El proyecto consiste en una central hidroeléctrica de 90 MW de potencia instalada que intervendría el Río Biobío en el sector Rucalhue, emplazándose en los municipios de Santa Bárbara y Quilaco en la Región del Biobío, en pleno territorio indígena mapuche pewenche. El proyecto contempla el cierre del cauce del río por medio de una barrera móvil y un muro fijo de hormigón que cumpliría la función de presa para permitir que el agua pase por tres turbinas de generación de energía eléctrica. 

El Río Biobío se caracteriza por estar intervenido por proyectos de generación de energía hidroeléctrica. En el mismo río se encuentran instalados otros tres grandes proyectos: Central Ralco (690 MW), Pangue (456 MW) y Angostura (323,8 MW). Rucalhue sería la cuarta central en potencia instalada, sin embargo, otros múltiples proyectos de menor potencia se encuentran instalados en el Biobío y además de las hidroeléctricas, coexisten otras diversas actividades extractivas en la cuenca, como el negocio forestal, la piscicultura y extracción de arena en el río.

La empresa que trabaja localmente el proyecto es Rucalhue Energía y aunque el Estudio de Impacto Ambiental [1] lo presentó inicialmente la empresa ATIAIA Energía Chile SpA de capitales brasileños, posteriormente China International Water and Electric Corporation se convirtió en operadora, quien responde a China Three Gorges Corporation. El 2016 se declara la Resolución de Calificación Ambiental [2] como favorable y aunque ya se evidenciaban grupos en oposición al proyecto en ese momento, dicha oposición se hace aún más evidente cuando la empresa inicia trabajos en el territorio y se instala un campamento de protesta en el lugar, en el 2021 [3]. 

En principio, los informes oficiales no dan cuenta de los daños acumulados y sinérgicos que conlleva la instalación de un nuevo proyecto. Uno de los aspectos cuestionados es que el titular informa consecuencias en un tramo limitado del río, invisibilizando daños en la cuenca a propósito de dichas actividades extractivas múltiples. Asimismo, el EIA no considera la fragmentación del ecosistema fluvial, que conlleva a que especies como los bagres nativos estén en peligro o que la Carmelita de la Concepción ha desaparecido entre el tramo en que se ubican las centrales Pangue y Ralco [4]. Pero, el resultado que se espera de la sobreintervención no solo afecta la biodiversidad del río, sino también la vegetación y bosque nativo.

A mayo de 2022 el proyecto se encuentra paralizado momentáneamente por tala indebida de árboles nativos [5], en el marco de que la empresa busca que el proyecto sea declarado de interés nacional con el fin de evitar dichos obstáculos para el avance del proyecto. Sin embargo, se mantiene la resolución de calificación ambiental favorable, y a pesar de que se han interpuesto recursos de protección  por parte de las municipalidades de Santa Bárbara y Quilaco, finalmente han sido rechazados por la Corte de Concepción [6] [7]. Cabe mencionar que los recursos tienen estrecha relación con el activismo de vecinas y vecinos, y la presión sobre los municipios. 

Habitantes de la zona también reclaman el uso comunitario del sector afectado para uso recreativo, alterando dinámicas sociales y culturales de la comunidad, así como de las propias comunidades indígenas del sector que fueron consultadas mediante cumplimiento del Convenio OIT 169. La consulta indígena ha dejado en evidencia que dicha instancia al no ser vinculante no asegura que las comunidades indígenas hagan valer sus derechos sobre el territorio y sus recursos. Por ello, ante la incapacidad de la consulta de asegurar derechos, esta se presentó como instancia de negociación que favoreció al titular a pesar de la negativa férrea especialmente de la comunidad mapuche Kudawbe Che [2]. También, la oposición guarda relación con el potencial daño de sitios históricos y arqueológicos. 

Cabe mencionar, que una de las medidas compensatorias para las y los habitantes del territorio ha sido ofrecer puestos de trabajo. Sin embargo, el titular, declara que en promedio se requerirían 495 personas trabajadoras en fase de construcción, 17 en operación y 30 en fase de cierre. De aquellos puestos de trabajo, se indica que un 30% de los empleos generados serían para vecinas y vecinos del sector, lo cual significa un promedio de solo 5 personas en fase de operación.

Como métodos de resistencia en el territorio se ha instalado un campamento de protesta, además se han llevado a cabo múltiples actividades culturales, concentraciones, marchas, bajadas en kayak por el río, consultas ciudadanas, activismo por redes sociales, entre otras acciones [8] [9]. Destaca la resistencia de jóvenes del grupo Semillas de Lirquén y el establecimiento de nexos con otras organizaciones del país, solidarizando con distintas luchas y además con organizaciones internacionales como el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA), quien ha emitido un informe sobre violaciones a derechos humanos por parte de empresas chinas en América Latina, en el que se incluye el caso Rucalhue [10]. Sin embargo, por la contraparte se han llevado a cabo acciones de amedrentamiento, detenciones y de criminalización de la protesta mediante querellas contra manifestantes que se mantienen en resistencia [11] [12] [13]. 

La potencia instalada del proyecto es de 90 MW y la energía generada por el proyecto viajaría a través de una línea de alta tensión de 1,5 km para conectar con el Sistema Interconectado Central (SIC). Se estima una vida útil del proyecto de más de 100 años.

"La organización Semillas de Lirquén de Rucalhue se ha visto en la obligación de realizar un campamento en el terreno donde se pretende construir la Central Hidroeléctrica Rucalhue en la cordillera del Biobío, justo en la intersección del cruce a Los Junquillos. Dicho campamento pretende frenar las obras de la represa e informar a la ciudadanía sobre la magnitud de la destrucción que pretende llevar a cabo la empresa." [14].