El conflicto se desarrolla en virtud de la instalación de un “polo de desarrollo industrial” durante los años cincuenta en la zona. En ese entonces, esta inversión fue catalogada como un factor de progreso y desarrollo para el país, ya que permitiría completar el ciclo del cobre mediante la refinación del metal extraído de las minas ubicadas en el interior de la región [2].

La nacionalización del cobre demandó el aumento de la capacidad de la refinería y fundición, expandiéndose a lo largo de la bahía (referencia). Las localidades propuestas para el nuevo emplazamiento fabril fueron, entre otras, Papudo y Ventanas, presentándose desde un comienzo una fuerte oposición por parte de los agricultores de Papudo a la instalación de la industria en su territorio [2].

"La topografía y las condiciones atmosféricas de Las Ventanas disminuyen los posibles malos efectos de prolongados periodos de contaminación atmosférica sobre la salud pública y permiten la expansión de las fundiciones y el 75 agregado de industrias anexas."(Middleton y Mallette, citados por El Mercurio de Valparaíso, julio 15 de 1957 [3].

Este hecho marcó el tímido inicio de las movilizaciones locales, debido a la contaminación causada por esta actividad en la agricultura y la pesca artesanal, además de la salud humana de las comunidades de la zona. No obstante, en el regreso de la democracia, post dictadura militar, se identificó un auge de las movilizaciones de las comunidades afectadas, demandando una normativa ambiental apropiada y un plan de desarrollo alternativo. La respuesta del gobierno de turno fue la creación de la Comisión Nacional del Ambiente (CONAMA) y, localmente, el Plan de Descontaminación de Ventanas que contemplaba la reducción de las emisiones de la Refinería y Fundición de Cobre, además de la termoeléctrica. Esto fue reforzado con la declaratoria de Ventanas como “zona saturada por anhídrido sulfuroso y material particulado al área circundante al complejo industrial Ventanas, V región” (1993), identificando a esta zona como prioritaria en materia ambiental [4].

Pese al optimismo de las mejoras tecnológicas de CODELCO, la refinería y fundición de cobre, además de la emergente institucionalidad ambiental en la vuelta a la democracia, se vislumbra una profunda desconfianza de las comunidades locales respecto a los gobiernos, debido a la persistencia de la contaminación y el agravamiento de las enfermedades. Esto se agudiza con la industrialización de la bahía de Quintero en los años 2000, instalándose alrededor de diez industrias: siete de índole peligrosa y tres de carácter contaminante [5].

Debido a que el plan de descontaminación no previó la expansión industrial, la contaminación aumentó paulatinamente. En este sentido, la planificación de este territorio es una de las variables más cuestionadas por los habitantes de la bahía, puesto que el Plan regulador intercomunal de Valparaíso, realizado en 1965, declaró a la zona como riesgosa para el asentamiento humano, prohibiendo la construcción de viviendas e infraestructuras industriales. Pese a estos antecedentes, el Plan de Descontaminación no ha sido actualizado a las nuevas condiciones ambientales de la zona, configurándola como una "zona de sacrificio" del desarrollo chileno, donde aún habita mucha población. Actualmente, el material procesado en este complejo proviene de la División Andina de CODELCO, Angloamerican Sur, Los Pelambres y Valle Central, refinando y fundiendo cobre, oro y plata [5].

La población local mantenía una producción agrícola basaba en leguminosas y hortalizas, además del pastoreo de ganado principalmente bovino y ovino. La zona era también un importante balneario de turismo nacional  Pese a esta vocación como balneario y centro de producción agropecuaria, tras la instalación de la fundición de cobre, las localidades de Quintero y Ventana se consagran en el Plan Regulador Intercomunal de Valparaíso como localidades industriales, tras la definición en ellas de zonas industriales molestas y peligrosas [2].

A este historial de conflictos se hace más visible aún a nivel nacional, con los permanentes casos de enfermedades e intoxicaciones de los niños de la Escuela Básica La Greda, en el área del proyecto: "las convulsiones y desmayos de 33 niños y 9 profesores conmocionan al país." (Diario La Tercera, 2011) La medida estatal, fue la de obligar a la empresa a construir un nuevo establecimiento más lejos de las industrias [6].

En 2018 CODEFF, en conjunto a otras siete organizaciones ambientales representadas legalmente por ONG FIMA, presentaron un recurso de protección en favor de los habitantes afectados por la contaminación de la zona, debido a que la inacción gubernamental vulnera los derechos constitucionales sobre la conservación del Medio Ambiente [7].

En febrero del año 2020 se registra un último hito de contaminación ambiental por carbón en la plata Ventanas, notificando a la empresa AES GENER y Puerto Ventana para que se hiciera cargo del retiro del material. La presidenta de Mujeres en Zona de Sacrificio señaló que se han cuadruplicado los episodios de varamiento de carbón desde la instalación de la termoeléctrica Campiche, acumulando cerca de 190 eventos durante el 2019 [8].