, a la vez, obtener caña y trabajo para molerla.

Gracias a las condiciones climáticas, agrológicas y sociales (los ingenios se construyeron con base en la explotación laboral) se implanto un modelo de desarrollo basado en la agroindustria de la caña de azúcar que hoy cuenta con por lo menos trece grandes ingenios con más de 100 empresas, en renglones como la energía (etanol), papel, sucroquímica, azúcar, mieles, abonos orgánicos, alimentos, bebidas, alcoholes, licores y otras.

El éxito económico del sector cañicultor, mediante el cual ha podido consolidar un importante cluster con poder político-empresarial, no ha sido gratuito en términos ambientales y sociales. Esta gran dinámica económica lleva también implícita una gran huella ecológica que se refleja en el uso de los recursos naturales y en sus procesos contaminantes asociados. Esto ha conllevado a importantes conflictos ambientales relacionados con problemas ecológicos que han afectado a las comunidades que viven cerca a los cultivos. Además, estos problemas se han mantenido casi por fuera del control de la autoridad ambiental por el gran poder político, económico y de cabildeo que tiene el gremio.

La situación se intensifica con el respaldo que el gobierno manifiesta a la agroindustria a través de subsidios monetarios; pero también, con lo que algunos investigadores han denominado “subsidios ecológicos”, que tiene relación con los pasivos ecológicos o ambientales (aquella obligación legal o social de pagar o incurrir en un gasto como consecuencia de un daño ambiental o un daño social, resultado del uso de los recursos naturales y del ambiente). Cuando las actividades económicas no cubren estos pasivos ambientales o externalidades, se genera una deuda ecológica.

Precisamente el uso intensivo de las funciones ambientales de la biosfera por parte del negocio de la caña de azúcar ha generado tres tipos de conflictos específicos. i) El subsidio asociado al uso del agua por parte del cultivo de la caña de azúcar; ii) El subsidio asociado al uso de las fuentes hídricas como vertedero por parte de la industria azucarera; iii) El subsidio ambiental relacionado con la quema de la caña de azúcar. Que claramente generan impactos en la calidad de las aguas, de la atmósfera y de la comunidad; la compensación (por parte de los ingenios) no abarca la totalidad del gasto ambiental y social.

Las tensiones provocadas por la explotación agroindustrial de la caña de azúcar, que se resume en los llamados “subsidios” genero la reacción de la comunidad, en especial de los corteros de la caña de azúcar, quienes debido a las precarias condiciones laborales desde el año 2003 empezaron a organizarse, fundando el sindicato Sinalcorteros, su principal tarea era modificar el modelo de contratación existente, en el que las cooperativas de trabajo asociado contrataban miles de personas y liberan a los ingenios azucareros de las responsabilidades que con la contratación directa deberían asumir (De los 12.467 corteros registrados por la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia - Asocaña para 2004, 2.735 están contratados directamente por los ingenios, mientras los restantes 9.732 están vinculados por medio de las Cooperativas de Trabajo Asociado - CTA); pero también, evidenciar que con el reciente negocio del biocombustible (etanol) las ganancias no estaban siendo manifestadas en la totalidad de la cadena productiva. Por ello, a mediados del año 2008 iniciaron un cese de actividades que paralizo toda la agroindustria, obligando a que las directivas de los ingenios se sentaran en la mesa y respondieran al pliego de peticiones de los corteros de caña.

A pesar de los acuerdos y compromisos que el gremio azucarero asumió, se sigue presentado en la actualidad los mismos conflictos ambientales y sociales producto del monocultivo de la caña de azúcar. La situación se agrava debido a un hecho que como suele suceder en el territorio colombiano no tiene culpables y las autoridades solo “investigan”, el asesinato de Daniel Aguirre el 27 de abril del 2012, fundador del sindicato de los 'corteros' de caña en el departamento del Valle del Cauca. Si el crimen tiene alguna relación o no, con las evidencias y denuncias del monocultivo de la caña, se encuentra en investigación, pero lo que si queda claro es que las ganancias económicas que genera el monocultivo de la caña no se transmite en la totalidad de quienes hacen parte de la misma cadena productiva, dejando como consecuencia graves pasivos ambientales y sociales para toda la region.

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