El movimiento objetó el otorgamiento de permisos de construcción, sin el debido estudio de impacto ambiental de por medio. Se argumenta que la Comisión Nacional del Agua (Conagua), manipula los aforos que establecen la capacidad de los acuíferos y construye un discurso oficial de supuesta sobreabundancia del agua [2]. En cambio, un estudio realizado por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos concluye que la construcción del proyecto de la empresa Urbasol, mermaría el abastecimiento de agua de 100 mil habitantes y dejaría sin agua para cultivos a 12 comunidades en los municipios de Zacatepec, Puente de Ixtla y Tlaltizapán [3]. Por otra parte, se discutió que el proyecto habitacional implica el aumento de un 400% la población actual de Tepetzingo, y, por ende, la demanda de servicios básicos, educativos, culturales, de salud, etc. [4].

Las acciones de protesta involucraron la realización de manifestaciones en julio de 2006 y en abril de 2007 para rechazar el proyecto. Paralelamente, se llevaron a cabo acciones jurídicas que lograron resolutivos favorables: el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del estado de Morelos, declaró la nulidad de la licencia de construcción y del dictamen de uso de suelo, resolviendo la detención provisional de los trabajos de las dos mil viviendas [5]. En mayo de ese mismo año, los pueblos acordaron establecer mesas de trabajo con el gobierno estatal con el objeto de tomar acuerdos de manera consensuada. Sin embargo, las pláticas no tuvieron continuidad, mostrando el desinterés del gobernador panista Marco Antonio Adame Castillo [6]. Las obras de construcción fueron detenidas, pero el retiro del gobierno de las negociaciones, significó para el movimiento, una amenaza de uso de la fuerza para favorecer la construcción del conjunto urbano.

El 2 de junio de 2007, más de 500 habitantes bloquearon la carretera Alpuyeca-Jojutla para exigir una audiencia con autoridades gubernamentales y demandar la cancelación definitiva del proyecto [7]. Estas acciones tuvieron entre sus consecuencias, un fuerte enfrentamiento el día 4 de junio en la caseta de cobro Jojutla-Cuernavaca entre los pobladores y la policía [8]. El enfrentamiento llamó la atención y solidaridad de organizaciones nacionales e internacionales, así como de partidos políticos de oposición al PAN.

En septiembre de 2008, se presentó el caso en el Tribunal Latinoamericano del Agua. La resolución responsabilizó a la CEAMA y a la Conagua por haber autorizado permisos para la perforación de pozos sin un estudio completo del balance hídrico de la cuenca y sin tomar en cuenta las necesidades prioritarias de los pueblos asentados en la región [9].

El movimiento de los “13 pueblos” siguió transformándose e incorporó en su lucha otros conflictos latentes en el estado. Esto condujo a que, a finales de julio de 2007, se llevara a cabo el Primer Congreso de los Pueblos de Morelos en Defensa del Agua, la Tierra y el Aire, en el cual participaron más de 700 personas provenientes de 48 comunidades, municipios, pueblos y barrios urbanos de Morelos, acompañados de organizaciones sociales y no gubernamentales. En este encuentro se trabajaron temas como la Defensa del Agua, Urbanización, Autonomía de los Pueblos, Basura, Bosques y Áreas Naturales Protegidas, y Tierra, y se propuso y aprobó la creación de un Consejo de Pueblos de Morelos [2].

En lo que respecta al tema de urbanización, se argumentó que las unidades habitacionales fomentan la inmigración artificial. De acuerdo a datos del INEGI, existen 4.3 millones de casas deshabitadas en el país, que dejan como único beneficiario a las inmobiliarias [3]. Señalaron a su vez, que la urbanización impuesta por las empresas y el gobierno, busca vender ideales de desarrollo y modernización respondiendo a los intereses de los poderosos, a costa de incrementar la miseria de los pueblos y comunidades [10].

Finalmente, el Congreso presentó el “Manifiesto de los pueblos de Morelos”. Éste denuncia que, a través del crecimiento urbano, el turismo depredador, las modernas industrias y la agricultura industrial, “los sucesivos gobiernos de la entidad aplican lo que sabemos es la política general del gobierno federal mexicano: destruir sistemáticamente el campo y los campesinos; absorber en las ciudades o expulsar por la migración a los pueblos originarios, para abrir paso a la apropiación privada de sus recursos naturales y la expansión irracional de las ciudades”. Se acusó al gobierno por calificar sus tierras como “improductivas”, y verlas como fuente de enriquecimiento sin importarles que todavía campesinos e indígenas las cultiven y habiten, despojándolos de lo que se han dedicado toda su vida a cuidar y compartir comunitariamente: el agua, la tierra y el aire [11].

El movimiento continuó con diversas actividades de resistencia y visualización. Tiempo después, las negociaciones dieron como resultado el planteamiento de un Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Tepetzingo-Tetecalita que propuso establecer como área protegida la zona que alberga los manantiales el Salto, el Zapote y el Chihuahuita. En la actualidad, ya se ha determinado como zona protegida el área delimitada por un radio de 100 metros alrededor del manantial Chihuahuita. Los “13 pueblos” puntualizaron que lo que quieren evitar es la llegada de más unidades habitacionales, por lo que piden que la zona de reserva se extienda, además de comprender programas y obras de desarrollo integral [4].

ACTUALIZACIÓN: El 23 de marzo por la noche en el municipio de Juitepec, Morelos, asesinaron al defensor del medio ambiente Isaac Medardo Herrera Avilés [5]. Entre las acciones legales y sociales en las que Herrera Avilés participó está “Lucha de los 13 Pueblos en Defensa del Agua, la Tierra y el Aire”.

Keywords: social housing, urban development, water sources, basic services, protected area