Defensor incansable del bosque y vocero de la comunidad, José Luis Fernández cuenta [1] que la primera estrategia del gobierno para llevar a cabo la construcción se implantó en 2008, cuando el gobierno estatal introdujo un padrón agrario de comuneros, considerando a la comunidad indígena como si fuese meramente una comunidad agraria. Carla Loyo, la abogada que ha acompañado la lucha legal desde la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), explica que «si el Estado de México reconocía que eran indígenas, sabía que sus obligaciones de protección se tenían que ampliar y si solo era un asunto agrario no».

 Cuando Antonio Reyes hizo saltar la alarma sobre dicho proyecto, la comunidad se reunió en asamblea, forma de organización heredada de sus ancestros en la que todos los miembros de la comunidad participan de forma horizontal, siendo fieles a sus usos y costumbres. En dichas asambleas, la comunidad de Xochicuautla determinó que la autopista no podía pasar por su territorio ni por su Bosque Sagrado. Sin embargo, el gobierno estatal convocó a varias asambleas agrarias a puertas cerradas, como la celebrada de forma ilegal el 14 de agosto de 2011, para dar el sí al paso de la carretera. Para ello crea el padrón de comuneros, de forma que de las seis mil quinientas personas que aproximadamente forman parte de la comunidad, tan solo ochocientas ochenta y dos fueron designadas como comuneros; y de los cuales, solo doce por ciento votó ese día a favor del proyecto. Con la presencia de más de mil doscientos policías antidisturbios que sitiaron la comunidad y el pago de cuarenta mil cuatrocientos diez pesos mexicanos a cada persona que apoyase la construcción de la autopista, el miedo se extendió y el ramillete de personas a las que convencer se fue acotando cada vez más. El tejido social comenzó a resquebrajarse hasta crear una división entre los llamados ‘vende-pueblos’ y los ‘revoltosos’; pero además, las amenazas, el hostigamiento, la intimidación y la tala ilegítima de miles de árboles y el destrozo de los sembradíos, se repite.[1]

En diciembre 2016 se reportaba [3] que la CNDH había establecido los siguientes hechos. Autoridades federales y del Estado de México (Edomex) violaron los derechos de los pobladores indígenas otomíes del pueblo de San Francisco Xochicuautla al imponer, sin consulta previa y sin un adecuado informe de impacto ambiental, una carretera que sería construida por una filial del Grupo Higa, concluyó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la recomendación 56/2016.  En la recomendación dirigida a la secretaria Rosario Robles Berlanga, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu); al secretario Rafael Pacchiano, de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como a Eruviel Ávila Villegas, gobernador del Edomex (estado de Mexico), la CNDH concluyó que el proyecto, que se inició el 5 de diciembre de 2006, se hizo sin “consultar previamente a las comunidades por las que pasaría la autopista”. No sólo eso. La CNDH evidenció que estas autoridades, así como la empresa filial de Grupo Higa, han incumplido acuerdos judiciales, cometido actos de intimidación con el apoyo de la fuerza pública y puesto en marcha nuevas estrategias para continuar con los trabajos de construcción de la carretera, sin cumplir con el derecho de las comunidades indígenas de “ser consultados de manera previa, libre e informada”. Los pobladores en todo este tiempo han denunciado no haber sido tomados en cuenta para decidir sobre el futuro de su comunidad, regida por usos y costumbres; no tomarse en cuenta las afectaciones que el proyecto traería a la flora y fauna de la región y el hecho de que el pueblo quedaría partido en dos por el paso de la carretera, provocando a su vez que se perdiera el vínculo que tienen con el bosque y de lo que ahí obtienen, como madera, hongos, y otros alimentos.[3]. 

Aforo esperado: 30,000 vehículos diarios.

En 2017 hacia ya 10 años que la empresa Autovan (filial de Grupo Higa) empezó a construir la autopista de cuota para unir las ciudades de Toluca y Naucalpan, la cual pasa por terrenos comunales y afecta parte del llamado Bosque de Agua. La compañía inició las obras sin consultar al pueblo, lo cual generó una protesta que las autoridades estatales trataron de acallar mediante amenazas, hostigamiento y la detención injustificada de 22 personas, quienes recuperaron la libertad por falta de pruebas. Según los pobladores (comunitarios e indígenas), dicha autopista divide el territorio de la comunidad y afectaría el libre tránsito de personas y fauna hacia la parte alta de la montaña, además de obstruir los escurrimientos de agua que abastecen a toda esta zona, e incluso a Toluca y la Ciudad de México. La carretera afecta áreas consideradas sagradas. [2]

El proyecto Autopista Naucalpan–Toluca tiene una longitud de 39.3 kilómetros compuesta por dos segmentos, 34.8 km de carretera de cuota que conecta a Naucalpan con el Libramiento Toluca en la zona Este de la ciudad y 4.5 km que conectan el libramiento a Toluca con el bulevar Aeropuerto, acceso principal al Aeropuerto de Toluca.

La autopista Toluca-Naucalpan es una concesión otorgada por la Secretaría de Comunicaciones del Estado de México para la construcción, explotación, operación, administración, conservación y mantenimiento de dicha carretera en un plazo de 30 años. La concesión fue otorgada a Autopistas de Vanguardia (Autovan).

Según datos oficiales, la construcción de la autopista destruirá directamente 600 mil metros cuadrados del Bosque Otomí-Mexica, también conocido como Gran Bosque de Agua. La autopista planea pasar entre las Ciénegas de Chignahuapan y Chimaliapan, dos lagunas pertenecientes a las Ciénegas de Lerma, área natural protegida de forma estatal, federal e internacional, cortando el paso tanto de agua, como de cientos de aves que transitan diariamente entre una laguna y otra. Considerado como un lugar sagrado por los pueblos indígenas ñañhú, ñuhú, mazahua y otomí, las principales comunidades indígenas afectadas por el proyecto carretero son San Lorenzo Huitzizilapan, San Francisco Xochicuautla y Santa Cruz Ayotuxco.[4].