Este conflicto comenzó en noviembre de 1995, cuando el dueño de la empresa venezolana de turismo TURISUR se reunió con  líderes Pemón para solicitar su apoyo a la construcción del hotel. A cambio, ofreció financiar sus propias empresas locales de turismo, una escuela comunitaria, un centro de salud local, un centro de formación turística y unos 200 puestos de trabajo en el hotel. Los líderes explicaron que no podían tomar una decisión por su cuenta y que tenían que discutir el proyecto con las comunidades. En enero de 1996 se celebró una asamblea con representantes de todos los pueblos de la Gran Sabana, donde resolvieron unánimemente no aceptar el proyecto, a pesar de la oferta. Razonaron que el hotel vulneraría su derecho a prestar servicios turísticos en el parque y que sentaría un precedente para otras operaciones turísticas. Declararon su posición por escrito y la enviaron a INPARQUES. Sin embargo, pocos meses después, INPARQUES otorgó a la empresa un permiso de construcción. Coincidentemente, la ONG “EcoNatura” e INPARQUES habían planeado en esos días una serie de talleres para evaluar amenazas y conflictos en el PNC. El tema del hotel surgió como principal fuente de tensión entre INPARQUES y los Pemón. De hecho, en uno de estos talleres, 26 líderes y maestros Pemón escribieron otra carta en la que declaraban una vez más su oposición al proyecto. Los Pemón estaban molestos porque INPARQUES había ignorado sus opiniones al emitir el permiso. Dejaron claro que si se construía el hotel, ya no respetarían la autoridad de INPARQUES o las regulaciones del PNC.

Ante la negativa al proyecto de los Pemón, la dirección de INPARQUES convocó a una  reunión a  empresarios y los Pemón, la cual se llevó a cabo el 27 de abril de 1996. Después de una larga discusión sobre las características y los supuestos beneficios potenciales del proyecto, los Pemón mantuvieron su misma posición de rechazo a la construcción. No obstante, la construcción del hotel comenzó poco después, y estalló el conflicto.

Los Pemón se movilizaron hacia Ciudad Bolívar y Caracas para declarar su oposición al proyecto a la prensa regional y nacional así como a organismos gubernamentales (incluyendo la Asamblea Legislativa del Estado Bolívar, la Presidencia de INPARQUES y el Ministerio del Ambiente). Distribuyeron un manifiesto y exigieron que se suspendiera la construcción. También amenazaron con demoler el hotel si no se recibía una respuesta a su demanda. En su manifiesto, los Pemón citaron la Ley Nacional de Turismo, y el Plan de Zonificación donde se debe "incorporar a los pueblos indígenas a la administración y gestión del parque, así como defender y mantener sus valores históricos y culturales” Estas estrategias de lucha visibilizaron el conflicto a escala nacional, y permitió que los Pemón obtuvieran audiencias con altos funcionarios del gobierno. Una de estas tuvo lugar el 15 de mayo de 1996 en el Ministerio de Ambiente entre tres dirigentes Pemón y el Ministro. Durante la misma se acordó que en un período de un mes, el Ministerio de Medio Ambiente tendría los resultados de una auditoría administrativa sobre el proyecto TURISUR. Mientras tanto, la construcción del hotel fue suspendida temporalmente.

Al mismo tiempo, la Comisión de Medio Ambiente del Senado Nacional se activó y evaluó el caso, concluyendo que la construcción del hotel contravino el Plan de Zonificación del parque y por lo tanto era ilegal. De esta forma la Comisión comenzó a presionar al Ministerio de Medio Ambiente, INPARQUES  y al Fiscal General para que se suspendiera definitivamente la construcción. Paralelamente algunas ONG´s ambientales comenzaron a hacer lobby en contra del proyecto escribiendo cartas a INPARQUES y a la prensa regional. Además en alianzas con los Pemón manifestaron públicamente en el mismo lugar donde se había iniciado la construcción del hotel.

A pesar del sesgo del Director de Parques Nacionales en favor de la construcción, hubo una amplia resistencia silenciosa entre sus funcionarios locales y nacionales. Lo vieron como otra fuente potencial de conflicto con los Pemón y como una amenaza a la integridad a largo plazo del PNC. De hecho, idearon diferentes estrategias encubiertas para socavar la decisión de construir el hotel. La Directora Regional, por ejemplo, hizo uso de su relación de trabajo con EcoNatura para aconsejar al Director de Parques Nacionales para que no construyera el hotel. De acuerdo con el Director Regional de INPARQUES, en abril de 1996, EcoNatura escribió una carta al Director de Parques Nacionales, advirtiéndole sobre los riesgos de la construcción del hotel. Sin embargo, el Director de Parques Nacionales no hizo suya la advertencia.

Por otro lado, el personal técnico de la sede de INPARQUES asumió un rol activo aunque silencioso contra el proyecto al filtrar información confidencial sobre el caso a la prensa y a la Comisión de Medio Ambiente del Congreso Nacional.

Como reacción contra la fuerte oposición al hotel, el propietario de TURISUR intentó dividir a los Pemón en fracciones. Finalmente logró ganar Apoyo al proyecto del Presidente de la Unión de Comunidades Indígenas de la Gran Sabana (UCI). Sin embargo, la UCI no es reconocida como una institución representativa por la mayoría de los Pemón establecidos en el Parque Nacional. Asimismo, el presidente de la UCI no había consultado esta decisión con las 16 comunidades Pemón que forman parte de esta organización. Así, casi inmediatamente después de que la UCI hiciera público su apoyo a TURISUR, dos comunidades se retiraron de la organización y 7 jefes de diferentes aldeas enviaron una carta a la Cámara Municipal de Gran Sabana, manifestando su desacuerdo con el Presidente de la UCI. Todo esto invalidó el apoyo local para el proyecto. Sin embargo, el propietario de TURISUR continuó utilizando el apoyo de UCI como una indicación de aceptación local para el proyecto.

En octubre de 1996, el Ministerio de Medio Ambiente hizo pública la auditoría de gestión: los permisos de construcción de INPARQUES se consideraron inválidos por violar el Plan de Zonificación.

El propietario de TURISUR siguió buscando apoyo político para el proyecto durante casi un año más y finalmente lo obtuvo del consejo local  y de algunos miembros del Congreso Nacional. Sin embargo, nunca recibió apoyo de los Pemón que viven en el parque nacional. Así, el proyecto fue finalmente abandonado.

Desde entonces, los Pemón de la Gran Sabana se ha mantenido firmes en su decisión no de dejar a empresas externas establecerse en la zona para la prestación de servicios turísticos. Todos los servicios de restaurant y posadas son manejados por las propias comunidades.