Historia: El impulso al turismo como política pública para el ‘desarrollo’ de regiones enteras de México, tuvo su inicio en el sexenio de Miguel Alemán Velasco (1946-1952) quien, desde la denominada “Declaración Turística” o “Carta Turística” surgida a fines de su campaña presidencial, concibió al turismo como factor clave para desarrollar muchas zonas del país, elevar los ingresos de sus habitantes, estimular otras actividades económicas y dar vida a las regiones productivas. Durante este periodo se promulgó la primera Ley Federal de Turismo (1949) que estableció las primeras bases jurídico-institucionales del turismo en México: en ese mismo año se instituyó la Comisión Nacional de Turismo; en 1957 el Fideicomiso de Crédito (Fogatur), encargado de impulsar la infraestructura turística, y en 1958 el Departamento Autónomo de Turismo, el cual se convirtió en la Dirección General de Turismo. A través de estas instituciones y leyes se fue impulsando el turismo en lugares como Acapulco, Manzanillo, Mazatlán, Puerto Vallarta, Cabo San Lucas, Cozumel, Isla Mujeres, Veracruz y Mérida. Todos estos lugares determinaron su posterior desarrollo económico y estructura urbana al definir su organización espacial como polos turísticos. Con la intención de diversificar la oferta de centros costeros y desarrollar las regiones de los litorales mexicanos, más específicamente las playas “vírgenes” de distintos estados, el gobierno federal solicitó y obtuvo créditos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. En este marco, se identificaron los enclaves de Huatulco (Oaxaca) y Cancún (Quintana Roo) como opciones para desarrollar proyectos turísticos. Surgieron de esta forma, en distintos periodos, los CIP Cancún e Ixtapa (Guerrero) en 1974, Los Cabos y Loreto (Baja California Sur) en 1976, y Huatulco en 1984. Desde 1974, FONATUR es la instancia encargada de impulsar la política turística mexicana, en una abierta vinculación con las principales cadenas nacionales e internacionales del sector. Es el instrumento del gobierno federal para forzar el desarrollo de la actividad turística. Utiliza la fuerza del Estado (abogados , ejército, Secretarías, policías estatales y municipales, etc.) a fin de legitimar procesos de despojo y cambios de uso de suelo. [1] [2]. El CIP Bahías de Huatulco En 1980 comenzó la planeación y desarrollo del Centro Integralmente Planeado Huatulco, considerando entre sus objetivos: "Fortalecer su imagen como destino sustentable de reconocimiento internacional" y "Potenciar el turismo ecológico para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales"[5]. El proyecto contemplaba un total de 20,972 ha. distribuidas: 6.35% de zona turística, 3.45% de zona urbana y 90.19% de superficie supuestamente destinada a la conservación ecológica, incluyendo nueve bahías, el Área Natural Protegida "Parque Nacional Huatulco" y paisajes de montañas, valles y laderas irrigadas por los ríos Coyula, San Agustín y Copalita [5]. Mediante un decreto presidencial del 29 de mayo de 1984, se realizó la expropiación de 21,163 ha. al municipio de Santa María Huatulco (de una superficie total del territorio de 51, 511 ha) [3][4]. Los pobladores se opusieron a la expropiación de las tierras y al avance de las obras de infraestructura dado que las áreas elegidas eran agrícolas o de pesca [3] [4]. Con esto inició una transformación espacial de gran importancia de la región: la apertura de calles, red de alcantarillado y agua potable, el revestimiento de los cauces de los ríos que se encontraban en el área expropiada, la desecación de los manglares de Santa Cruz y Chahuéy [1][2]. Se pretendió vedar las aguas del río Copalita para reservarlas a las necesidades turísticas y municipales. Se perforaron 43 pozos para extraer 1,130 litros de agua por segundo. Se construyeron ocho norias de extracción de agua para alimentar los 1,310 cuartos de hotel que funcionaban plenamente en 1990 y para los 2,041 cuartos en 1997. Entre protestas y resistencia de los comuneros por la expropiación, se impuso la construcción de estos nuevos espacios. Todo el desarrollo de la infraestructura se llevó a cabo entre conflictos legales y movilizaciones de protesta de las poblaciones lugareñas pertenecientes a la comunidad de Santa María Huatulco [3] [4]. Se promovió un juicio de amparo por la afectación de la expropiación de tierras y por la construcción de las obras del complejo en la comunidad, el cual no prosperó, varios pobladores se negaron a salir del área afectada; las comunidades de La Crucecita y Bajos de Coyula también apelaron tanto a la vía jurídica como a las movilizaciones [1] [2]. Se exigía