| ‘¡Xochicuautla no se vende, se ama y se defiende!’ se ha convertido en la consigna de su lucha. Y es que la comunidad indígena otomí ñhatho de San Francisco Xochicuautla (en adelante Xochicuautla) lleva en 2017 una década envuelta en una disputa legal con el gobierno estatal porque no están dispuestos a que corten las venas de su Bosque Sagrado del Agua para construir una autopista de cuota que conecta las ciudades de Toluca y Naucalpan, en el Estado de México.[1]. Un día cualquiera de 2007, mientras trabajaba sus tierras, Antonio Reyes, miembro del Consejo Supremo Indígena de Xochicuautla, se dio cuenta de que un grupo de trabajadores hacían estudios topográficos en sus cultivos. Al preguntar a qué se debía su presencia, le comunicaron que Enrique Peña Nieto, por aquel entonces gobernador del Estado de México, había autorizado la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan. De esta forma la comunidad tuvo noticias del proyecto que se pretendía trazar por su territorio y no mediante la debida consulta previa, libre e informada como marcan la Constitución mexicana y los estándares internacionales.[1]. La comunidad continúa inmersa en una lucha jurídica como pueblo originario con ocho amparos en materia de derechos humanos e indígenas a su favor, cuatro de los cuales con suspensión definitiva del proyecto carretero. Además, la comunidad ha emprendido un proceso de diálogo para examinar cómo podría desarrollarse el proyecto, que no solamente afecta a Xochicuautla, sino también a comunidades como Santa Cruz Ayotuzco y San Lorenzo Huitzizilapan, afectando lo menos posible al ecosistema y a las dinámicas culturales de la región. Asimismo, tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitieron medidas cautelares, mientras que, de acuerdo con las quejas que la comunidad interpuso, la CNDH emitió en 2016 una recomendación [3] que reconoce las violaciones cometidas contra sus derechos humanos y derechos indígenas, tal y como ellos documentaron. “No somos una comunidad agraria, somos una comunidad indígena" See moreDefensor incansable del bosque y vocero de la comunidad, José Luis Fernández cuenta [1] que la primera estrategia del gobierno para llevar a cabo la construcción se implantó en 2008, cuando el gobierno estatal introdujo un padrón agrario de comuneros, considerando a la comunidad indígena como si fuese meramente una comunidad agraria. Carla Loyo, la abogada que ha acompañado la lucha legal desde la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), explica que «si el Estado de México reconocía que eran indígenas, sabía que sus obligaciones de protección se tenían que ampliar y si solo era un asunto agrario no». Cuando Antonio Reyes hizo saltar la alarma sobre dicho proyecto, la comunidad se reunió en asamblea, forma de organización heredada de sus ancestros en la que todos los miembros de la comunidad participan de forma horizontal, siendo fieles a sus usos y costumbres. En dichas asambleas, la comunidad de Xochicuautla determinó que la autopista no podía pasar por su territorio ni por su Bosque Sagrado. Sin embargo, el gobierno estatal convocó a varias asambleas agrarias a puertas cerradas, como la celebrada de forma ilegal el 14 de agosto de 2011, para dar el sí al paso de la carretera. Para ello crea el padrón de comuneros, de forma que de las seis mil quinientas personas que aproximadamente forman parte de la comunidad, tan solo ochocientas ochenta y dos fueron designadas como comuneros; y de los cuales, solo doce por ciento votó ese día a favor del proyecto. Con la presencia de más de mil doscientos policías antidisturbios que sitiaron la comunidad y el pago de cuarenta mil cuatrocientos diez pesos mexicanos a cada persona que apoyase la construcción de la autopista, el miedo se extendió y el ramillete de personas a las que convencer se fue acotando cada vez más. El tejido social comenzó a resquebrajarse hasta crear una división entre los llamados ‘vende-pueblos’ y los ‘revoltosos’; pero además, las amenazas, el hostigamiento, la intimidación y la tala ilegítima de miles de árboles y el destrozo de los sembradíos, se repite.[1] En diciembre 2016 se reportaba [3] que la CNDH había establecido los siguientes hechos. Autoridades federales y del Estado de México (Edomex) violaron los derechos de los pobladores indígenas otomíes del pueblo de San Francisco Xochicuautla al imponer, sin consulta previa y sin un adecuado informe de impacto ambiental, una carretera que sería construida por una filial del Grupo Higa, concluyó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la recomendación 56/2016. En la recomendación dirigida a la secretaria Rosario Robles Berlanga, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu); al secretario Rafael Pacchiano, de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como a Eruviel Ávila Villegas, gobernador del Edomex (estado de Mexico), la CNDH concluyó que el proyecto, que se inició el 5 de diciembre de 2006, se hizo sin “consultar previamente a las comunidades por las que pasaría la autopista”. No sólo eso. La CNDH evidenció que estas autoridades, así como la empresa filial de Grupo Higa, han incumplido acuerdos judiciales, cometido actos de intimidación con el apoyo de la fuerza pública y puesto en marcha nuevas estrategias para continuar con los trabajos de construcción de la carretera, sin cumplir con el derecho de las comunidades indígenas de “ser consultados de manera previa, libre e informada”. Los pobladores en todo este tiempo han denunciado no haber sido tomados en cuenta para decidir sobre el futuro de su comunidad, regida por usos y costumbres; no tomarse en cuenta las afectaciones que el proyecto traería a la flora y fauna de la región y el hecho de que el pueblo quedaría partido en dos por el paso de la carretera, provocando a su vez que se perdiera el vínculo que tienen con el bosque y de lo que ahí obtienen, como madera, hongos, y otros alimentos.[3]. (See less) |