La construcción del proyecto Urrá I se inició en el año 1993. El proyecto obtuvo licencia ambiental del INDERENA, entidad que en ese momento estaba encargada de las competencias a nivel ambiental en el país. El desarrollo de este proyecto requirió la desviación del Río Sinú a la altura de la angostura de Urrá, lo cual se hizo en el año 1996. En 1997 se solicita ante el Ministerio de Ambiente nuevamente licencia ambiental para el llenado del embalse y la operación de la hidroeléctrica, la cual es concedida en 1999. En el año 2000 inicia operación el embalse y por tanto la comercialización de la energía. 

A pesar de que los Indígenas Embera Katío protestaron, los medios de comunicación no prestaron suficiente atención y tampoco los grupos civiles, políticos o legales, de modo que hicieron una protesta más fuerte que llamaron: Do-Wabura Dai Bia Ozhirada, en la cual daban gracias al río. En noviembre de 1994, los indígenas construyeron 42 balsas con las que bajaron por el río 660 de ellos, hombres, mujeres, niños de todas las edades (Giraldo L., 2003). En 1995 se realiza una nueva movilización, en este caso, los indígenas marcharón a Bogotá y llegaron a la Embajada de Suecia haciendo una toma pacífica, dos días después se desplazaron al Ministerio de Ambiente para suscribir un nuevo acuerdo con el Ministerio de Ambiente, el de Minas y Energía, y URRA S.A. (Plan Etnodesarrollo). En 1997 la ONIC denuncia el incumplimiento del acuerdo. 

La propiedad de la hidroeléctrica es de la Nación a través del Ministerio de Minas y Energía con el 97.32% del capital suscrito y pagado. El restante 2.68% está representado por las Cámaras de Comercio de la Costa Atlántica, por los departamentos de la Costa Atlántica, la Alcaldía de Tierralta e inversionistas privados. El desarrollo de este proyecto significó el destierro de la comunidad Embera Katío de la zona. Además también fueron afectadas las actividades productivas de pesca y la extracción de arena de los pobladores. 

El sábado 2 de junio del 2001, tres hombres armados en dos motocicletas, se llevaron al líder indígena de la comunidad Embera Katío Kimy Pernía Domicó. Se lo recuerda por por su voz contra la represa Urrá. En 2007 el jefe paramilitar Salvatore Mancuso dijo que Kimy había sido asesinado, supuestamente por orden de Carlos Castaño, y afirmó que sus restos fueron arrojados al río Sinú [2].

Él decía: 'Desde hace cuarenta años los ingenieros pasaban por nuestros tambos, pero nunca escribieron que fuéramos personas con derechos. Sólo servíamos para sus fotos de turistas. Los Embera no aparecemos en los primeros estudios de 1951 ni en todos los que después se hicieron. En 1977 se declaró la zona de utilidad pública, metiendo nuestro territorio en ella y ni siquiera nos preguntaron. En 1982 hicieron el contrato con la empresa rusa y tampoco nos dijeron nada. Y en 1992 el INDERENA le otorgó la primera licencia ambiental a la Empresa Urrá I y en ninguna parte se menciona nuestra existencia. El país sólo supo de nuestro problema con Urrá I hasta cuando nos manifestamos en noviembre de 1994' (Citado en Vélez H., 2007). 

Aunque se difunde un costo del proyecto cercano a los US $900 millones, el costo que trasladó Urrá a los Embera Katío del Alto Sinú fue aun más grande y desproporcionado: las mejores tierras fueron inundadas, el pescado, la principal fuente de proteína de la población se extinguió, la organización fue desmantelada y el liderazgo asesinado. Todos estos factores y las indemnizaciones particulares, como medio de reparación ordenado por sentencia de la Corte Constitucional (T 652 de 1998) no contribuyeron realmente a la reconstrucción social y económica de este pueblo; por el contrario, desarraigaron y desplazaron a muchas familias hacia las ciudades de Tierralta y Montería (Castrillón y otros, 2008). De acuerdo a URRA S.A. E. S. P., las indemnizaciones que ha recibido la comunidad indígena Embera-Katío, y que eran compromiso de la licencia ambiental han sido: 

1. Sustituto Beneficios Ley 21 de 1991. Durante el año 2009 giro de $105´618.668 basado en los ajustes de los censos realizados por cada sector de la comunidad y distribuido proporcionalmente en la población para un gran total de $3´424.927.413 desembolsados entre el año 2000 y 2008. 

2. Cancelación de mesadas de indemnización. A cada indígena el resguardo y a los niños nacidos a partir del mes de junio de 1999, fecha en la que se iniciaron los pagos: durante el año 2008 se giraron un total de $10.185'442.274, distribuidos así: $3.485'488.020 para beneficiar a 2083 indígenas pertenecientes a los sectores de los ríos Esmeralda y Fracciones del Sinú. $6.699'954.254 que beneficiaron a una población aproximada de 1984 indígenas pertenecientes al sector de Río Verde e Iwagadó. Aquí se incluyen recursos que se les adeudaba a estas comunidades por concepto de sus mesadas de los años anteriores. En total, entre los años 1999 y 2008 se giraron $50.726'224.921 Durante el año 2009 se giraron $2066.625.559 para beneficiar a una población proyectada de 4192 indígenas 

3. Proyectos de seguimiento alimentario. Con base en los acuerdos suscritos el 8 de abril del año 2005 en el marco de la asamblea permanente instalada por los cabildos mayores de río Verde y Sinú, se ejecutan proyectos de seguridad alimentaria como: fomento a la producción agrícola, pecuaria y piscícola, apoyados en un componente de adquisición de tierras para el montaje de estas parcelas y un componente administrativo. En total se aprobaron $7000 millones adicionales para ejecutar en el año 2009 y 2010 [1]. 

Con respecto a los municipios, no han apoyado las denuncias de la comunidad indígena Embera-Katío. Los municipios han recibido de Urrá recursos por Ley 99 de 1993, dado que en su jurisdicción se encuentran las cuencas aportartes al embalse. Los recursos que han recibido entre el año 2000 y 2012 han sido: Tierralta ($20496 millones), Valencia ($342 millones), Ituango ($2011 millones).

La población local, después de 20 años de la activación de la represa y a pesar de las promesas de sus promodores, no cuenta con subministro de electricidad ni con carreteras de acceso al territorio [3] [4]. 

Violencia y asesinatos por las disputas sobre las tierras perdidas por el enbalse siguen después de dos decadas. En enero 2020 líderes sociales fueron asesinados y los crimenes quedan impunes [5].

Summary in English: The construction of the Urra Dam on the Sinu river affected agriculture and livelihoods of Embera Katio indigenous people and seriously harmed fishing in the surrounding areas while causing the flooding of thousands of hectares of land and the deviation of waterways. It consequently provoked a radical change in the water cycle of the region. According to a 2001 study by Censat, although the dam is only able to generate 3 percent of overall Colombian energy (340MW out of 9.800 MW), the project seriously impacts on local communities and the environment. The media claim that Urra is competing with Balbina Dam in Brazil to win the award as the most useless construction.