un pago de $224,000.00 a la comunidad como indemnización, así como $202,000.00 por los bienes distintos a la tierra; la dotación de una infraestructura de riego para destinarse a proyectos agropecuarios, 300 ha. en Bajos de Coyula y 200 en Bajos del Arenal; la titulación de un lote de 400 metros cuadrados urbanizados y 200 más sin urbanizar [3] [5]. Pero, ¨Cuando llegó el Fonatur a expropiar las tierras y ofrecer dinero como pago de la indemnización, proponían alguna cantidad, pero como la gente en su mayoría no sabía leer ni escribir pues en el papel se les colocaba otra cantidad, es decir, la dependencia federal terminó decidiendo qué precio tenían los terrenos. Según sus funcionarios, nosotros, como hijos de comuneros, tendríamos preferencia para comprar terrenos en el área expropiada… más eso nunca ocurrió, no tuvimos beneficio alguno […]; además, la gente ya no reclamó pues la muerte de Alfredo Lavariega les dio miedo¨ [3] [5]. El síndico Alfredo Lavariega Avelino, líder de la cooperativa de lancheros de Huatulco, Oaxaca, en ese entonces afiliado al Partido de la Revolución Democrática (PRD), fue encontrado muerto el 4 de noviembre de 1989 en el restaurante de su propiedad en lo que ahora es la zona más importante del centro turístico de Bahías de Huatulco, la playa de La Crucecita.[6] Fonatur realizó ‘acuerdos’ con la Presidencia Municipal y el Comisariado de Bienes Comunales, para concretar la realización del proyecto del centro turístico [1] [2]. Por otra parte también hubo afectación en la Cuenca del Rio Cacaluta, la parte baja de planicie junto al mar pertenece a FONATUR (expropiación del 28 de mayo 1984) mientras que la parte alta y de montaña son de bienes comunales. Aparentemente, hubo indemnización (las personas no sabían leer, ni escribir) y desplazamiento forzado de aproximadamente 2,500 personas de los poblados de Copalita, Xuchitl, Huatulco, Cacaluta. Desde entonces se han presentado una serie de conflictos de naturaleza compleja: comuneros vs FONATUR, Instituto Nacional Electoral, partidos politicos; así como comuneros vs comuneros [3] [4]. Diversos estudios han mostrado que la imposición del turismo generó un cambio de vida de los residentes al pasar de una zona rural dedicada primordialmente a las actividades primarias de autoconsumo (pesca, agricultura y caza) a otra ligada con una diversidad de actividades orientadas al sector servicios, lo cual incrementó la demanda de servicios básicos, principalmente de la vivienda. Asimismo, ocasionó la reubicación de los habitantes originarios de las localidades costeras y generó una nueva dinámica socioeconómica: abandono de actividades tradicionales, crecimiento poblacional, inmigración. En suma, se considera que con el despojo de las tierras, surgieron nuevas desigualdades y otras se fortalecieron [1] [2]. Por otra parte, la expropiación y la planificación de Bahías de Huatulco dio lugar a una fragmentación del territorio, generando espacios diferenciados: zonas residenciales destinadas para la población de mayores ingresos y aquellos sectores de la periferia con servicios básicos deficientes, donde viven quienes sostienen la actividad turística [3][4]. Más de dos décadas después de iniciado el megaproyecto, el entorno social de la zona continuaba en permanente conflicto, prevalecían altos niveles de pobreza y marginación, y se presentaba un rápido incremento de la inseguridad por la expansión del crimen organizado [5]. Además, se registraba un acelerado proceso de depredación de los bienes de la naturaleza, así como la pérdida de saberes tradicionales asociados a ellos. Tal es el caso de la sobre explotación del caracol púrpura, entre otros [7]. El 25 de marzo de 2008, el gobierno federal de México anunció un plan de Relanzamiento de Huatulco con la participación de diversas instituciones públicas y privadas, que ha generado nuevos conflictos en la región. |
Name of conflict: | Desarrollo turístico Bahías de Huatulco y despojo de tierras comunales en Oaxaca, México |
Country: | Mexico |
State or province: | Oaxaca |
Location of conflict: | Santa María Huatulco |
Accuracy of location | MEDIUM (Regional level) |
Type of conflict. 1st level: | Tourism Recreation |
Type of conflict. 2nd level: | Water access rights and entitlements Tourism facilities (ski resorts, hotels, marinas) Deforestation Other industries Establishment of reserves/national parks Land acquisition conflicts Pollution related to transport (spills, dust, emissions) |
Specific commodities: | Land Live Animals Ecosystem Services Tourism services |
Project details | EL CIP Huatulco se encuentra en la costa sur del Pacifico Mexicano a 277 Km de la Cd. de Oaxaca y a 763 Km de la Cd de México. En él se encuentra el Parque Nacional Huatulco, declarado ANP. En su planeación inicial, el centro abarcaba 20 972 ha, 6.35% de ellas destinadas a la zona turística, 3.45% a la zona urbana y 90.19% reservadas para la conservación ecológica, incluyendo nueve bahías, el parque nacional y diversos paisajes de montañas, valles y laderas irrigadas por los ríos Coyula, San Agustín y Copalita [5]. |
Project area: | 21,163 |
Level of Investment for the conflictive project | 20 millones USD fue el costo total del CIP estimado por el BID en 1970 |
Type of population | Rural |
Affected Population: | Más de 10,000 personas |
Start of the conflict: | 29/05/1984 |
Company names or state enterprises: | FONATUR from Mexico |
Relevant government actors: | Fonatur Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito (Nafinsa) Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (antecedente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) Poder Judicial Gobierno del estado de Oaxaca Gobierno Municipal de Santa María Huatulco |
International and Finance Institutions | Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (BID ) from United States of America |
Environmental justice organizations (and other supporters) and their websites, if available: | Comuneros y pobladores |
Intensity | MEDIUM (street protests, visible mobilization) |
Reaction stage | In REACTION to the implementation (during construction or operation) |
Groups mobilizing: | Farmers Indigenous groups or traditional communities Local government/political parties Neighbours/citizens/communities Women Local scientists/professionals Religious groups Fisher people |
Forms of mobilization: | Blockades Community-based participative research (popular epidemiology studies, etc..) Development of a network/collective action Lawsuits, court cases, judicial activism Media based activism/alternative media Street protest/marches |
Environmental Impacts | Visible: Air pollution, Biodiversity loss (wildlife, agro-diversity), Desertification/Drought, Genetic contamination, Global warming, Loss of landscape/aesthetic degradation, Soil contamination, Waste overflow, Surface water pollution / Decreasing water (physico-chemical, biological) quality, Groundwater pollution or depletion, Large-scale disturbance of hydro and geological systems Potential: Deforestation and loss of vegetation cover |
Health Impacts | Visible: Violence related health impacts (homicides, rape, etc..), Infectious diseases, Deaths Potential: Mental problems including stress, depression and suicide, Health problems related to alcoholism, prostitution, Occupational disease and accidents |
Socio-economical Impacts | Visible: Displacement, Increase in violence and crime, Loss of livelihood, Loss of traditional knowledge/practices/cultures, Militarization and increased police presence, Land dispossession, Loss of landscape/sense of place Potential: Increase in Corruption/Co-optation of different actors, Lack of work security, labour absenteeism, firings, unemployment, Social problems (alcoholism, prostitution, etc..), Specific impacts on women, Violations of human rights |
Project Status | In operation |
Conflict outcome / response: | Corruption Deaths, Assassinations, Murders Court decision (failure for environmental justice) Migration/displacement Repression |
Do you consider this an environmental justice success? Was environmental justice served?: | No |
Briefly explain: | The protests from the local inhabitants failed to stop the development of the projects. Compensation was scarce, there was forced displacement. |
Juridical relevant texts related to the conflict (laws, legislations, EIAs, etc) |
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References to published books, academic articles, movies or published documentaries |
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Other documents |
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Contributor: | Juan Ricardo Cruz Aviña y Aida Luz López (GIIEP-UACM) [email protected] |
Last update | 20/09/2022 |
Conflict ID: | 6087 |
Images |
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Conmemoración de los 481 años de la Titulación del Pueblo de Santa María Huatulco
Foto: El Imparcial de Oaxaca, 8 de enero 2020
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Reorganización del espacio litoral en Huatulco
Fuente: [8]
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Llegada de cruceros a Huatulco tras la pandemia del Covid 19
Foto: El Imparcial de Oaxaca, enero 2021
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